El 21 de febrero de 2023, la administración Biden propuso una norma para penalizar a los solicitantes de asilo que crucen la frontera de manera irregular. Según la nueva medida, el asilo será denegado en la frontera a quienes lo soliciten sin tener una cita aprobada para solicitarlo. Si no tienen cita, tienen que mostrar que han solicitado el asilo en alguno de los países por los que transitaron y les haya sido negado. La Casa Blanca ha intentado justificar su decisión refiriéndose a esta como una disposición de carácter temporal, pero esa aseveración es especialmente engañosa. Es poco probable que si la norma sobrevive a las impugnaciones judiciales, las administraciones futuras se atrevan a levantarla y pagar el costo político.
El anuncio de la norma se enfrentó a la indignación de miembros del Congreso y de las organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos de las personas migrantes que han instado al presidente Biden a dar marcha atrás en las restricciones y obstáculos al asilo establecidos por el anterior presidente Trump. Los grupos se manifestaron frente a la Casa Blanca el 23 de febrero de 2023 denunciando la norma propuesta. 'Las personas que huyen de la persecución tienen el derecho legal y moral de solicitar asilo en nuestra frontera, sin importar cómo lleguen aquí', dijo Kate Jastram, Directora de Políticas e Incidencia del Centro de Estudios de Género y Refugiados. La norma, asegura, es una afrenta a los tratados a los que está suscrito Estados Unidos y a la larga tradición de este país de acoger refugiados. 'Es absolutamente vergonzoso que, una vez más, la administración Biden esté volviendo al libro de jugadas de Trump y anteponiendo la conveniencia política a las vidas humanas', sentenció.
La administración Biden está llanamente preocupada por el incremento de los cruces fronterizos que podría ocurrir con el próximo levantamiento de la Orden Fronteriza del Título 42 que tendrá lugar el 11 de mayo de 2023. El Título 42 ha permitido al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. (CBP) denegar la entrada en Estados Unidos a los solicitantes de asilo con el pretexto de la pandemia por covid-19. La duración de dos años de la nueva medida es evidentemente una estrategia programada para intentar disminuir la entrada de personas migrantes y solicitantes de asilo antes de las elecciones presidenciales de 2024.
En su defensa, la Casa Blanca argumenta que la norma viene acompañada de mayores oportunidades de vías legales, como la disponibilidad de una nueva aplicación (CBP One) para tratar de programar una cita de asilo y las promesas de cupos de entrada para la libertad condicional humanitaria (humanitarian parole) de dos años para un total de 30 000 haitianos, venezolanos, nicaragüenses y cubanos cada mes.
Sin embargo, defensores del asilo como Welcome with Dignity la calificaron, con razón, como una medida de 'prohibición de asilo'. La nueva norma obligaría a los solicitantes de asilo quienes no tienen una cita a pedir el asilo primero en un país que está en el camino, que son países con sistemas de asilo débiles, como México, o los que de manera práctica ni son funcionales, como Guatemala, Honduras y El Salvador. También obliga a los solicitantes de asilo a esperar en terrenos peligrosos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, en Centroamérica o en los mismos países de los que pretenden huir. Además, si a una persona le es negado el asilo en uno de estos países, esto puede afectar negativamente su aplicación para el asilo en los EE.UU. De esta manera, la administración Biden se lava las manos en las políticas del resto de países del sur global.
Aunque los haitianos, venezolanos, nicaragüenses y cubanos tienen un mayor acceso a la libertad condicional humanitaria, necesitarán tener a alguien que los patrocine en Estados Unidos, disponer de dinero para el billete de avión, tener un pasaporte y tiempo suficiente para esperar, tras lo cual podrán volar a Estados Unidos con un estatus de libertad condicional humanitaria de dos años que les permita trabajar. Además, esta lista de países prioritarios deja notablemente fuera a países como Guatemala, donde la toma corrupta del gobierno y de las instituciones judiciales está obligando a huir al personal judicial, a las personas indígenas y a los defensores de derechos humanos.
Tomando en cuenta que la mayoría de personas que llegan hasta la frontera para solicitar asilo huyen de contextos sumamente vulnerables y de pobreza, el procedimiento que entrará en vigencia con esta medida es sumamente discriminatorio. Para utilizar CPB One y concertar una cita con el fin de iniciar la primera fase de la investigación para la concesión de asilo, las personas necesitan un smartphone, deben hablar inglés, español o kreyol, deben ser capaces de navegar por los mensajes de error en inglés y tendrán que tener una conexión a internet estable y fija para seguir intentándolo día tras día para acceder a una cita, ya que las plazas se llenan y son muchas menos de las necesarias. Si no tienen una cita aprobada y no han aplicado y han sido negado a acceder al asilo en otro país, pueden solicitar una excepción a estas reglas –pero esto será juzgado por un estándar más difícil de lo que se ha utilizado en los últimos años para demostrar que están en 'peligro inminente y extremo'.
El nuevo sistema que pondrá en marcha esta norma privilegia a quienes están en mejor situación económica, tienen familia en Estados Unidos, proceden de determinados países y pueden permitirse esperar dentro de sus países. Como señalaron el Florence Immigrant & Refugee Rights Project y la Kino Border Initiative, dos organizaciones que trabajan directamente con inmigrantes y solicitantes de asilo, 'sabemos por intentos anteriores de aplicar políticas similares que las prohibiciones de asilo devolverán a la gente al peligro e incluso a la muerte. Este plan desintegraría las fibras mismas de nuestro sistema de asilo al prohibir el asilo a todos salvo a unos pocos elegidos, aquellos que tienen el privilegio y los recursos para llegar a Estados Unidos por avión o la capacidad de navegar por una aplicación de smartphone y esperar durante días o incluso semanas una cita para presentarse en un puerto de entrada'.
En palabras de Eleanor Acer, directora de protección de refugiados de Human Rights First, este nuevo sistema 'infringirá daños devastadores a las personas refugiadas al mismo tiempo que viola la legislación estadounidense y las obligaciones de los tratados internacionales'. Además, las políticas de la administración Biden dependen de que cada administración decida a qué nacionalidades favorecer, decisiones que pueden ser ideológicas, políticas y sesgadas.
Algunos grupos que se oponen a la nueva norma han adelantado que la llevarán a los tribunales. Algunos líderes republicanos, mientras tanto, la atacan desde el otro lado. Veinte estados liderados por republicanos han presentado una demanda contra el plan de la administración Biden de ampliar las vacantes de libertad condicional humanitaria para los solicitantes de asilo haitianos, venezolanos, cubanos y nicaragüenses, y los líderes republicanos de la Cámara de Representantes están presentando audiencias en las que denuncian la política de inmigración y asilo de la administración Biden como una de 'fronteras abiertas'. A corto plazo, hay pocas posibilidades de que el Congreso de Estados Unidos adopte medidas muy necesarias sobre la reforma del sistema de inmigración, incluso para crear caminos al derecho de ciudadanía para los Dreamers o los TPSianos.
Esta nueva regla impulsada por la Casa Blanca en los últimos tres años está lejos del discurso amigable hacia los migrantes que lideró Biden durante su campaña. Es más, esta nueva norma está muy lejos de las palabras de la Estatua de la Libertad: 'Dénme sus cansados, a sus pobres, a sus masas apiñadas que anhelan respirar libres'. En su lugar, es: usa la aplicación, asegúrate de que usted tiene el dinero para el avión y, aún mejor, solicita primero en otro país.
*Lisa Haugaard, Directora Ejecutiva del Grupo de Trabajo para los asuntos Latinoamericanos.
