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OPINION

Filosofía Política, Ciencia y Sentido Común

Alberto Valiente Thoresen
[email protected]
Publicada el 31 de julio - El Faro
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En 1651, Thomas Hobbes escribió Leviathan; una obra fundamental de teoría política en la era moderna. Sin ella, nos sería considerablemente más difícil entender el origen y desarrollo del sistema occidental de estados nacionales que ha sido exportado al resto del mundo y que actualmente ordena la forma como se desenvuelven las relaciones internacionales. Hobbes pretendía justificar el autoritarismo del monstruo monarca del estado y del poder absoluto que este debía ejercer sobre sus súbditos. Los estados democráticos modernos surgieron tan solo cuando los súbditos se opusieron al (los) monarca (dictadores) y lograron obtener concesiones dentro de los estados creados. Ejemplos bien conocidos mundialmente son el Movimiento de Independencia Indio, la resistencia al Apartheid en Sur África, la Guerra Civil inglesa del siglo XVII, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. La Guerra Civil de El Salvador califica como otro ejemplo en esta dirección.

A pesar de que mucho del contenido de Leviathan no es actual en el mundo contemporáneo, hay un supuesto clásico y fundamental del argumento de Hobbes que constituye la base del sistema de estados territoriales soberanos. Se trata de la monopolización de la violencia legítima en manos de los soberanos de una unidad territorial definida (estado.) Hoy día estos soberanos pueden ser individuos, grupos o instituciones que están sometidos en mayor o menor medida a los deseos de las poblaciones de esos territorios, siendo los estados resultantes en mayor o menor medida democráticos.

Pero es claro que para que en un principio se pueda concebir un estado soberano territorialmente definido, debe haber monopolización de la violencia legítima. Esto es evidente en el Oriente Medio, adonde uno de los argumentos que los grupos en contienda utilizan para justificar ataques suicidas, misiles, bombardeos o incursiones de infantería es que no reaccionar militarmente implicaría ceder el derecho a ejercer poder militar en el área a otro grupo étnico-religioso-político y al respectivo estado nacional por el que este grupo lucha. En este contexto, es evidente también otro supuesto postulado por Hobbes: siempre y cuando no existan personas (instituciones) soberanas que monopolicen toda la violencia legítima y el poder no esté distribuido de manera balanceada, la sociedad se encontrará en un estado de guerra de todos contra todos.

Todo esto es contenido de cualquier curso universitario de pre-grado en Filosofía Política y no hay nada de nuevo en ello. Pero se vuelve mucho más interesante si se ve a la luz de los comentarios del Sr. Antonio Almendáriz, diputado por el PCN en la Asamblea Legislativa del estado de El Salvador sobre lo que opina acerca de la propuesta de ley para prohibir portar armas de fuego.

De acuerdo al Sr. Almendáriz, las instituciones salvadoreñas que monopolizan el ejercicio legítimo de la violencia, no protegen a los ciudadanos del estado salvadoreño. Ante la pregunta de si el Estado ha perdido la capacidad de garantizar la seguridad a los ciudadanos, el Sr. Almendáriz responde: “[El Estado] L(a) ha perdido desde hace tiempo y el que no lo reconozca es porque es ciego. El hecho de que existan tantas empresas privadas de seguridad indica que el Estado no puede cumplir con su obligación de cuidar a los salvadoreños y por lo tanto no hay que coartar el derecho de auto-defendernos. De acuerdo a él, la mejor auto-defensa es portar armas de fuego. La palabra seguridad en este contexto se refiere a la protección de la violencia, pero no a otras connotaciones más progresistas que tiene la palabra en los círculos académicos actuales, en donde seguridad significa protección de la no-satisfacción de las necesidades humanas elementales.

Si Hobbes viviera para escuchar la argumentación del Sr. Almendáriz, seguramente estaría de acuerdo en que tal descripción sitúa al estado de El Salvador muy por detrás en el desarrollo de un estado democrático y pacífico. No porque sea falso afirmar que en El Salvador hay inseguridad y que el Estado es relativamente débil para garantizar la satisfacción de necesidades humanas básicas; pero porque tales afirmaciones atentan contra la legitimidad del uso exclusivo de la violencia por las autoridades estatales. Comprometen la existencia del Estado mucho antes que podamos empezar a pensar en democracia. Esto queda claro si consideramos que es más difícil establecer una democracia pacífica en los actuales Somalia y Afganistán, que son territorios sin un gobierno sólido; que lo fue en la España post-franquista, que era una sociedad con un gobierno más fuerte.

Recordemos que Hobbes escribió sobre la monopolización del uso legítimo de la violencia. Hobbes no pretendía afirmar que al existir un monarca, dejaría de haber violencia de otros tipos. Hobbes simplemente postuló que la violencia legítima, le corresponde al monarca. El término legítima en este contexto se refiere al obrar violentamente con justicia, razón y permiso. De manera que cuando no hay alguien que monopolice la violencia justa, razonable y permisible, todos tienen derecho legítimo (no necesariamente legal) a usarla, porque todos tienen su opinión de qué es violencia justa, razonable y por ende permisible.

La expresión violencia legítima también es distinta a violencia legal. Por ejemplo, si los Cascos Azules de la ONU hubieran intervenido más temprano durante el conflicto Rwandés de 1994 para prevenir el genocidio, en contra de las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad, la acción violenta hubiera sido ilegal. Pero seguramente la consideraríamos hoy día una acción violenta justa, razonable y permisible, en otras palabras: legítima. Es siempre un reto para los legisladores hacer coincidir sus postulaciones legales con las instituciones legítimas.

El filósofo español Xavier Zubiri, escribió sobre realidades postuladas. El estadounidense Thomas Fowler ha tomado tal noción y la ha aplicado a las entidades políticas. De acuerdo a Fowler, los sistemas político-legales son postulaciones ideales que se realizan a través del poder. Es por eso que las postulaciones sobre la legitimidad en el uso de la violencia son más serias cuando vienen de un diputado de la Asamblea Legislativa, que está investido de poder político. Por ejemplo, es muy distinto cuándo tales opiniones sobre el derecho a portar armas vienen de la boca del actor retirado Charlton Heston que cuando las dice George W. Bush. Porque las personas como Bush tienen más poder para realizar sus postulaciones en entidades políticas que afectan las vidas de otras personas. Que un diputado de la Asamblea afirme que el Estado no puede proteger a las personas y que por ende es legítimo que actores no estatales amenacen operar con violencia armada, implica postular en El Salvador una realidad similar a la del Viejo Oeste en Estados Unidos, antes que las instituciones del Estado se instauraran en esa región de América del Norte. Es lo mismo que postular un estado de bellum omnium contra omnes (guerra de todos contra todos.) Tal postulación puede ser lo suficientemente nefasta como para alejar a El Salvador de la democracia y la paz, cuando quien la hace, también promulga leyes.

Cuando el Sr. Almendáriz es confrontado con pruebas científicas que demuestran que durante hechos violentos, las armas de fuego empeoran los resultados para todas las partes involucradas, los descalifica diciendo: “Desgraciadamente los estudios se hacen con base en lo que sucede y no pueden analizar lo que ha dejado de suceder. ” Y aboga por una “encuesta verdadera”. Esta “encuesta verdadera” sería de opinión, para ver cuánta gente opina que no han sido lastimados o abusados porque portan un arma de fuego. El estudio no se haría basándose en lo sucedido materialmente como resultado de la intervención de armas de fuego, como cantidad de sangre derramada y cuerpos enterrados. Parece ser que la única razón por la cual la encuesta sería más verdadera es porque corroboraría los argumentos del Sr. Almendáriz, los cuales son irrefutables. Argumentos que Karl Popper calificaría de no-científicos.

Si aceptamos esta supersticiosa y apriorística filosofía del conocimiento, podríamos decir que aunque no podamos reunir evidencia que falsifique la hipótesis de que el Cipitío de carne y hueso no existe, podemos seguir creyendo en el Cipitío de carne y hueso, porque lo que pasa es que el Cipitío es experto en esconderse e imposible de encontrar y por eso nunca podrá ser detectado por la ciencia. Entonces, quizá la Asamblea deba aprobar un presupuesto con una cuenta que garantice un buen sueldo a este importante personaje de nuestro país, para protegerlo como patrimonio cultural. Esto es obviamente inaceptable, porque la política debe afectar lo que evidentemente sucede. Nuestras ideas sobre lo que no ha sucedido o ha de suceder son tan solo importantes como reflexión y sentido de nuestra praxis.

Las armas de fuego no matan seres humanos por sí solas. Pero los seres humanos matan a otros seres humanos mucho más rápido y con mucho menos esfuerzo con armas de fuego que con la mayoría de armas. Los agresores actuarán con o sin armas, siempre y cuando tengan razones para hacerlo. El Estado democrático y sus servidores deben hacer políticas para minimizar estas razones para agredir y al mismo tiempo sus leyes definirán grandemente qué tipos de armas los agresores considerarán necesarias para actuar. Más armas de fuego en las calles sirven para incrementar la cantidad de heridos y muertos, no al revés. Escribo esto desde Noruega, en donde el Estado garantiza condiciones para que la gente tenga pocas razones para agredirse, es prohibido portar armas de todo tipo en lugares públicos, la policía opera desarmada (a menos que el jefe de la policía autorice uso proporcional de la fuerza en ciertos casos) y consecuentemente la tasa de homicidios es 50 veces más baja que en El Salvador. Siempre habrá armas ilegales, pero evitar prohibir portar armas bajo el precepto de que esto nos garantizará seguridad contra personas armadas ilegalmente es en realidad abrir la caja de Pandora.

Un estado construido sobre el poder no-violento de la gente (democracia), necesita primero instituciones legítimas sólidas que deben ser defendidas por los soberanos de todas las instancias del ejecutivo, legislativo y judicial. Las leyes que le dan forma deben estar inspiradas en opiniones de la gente, basadas en conocimiento que se genera como resultado de la dialéctica entre la teoría y la experiencia. Las teorías y discusiones en la política son relevantes en la medida que permitan afectar realidades prácticas, en dirección a los valores que incrementan el poder no-violento de las personas. Por eso, un estado democrático necesita de sentido común hacia la vida y la paz, no a la guerra.

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