El Departamento de Justicia de Estados Unidos considera demostrado que el gobierno de Nayib Bukele negoció en secreto desde 2019 con la Mara Salvatrucha-13, y que ofreció a los principales líderes de la pandilla beneficios financieros y facilidades de comunicación para que mantuvieran control territorial y de sus estructuras durante la duración de ese acuerdo. El pacto incluyó condiciones carcelarias menos restrictivas e incluso reducciones de pena. A cambio, según fiscales federales estadounidenses, la MS-13 apoyó al partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones municipales y legislativas de 2021, y mantuvo bajos los niveles de homicidios al menos hasta marzo de 2022 .
Así consta en un acta de acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York contra trece cabecillas salvadoreños de la MS-13 bajo cargos de crimen organizado, conspiración para cometer actos de terrorismo en Estados Unidos y narcoterrorismo. En documento oficial, de 42 páginas, fue entregado a un juez el 22 de septiembre de 2022, pero se mantuvo bajo reserva durante cinco meses, hasta el pasado jueves 23 de febrero.
En él, el Departamento de Justicia no solo reafirma lo revelado por investigaciones de El Faro sobre las negociaciones de Bukele con las pandillas durante al menos los primeros tres años de su mandato. También asegura que, como parte de sus acuerdos con la Mara Salvatrucha-13, el actual gobierno de El Salvador ha protegido a pandilleros buscados por crímenes cometidos en Estados Unidos al evitar su extradición o incluso darles la libertad.
'La Ranfla Nacional demandó que el Gobierno de El Salvador se negara a extraditar a líderes de la MS-13, incluyendo a miembros de la Ranfla Nacional, a Estados Unidos para ser juzgados', se lee en el documento. 'A cambio, los líderes de la MS-13 aceptaron reducir la cifra pública de homicidios en El Salvador, lo que benefició políticamente al Gobierno de El Salvador, creando la percepción de que el Gobierno había reducido la tasa de homicidios'.
Según las autoridades estadounidenses, después de que en 2021 y 2022, el Departamento de Justicia hizo solicitudes formales de extradición para 12 miembros de la 'Ranfla Nacional', como se conoce a la cúpula de la MS-13 en El Salvador, la Ranfla y otros líderes por segunda vez 'exigieron que el gobierno de El Salvador se negara a extraditarlos'. Los fiscales relatan también cómo el gobierno salvadoreño liberó ese mismo año a uno de los más altos miembros de la cúpula de la pandilla, Élmer Canales Rivera, alias 'Crook', a pesar de que le faltaban décadas de condena por cumplir y a pesar de que Estados Unidos había solicitado ya formalmente su extradición. La acusación asegura que Crook, junto con otros dos líderes de la pandilla, fue quien condujo las negociaciones con el gobierno de Bukele.
El Faro entrevistó este martes 28 a un funcionario del Departamento de Justicia y le preguntó si, a la luz de estas afirmaciones, Estados Unidos considera al actual Gobierno de El Salvador un colaborador de las pandillas. 'El lenguaje del documento de acusación habla por sí mismo', dijo. 'Lo que puedo decir es que en cierta cantidad de situaciones el gobierno de El Salvador ha cooperado con las pandillas'.
Cuando se le preguntó si los funcionarios y otras personas que hayan participado en la liberación de 'Crook' cometieron algún delito según las leyes estadounidenses, se limitó a decir 'No puedo hacer comentarios al respecto en este momento'. Es una política del Departamento de Justicia estadounidense no hablar de investigaciones en curso.
El septiembre pasado un Gran Jurado de 23 personas escuchó y vio en Nueva York las pruebas en las que los fiscales basan su acusación contra los trece líderes pandilleros, que incluyen sus vinculaciones políticas con el gobierno de Bukele y con administraciones anteriores. Esas pruebas, según los documentos, incluyen testimonios de una docena de ex miembros de la MS-13, videos, grabaciones de llamadas y mensajes de texto y audio. En sus conclusiones, ese Gran Jurado considera que existe suficiente evidencia para abrir juicio contra los acusados.
El documento de acusación se hizo público el 23 de febrero por la noche, al mismo tiempo que fiscales estadounidenses anunciaban la captura de tres de los trece pandilleros, gracias a la ayuda del gobierno de México. El de mayor peso jerárquico entre ellos es Vladimir Antonio Arévalo Chávez, 'Vampiro de Monserrat', considerado uno de los líderes del conocido como 'Programa México' de la MS-13, creado en 2015 para expandir la influencia de la pandilla y dotar a los pandilleros salvadoreños de estructura de acogida en un país seguro en caso de necesidad.
Los fiscales afirman que otros cuatro acusados son prófugos y los seis restantes 'se cree que están bajo custodia [encarcelados] en El Salvador'.
El Faro preguntó al funcionario del Departamento de Justicia si la falta de certeza se debe a que Estados Unidos no ha logrado que el gobierno de El Salvador le confirme oficialmente que esos seis pandilleros se encuentran en prisiones salvadoreñas. 'Como es bien sabido, la documentación que aparece en el sistema de Centros Penales en El Salvador no siempre se corresponde con la realidad.', respondió.
La mayoría de los acusados forman o formaron parte de alguna de las Ranflas subordinadas a la Ranfla Nacional en El Salvador, es decir, a la Ranfla en las Calles y la Ranfla en los Penales.
Entre los fugados se encuentran Jorge Alexander de la Cruz, conocido como 'Cruger de Peatonales', miembro destacado de la Ranfla en las Calles e identificado por Estados Unidos como un negociador clave con el gobierno de Bukele. Cruger es señalado como el fundador y líder del Programa México. También ha conseguido evadir la justicia Juan Antonio Martínez Ábrego, 'Mary Jane de Hollywood', integrante de la Ranfla en las Calles, que según los fiscales fue enviado por la cúpula a México y después a la Costa Este de Estados Unidos para coordinar las operaciones de la pandilla.
Destacan entre los encarcelados en El Salvador Rubén Antonio Rosa Lovo, 'Chivo de Centrales', miembro de la Ranfla Nacional y uno de los principales voceros de la pandilla durante la negociación de la MS-13 con el gobierno de Mauricio Funes en 2012, bautizada como La Tregua; y Edwin Ernesto Zedillos, 'Renuente', que en 2015 fue fotografiado por la Policía salvadoreña mientras sostenía reuniones con el equipo negociador de Bukele cuando este era todavía alcalde de San Salvador. En esas fotos junto a 'Renuente' estaban el actual director de Tejido Territorial del gobierno de El Salvador y cabeza de todas las negociaciones posteriores, Carlos Marroquín, y Mario Durán, hoy alcalde de la capital por el partido Nuevas Ideas.
Al día siguiente de hacerse público el documento del Departamento de Justicia afirmando que el gobierno de El Salvador negoció con la Mara Salvatrucha-13 y evitó la extradición de sus líderes, el presidente Bukele anunció por Twitter que esa madrugada había comenzado el traslado de pandilleros presos a la nueva megacárcel que ha construido en tiempo récord en Tecoluca, a unos 74 kilómetros de San Salvador. Tiene, según la versión oficial, capacidad para 40 mil presos.
De inmediato, la imagen de cientos de hombres semidesnudos, con el cráneo afeitado y sentados uno pegado a otro en hileras interminables el suelo, o arreados como ganado hacia celdas en las que se agrupan 200, dio la vuelta al mundo y redirigió la atención al discurso manodurista de Bukele, que presume de no respetar los derechos humanos de los pandilleros. En su narrativa, esa exhibición de la fuerza del Estado convierte en falso el hecho de que por años negoció con la Mara Salvatrucha-13 y otras pandillas.
Los vínculos políticos
La acusación contra los trece líderes de la Mara Salvatrucha incluye un detallado recorrido por la historia de esta pandilla desde su nacimiento a inicios de los años 80 en Los Ángeles, pero se detiene especialmente en los últimos once años, en los que mediante una administración calculada de la intensidad de su violencia y sucesivas negociaciones secretas con distintos gobiernos centrales o municipales, y con los principales partidos del país, la Mara Salvatrucha aumentó su influencia política en El Salvador.
Hace tiempo que Estados Unidos encara ese aumento de influencia como un problema para su seguridad nacional. Un funcionario del gobierno de Estados Unidos entrevistado con El Faro en Washington el año pasado aseguró que 'ahora la MS-13 es un actor más político en Centroamérica'. 'Definitivamente, hemos visto cómo iba sucediendo con las diferentes treguas desde 2012. (...) Hemos visto regularmente el impacto de esas negociaciones aquí en Estados Unidos', dijo.
Los fiscales recogen de hecho en su acusación las negociaciones secretas sostenidas por la MS-13 y otras pandillas como el Barrio 18 con los gobiernos del FMLN entre 2012 y 2015. También los diálogos en 2014 con el Frente y con el partido Arena, entonces en la oposición, 'para proveer votos a candidaturas políticas a cambio de beneficios para la MS-13 y para los miembros de la ranfla', según se lee en el documento. Todas esas negociaciones fueron en algún momento reveladas al público a través de investigaciones de El Faro.
La acusación recuerda también cómo, al colapsar aquellas negociaciones, la cúpula de la Mara Salvatrucha-13 ordenó incrementar la violencia, y afirma que esa orden de 'abrir las válvulas' incluyó a los líderes y clicas en Estados Unidos porque la pandilla 'creyó' que la administración de Barack Obama 'había presionado al gobierno de El Salvador para terminar La Tregua como una condición para recibir fondos' de cooperación.
Las páginas del documento dedicadas a la relación de la MS-13 con el gobierno actual no solo incluyen lo ya revelado en los últimos años sobre las negociaciones sostenidas por Bukele mientras fue alcalde de San Salvador y revitalizadas tras su llegada a la presidencia de la República en 2019. También aportan detalles no conocidos hasta ahora.
Uno de ellos es que los pandilleros que participaron en reuniones 'dentro de las prisiones de Zacatecoluca e Izalco', que entraban al penal encapuchados y con mangas largas que cubrían sus tatuajes, 'fueron provistos', según Estados Unidos, 'de tarjetas oficiales de identificación como agentes de inteligencia o de la Policía' como parte de la facilitación de su entrada y salida de esos penales.
Los fiscales federales estadounidenses también constatan una práctica ya revelada por investigaciones periodísticas: que 'oficiales de prisiones también facilitaron el traslado temporal de líderes de la MS-13, incluyendo a Borromeo Henríquez [conocido como Diablito de Hollywood] a hospitales civiles para ’tratamiento’ por problemas de salud no existentes , lo que facilitó que esos líderes se comunicaran con miembros de la Ranfla en la calle y facilitó las negociaciones'. A cambio, aseguran que los líderes de la MS-13 'acordaron influir a miembros, amigos, familiares y residentes en sus territorios para respaldar a los candidatos de Nuevas Ideas en las elecciones de 2021'.
No es la primera vez que Estados Unidos da por hecho que la administración Bukele negoció con las pandillas, pero tiene distintas implicaciones legales que sean un Gran Jurado y el Departamento de Justicia quienes aseguren que las reuniones con la MS-13 'fueron organizadas por el Gobierno salvadoreño y funcionarios de prisiones', según se lee en el documento, y apuntan directamente al director general de Centros Penales, Osiris Luna y al director de la Secretaría de Tejido Social, Carlos Marroquín, que aparecen nombrados por sus cargos y no por sus nombres.
Ambos funcionarios fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en diciembre de 2021 en aplicación de la Ley Global Magnitsky, precisamente por liderar estas negociaciones 'en representación de la Presidencia', pero este documento de Justicia da consistencia a la revelación hecha en diciembre de 2021 por la agencia de noticias Reuters, que hizo público que Estados Unidos tenía abierta una investigación penal contra Luna y Marroquín por la negociación con la MS13, y confirma que el Departamento de Justicia cree tener pruebas para acusarlos penalmente aunque no lo haya hecho todavía, al menos en público.
El funcionario entrevistado el año pasado por El Faro dijo: 'Creo que hay una cantidad abrumadora de evidencia a estas alturas de que la administración de Bukele negoció con la MS-13 y el Barrio 18 en El Salvador. Tenemos la capacidad de demostrar que eso ocurrió', y fue tajante al hablar de la importancia que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos da a estos vínculos políticos en el combate a una pandilla como la MS-13:
'Tienes que ver a la organización de arriba hacia abajo, pero también tienes que ver de dónde viene su poder, de dónde consigue su soporte financiero', dijo. 'Y no hay forma, especialmente ahora que estás investigando si esta administración o las administraciones anteriores se involucraron en treguas con esta organización, no hay forma de que puedas combatir de forma eficaz a la MS-13 sin fijarte también en sus conexiones políticas'.
En aquella entrevista, el funcionario habló también del deterioro de las relaciones de colaboración entre la administración Bukele y los cuerpos que investigan a la MS-13 en Estados Unidos desde que el partido Nuevas ideas tomó control de la Asamblea legislativa en mayo de 2021 e impuso ilegalmente a Rodolfo Delgado como Fiscal General: 'ha habido una importante disminución en el nivel de cooperación desde mayo de 2021', dijo. 'Los compañeros en la embajada, incluidos algunos de los del Departamento de Justicia que están allá, trabajan muy duro tratando de mantener una relación colaborativa, pero a este punto no estamos teniendo muchos resultados'.
'El ex Fiscal General Raúl Melara era una contraparte, como lo eran muchas personas que trabajaban directamente bajo su mando en la unidad anticorrupción', dijo.
La destitución de Melara para colocar a Delgado en el cargo es una de las razones por las que el Departamento de Estado sancionó en junio de 2021 al secretario Jurídico de la presidencia de El Salvador, Conan Castro, persona de confianza del presidente Bukele. Al incluirlo en la Lista Engel, Estados Unidos dijo de Castro que 'socavó procesos o instituciones democráticas al ayudar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General'.
El Programa México
No es menos relevante el papel del gobierno de México en la detención de los tres líderes pandilleros a los que Estados Unidos tiene desde el jueves en custodia, piezas clave de la operación de la MS-13 en suelo mexicano. Según los documentos oficiales del Departamento de Justicia, los tres 'fueron localizados por autoridades migratorias mexicanas y, por tratarse de ciudadanos salvadoreños que no tenían un estatus migratorio válido, fueron expulsados de México vía Estados Unidos'.
En realidad tanto Vladimir Antonio Arévalo Chávez, 'Vampiro de Monserrat' como los otros dos detenidos, Walter Yovani Hernandez Rivera, 'Baxter de Park View' o 'Bastard de Park View'; y Marlon Antonio Menjivar Portillo, 'Rojo de Park View', tenían órdenes de detención pendientes en El Salvador, pero México no los sometió al lento proceso de extradición, que exige una resolución judicial. Tampoco los ligó a proceso judicial por posibles delitos en su territorio.
Tampoco los deportó directamente a su país de origen o a la frontera más cercana a este, que hubiera sido la guatemalteca. El funcionario del Departamento de Justicia confirmó a El faro que se trató de una detención 'planeada'.
Los pandilleros fueron detenidos en México y subidos a un avión en dirección a Houston, Texas, sin presentarlos ante un juez y, cabe imaginar, sin que recibieran asistencia de abogados. En el aeropuerto internacional George Bush les estaba esperando el FBI. Se trata de una práctica habitual de cooperación entre fuerzas de seguridad de diferentes países en la que la voluntad política se antepone a las formas legales, que precisa coordinación previa y, en este caso, una decisión de colaborar con la justicia estadounidense antes que con la salvadoreña.
Las autoridades mexicanas no han respondido a solicitudes de entrevista ni emitido un posicionamiento oficial sobre lo sucedido.
Los tres líderes de la MS-13 recién capturados eran parte, según la acusación contra ellos, de una estrategia muy poco conocida de la organización interna de esa pandilla: la creación de una especie de retaguardia estratégica identificada en los documentos legales como 'Programa México'.
Según las autoridades estadounidenses, la Mara Salvatrucha-13 creó una estructura en el país norteamericano con tres propósitos fundamentales: servir de refugio para pandilleros perseguidos en El Salvador; ampliar las actividades y las redes criminales de la pandilla ―específicamente en los delitos de narcotráfico y tráfico de personas indocumentadas― y la obtención de recursos para financiar las actividades criminales de la organización.
'Varios de los acusados, incluyendo a Arévalo Chávez, ‘Vampiro de Monserrat’; Hernández Rivera, ‘Baxter de Park View’; y Menjivar Portillo ‘Rojo de Park View’ han coordinado la expansión de la MS-13 en México, bajo la dirección de la Ranfla Nacional, lo que fue un esfuerzo coordinado para mantener la continuidad de las operaciones de la MS-13 en respuesta a la presión ejercida por las autoridades de Estados Unidos y El Salvador', dice el documento del Departamento de Justicia. 'Además, el Programa México incluyó la creación de alianzas con carteles mexicanos y el involucramiento en el tráfico de narcóticos, tráfico de personas, extorsión, secuestros y tráfico de armas', se lee en la solicitud de detención provisional enviada a la jueza del distrito Este de Nueva York Joan M. Azrack.
Según la acusación, la presencia de la MS-13 salvadoreña en México se remonta hasta 2007, pero no fue sino hasta 2015 ―luego de que se rompiera la tregua con el gobierno de Funes― que la organización criminal decidió apostar por aquel país para emprender en él una sucursal con vínculos bien articulados con la cúpula pandillera en El Salvador.
'Aproximadamente en 2015, la Ranfla Nacional comenzó a enviar a los líderes del Programa México a México, con el objetivo de mejorar la estructura y organizar la presencia de la MS-13 en México, facilitar las comunicaciones con los líderes y miembros de la MS-13 en los Estados Unidos e incrementar el poder y el estatus de la pandilla. Seleccionaron a estos líderes para llevar a cabo las operaciones de la MS-13 en caso de que el gobierno salvadoreño intentara aislar la estructura de liderazgo de la organización en El Salvador', dice la acusación formal.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura tener 'abundante evidencia' de que los líderes del Programa México, en nombre de la Ranfla Nacional de la pandilla, consiguieron negociar con los principales cárteles mexicanos (Sinaloa, El Golfo, Zetas y Jalisco Nueva Generación) para obtener armas y drogas.
Además, la acusación subraya el papel del Programa México en la explotación de rutas de tráfico de personas, asegurando que la MS-13, con la autorización de los cárteles mexicanos que controlan los lugares de paso, extorsionaron a migrantes y que incluso llegaron a vapulearlos o asesinarlos cuando no entregaron el dinero requerido. Las autoridades estadounidenses consideran que el control de algunas rutas migratorias a través de México les permitió 'Mantener control de clicas y miembros en Estados Unidos, México, El Salvador y otros lugares en representación de la Ranfla Nacional'.
El Departamento de Estado asegura que el dinero recaudado por el Programa México producto de la explotación de las rutas migratorias era enviado a los líderes pandilleros en El Salvador y que ese dinero, junto con alijos de marihuana y armas fue usado para las operaciones de la pandilla 'incluyendo el financiamiento de actividades encaminadas a influenciar al gobierno salvadoreño'.
Las autoridades estadounidenses no detallaron en la acusación en qué estados o municipios mexicanos opera el Programa México de la MS-13, ni tampoco si los tres detenidos fueron capturados en un mismo sitio o en distintos lugares y tampoco ofrece indicios del número de miembros de los que dispondría esta estructura o hipótesis sobre el destino de los acusados que son prófugos de la justicia.
Ante la reciente desarticulación de las pandillas en las calles de El Salvador producto de los once meses consecutivos de Régimen de Excepción impuestos por el gobierno, un líder pandillero de alto nivel aseguró a El Faro que estas organizaciones criminales han mudado a células enteras hacia países como México y Guatemala con el propósito de mantener a salvo parte de su estructura. Queda por ver el peso y el papel que estos emplazamientos fuera de El Salvador jugarán en la supervivencia de las pandillas salvadoreñas.
Los trece acusados
Las trece personas señaladas por las autoridades estadounidenses aparecen perfiladas como miembros de alto perfil de la Mara Salvatrucha-13 en los documentos que componen la acusación formal. Entre ellos, el Departamento de Justicia considera miembros de la Ranfla Nacional ― el máximo organismo de dirección de la pandilla ― a cuatro indiciados, tres de los cuales, aseguran, 'se cree' que están en custodia del Estado Salvadoreño: Tiberio Valladares 'Snayder de Pasadena', Dany Ramos 'Cisco de Teclas' y Rubén Rosa 'Chivo de Centrales'.
Los tres se convirtieron en figuras públicas mientras duró el pacto entre las pandillas y el gobierno de Mauricio Funes: dieron conferencias de prensa, leyeron comunicados a nombre de su pandilla, participaron en actos públicos fuera de prisión e incluso se reunieron en el centro penal de Mariona con el entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, en presencia de la actual canciller salvadoreña Alexandra Hill, que en aquel momento desempeñaba una posición en la OEA y actuó como facilitadora de aquel diálogo entre las pandillas y el Estado.
Según la investigación del Departamento de Justicia, al menos dos de ellos ―Snayder y Cisco― participaron también en las negociaciones con el gobierno de Bukele. Sobre Snayder, la acusación asegura que fue un 'participante clave' en esos intercambios.
En una segunda línea de mando, los fiscales estadounidenses acusan a ocho personas de pertenecer o haber pertenecido a la Ranfla en las Calles, un estamento dentro de la pandilla que se ubica jerárquicamente justo debajo de la Ranfla Nacional. De esos ocho, tres se encuentran supuestamente en cárceles salvadoreñas ―es llamativo que las autoridades estadounidenses parezcan no tener certeza de ello―, otros tres son prófugos de la justicia y los dos restantes ―Baxter de Park View y Rojo de Park View― se encuentran ya en custodia de las autoridades de Estados Unidos. A este grupo pertenece también 'Renuente', el pandillero que fue fotografiado en 2015 reunido con Mario Durán y Carlos Marroquín.
Alrededor de las mismas fechas en las que Durán y Marroquín se reunían con 'Renuente', este pandillero articulaba un equipo especial dentro de la pandilla que debía ser entrenado y dotado de recursos para atentar contra políticos. En una conversación telefónica que fue interceptada por la policía, Renuente y otro pandillero mencionan al diputado Guillermo Gallegos y al ex alcalde de Soyapango, Carlos Ruiz, como potenciales objetivos.
Del total de trece acusados, cinco integran en distintos niveles de mando el Programa México, según los fiscales. La persona señalada como líder y fundador de esta estructura ―Cruger de Peatonales― es prófugo de la justicia. De Cruger la acusación asegura que estuvo 'fuertemente involucrado, en representación de la Ranfla Nacional, en las negociaciones con el gobierno salvadoreño desde 2019'. También permanece prófugo el pandillero conocido como 'Mary Jane de Hollywood', del que las autoridades estadounidenses aseguran que, luego de integrar el Programa México, fue enviado a Estados Unidos para coordinar las operaciones de la pandilla en ese país.
Se podría considerar a los trece acusados como miembros veteranos de la Mara Salvatrucha-13. Promedian los 45 años de edad. El mayor entre ellos es el 'Indio de Hollywood', de 55 años, miembro de la Ranfla Nacional, y el menor es 'Baxter de Park View', de 29 años, miembro de la Ranfla en las Calles. Todos los acusados tienen atribuido, en su historial criminal, el delito de homicidio.
