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Consideraciones sobre la minería de metales en El Salvador

Andrés McKinley*
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Publicada el 01 de enero - El Faro
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Hace unos días, se firmó el acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos, confirmando la entrega de más de 400 millones de dólares de la Cuenta Reto del Milenio para financiar un programa de desarrollo beneficiando más de 90 municipios en el norte de El Salvador. El programa se basa en una serie de iniciativas, incluyendo servicios sociales, mejoramiento de infraestructura, inversión en ecoturismo y producción agropecuaria. Durante los próximos 5 años de su fase de ejecución, el programa enfrentará muchos retos y amenazas, pero ninguno de ellos es tan delicado como la amenaza de la minería de metales.

Desde hace 6 años, la minería de metales, especialmente de oro y plata, viene incursionando de forma silenciosa en El Salvador, motivada por los altos precios en el mercado mundial de estas comodidades y por las condiciones atractivas que ofrece El Salvador para la inversión extranjera (bajos impuestos,  regalía de solo 2% de ganancias y pocos controles gubernamentales). A la fecha, hay 28 concesiones aprobadas para la exploración de metales y una concesión aprobada para la explotación. Todas están en la cuenca del Río Lempa, y todas están en las zonas metas del proyecto de desarrollo de la Cuenta Reto del Milenio.

La inversión minera debe evaluarse en términos de su capacidad de generar procesos de desarrollo sostenible, lo cual implica en el fondo la preservación del medio ambiente, la generación equitativa de bienestar,  erradicación de la pobreza y el respeto a los derechos de las comunidades afectadas.  En este sentido, existen dos grandes preocupaciones frente la incursión de empresas transnacionales deseosas de explotar la riqueza mineral de este país.

Problema de incompatibilidad:

La primera preocupación tiene que ver con la incompatibilidad de la inversión minera con el programa de desarrollo diseñado por el gobierno de El Salvador en el marco de la Cuenta Reto del Milenio.  De hecho, la minería en sí no es una actividad sostenible porque se basa en la extracción y procesamiento de recursos no renovables.  El oro y la plata, una vez extraídos del subsuelo, nunca volverán.  Por otro lado, la tecnología aplicada para explotar oro y plata en Centroamérica es muy dañina al medio ambiente y tiende a destruir las formas tradicionales de vida de la población. 

Por la baja concentración de oro y plata en la región (referidos por algunos como “oro microscópico” u “oro invisible”), empresas mineras tienen que desplazar                                                                                                                20 toneladas de roca por cada onza de oro que producen.  Esto implica la destrucción masiva de bosques, modificación del paisaje y la eliminación de grandes extensiones de suelo apto para la agricultura.

La minería de metales usa enormes cantidades de agua, en algunos casos en Centroamérica, más de 250 mil litros por hora. Además, la extracción del oro de la roca requiere el uso de sustancias tóxicas en grandes cantidades, como cianuro. Cianuro, del tamaño de un grano de arroz puede matar a un ser humano. Más preocupante todavía, la minería genera un proceso que se llama drenaje ácido que contamina las aguas subterráneas con metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y arsénico. Una vez se inicia este proceso, es casi imposible pararlo. De hecho, en España y Francia hoy en día están descubriendo minas de los tiempos de los romanos que siguen generando drenaje ácido.  Es obvio que, por todo lo anterior, la minería es incompatible con un programa de desarrollo basado en el ecoturismo, la ganadería y la agricultura.

El problema de quién se beneficia:

La segunda preocupación es quién se beneficia de la actividad minera de metales.  Según la legislación actual en El Salvador, una empresa transnacional que invierte en la minería tiene el derecho de quedarse con 98% de las ganancias de esta actividad, dejando pocos recursos para el desarrollo y la erradicación de la pobreza. Genera algunos beneficios, como empleos y alguna infraestructura. Pero las minas tienen una vida corta y hay que evaluar estos beneficios frente a los costos de largo plazo que implica la destrucción del medio ambiente, especialmente el agua, y su impacto en los medios de vida de las poblaciones rurales.

Estudios de Oxfam America y de académicos de universidades como Harvard, Queen´s University de Inglaterra y otras, plantean una relación muy estrecha entre la minería y la pobreza a nivel mundial.  El trabajo de Oxfam America con comunidades afectadas por la minería en África, Asia, Sur América, Centroamérica y los Estados Unidos confirma esta relación y genera muchas dudas sobre la contribución de la minería al desarrollo.  Más bien, sugiere que la minería de metales tiende a generar pobreza.

 A final de cuentas, son las comunidades más afectadas por la minería las que deben decidir. Esto implica incorporar en la legislación minera el concepto de “Consentimiento libre, previo e informado”, garantizando el poder de las comunidades a decir “sí” o “no” frente a la inversión minera sin coerción y con suficiente información. Este derecho necesita estar claramente plasmado en una nueva ley de minería que recupera el verdadero concepto del Estado y defiende los intereses fundamentales de la nación.

*El autor es Oficial del Programa de Industrias Extractivas de Oxfam América

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