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ISTA ha parcelado 23 Áreas Naturales Protegidas desde 1990

La institución que por ley debe trasladar al Estado las tierras forestales para su protección y conservación ha parcelado 23 áreas naturales del país desde 1990 hasta la fecha. Mientras el ISTA y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales registran que en el país 69 (de 118 Áreas Naturales Protegidas) han sido “transferidas al Estado”,  sólo tres propiedades cuentan con una ley especial de protección: El Jocotal, El Imposible y Montecristo.

Daniel Valencia y Rodrigo Baires Quezada
Foto: Rodrigo Baires Quezada

[email protected]
Publicada el 19 de marzo - El Faro

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El 16 de enero de 1990, el técnico Gregorio Vides envió al jefe de la unidad de ingeniería del ISTA, Óscar Portillo, “el informe que resume la recopilación de toda la información referente a las reservas nacionales”.

En ese informe, se detallan 81 áreas de reserva forestal (hoy Áreas Naturales Protegidas, ANP), con su extensión y valor. Cinco de las ANP detalladas en el documento, 16 años después, están registradas en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) con menos tierra. Fueron parceladas por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA).

En Izalco, Sonsonate, a la ANP San Isidro, según el registro elaborado por la Dirección General de Patrimonio Natural (DGPN) del MARN en 2006, le quitaron 458 hectáreas del total original (851). Cara Sucia, en Ahuachapán, tiene ahora sólo la mitad de su terreno original (74 hectáreas); El Chino, en Ahuachapán, tiene una hectárea menos (de 25 pasó a 24); y San Carlos, en Morazán, de 123 hectáreas ahora tiene 120.

Nancuchiname, en Jiquilisco, Usulután, ha sido el área a la que más terreno se le ha quitado. Miguel Tomás López, actual presidente del ISTA, reconoce que esta tierra fue parcelada para favorecer a ex combatientes del FMLN con el Programa de Transferencia de Tierras (PTT) tras la firma de los acuerdos de paz, en enero de 1992. “Ahí se desmembraron cerca de 400 manzanas que se le dieron a desmovilizados del FMLN”, dice.

Esta área, según un ex asesor del MARN que trabajó en los primeros años de esta cartera de estado –y quien pide el anonimato por temor a represalias- era, de todo el país, el principal sitio ecológico con las condiciones para crear un parque de reserva nacional. Este asesor comenta, incluso, que al presidente Armando Calderón Sol se le presentó la propuesta para crear dicho parque. Esto, sin embargo, nunca sucedió.

“Nancuchiname era el mejor bosque de planicie costera que tenía el país. Había una cantidad exorbitante de especies de animales como iguanas, garrobos, gaviotas, tucanes, jaguares, tapires, monos…”, dice el ex asesor. “A los ex combatientes se les envió a esa zona para sacrificarlos. Como si los pusieran en la boca del lobo. Es un área natural de alta inestabilidad por las corrientes que desembocan en la Bahía de Jiquilisco y que inundan la zona”, agrega.

Del terreno original se desmembraron cuatro porciones. A cada una de ellas se le quitó tierra para entregársela a los ex combatientes. En Mata de Piña, de 478 hectáreas se le quitaron 275. En la porción La Maroma, de 216 hectáreas se desmembraron 167. A las otras dos porciones, conocidas como “cinco y seis” –que juntas sumaban 464 hectáreas-, sólo les dejaron 110. En total, a Nancuchiname le desmembraron 322 hectáreas.

18 áreas más

Según señala el ex asesor del MARN y las organizaciones gubernamentales que forman la Red Gestoras de Áreas Naturales Protegidas en el país (REDANP), el número de ANPs parceladas por el ISTA es mucho más grande. “Tanto que algunas áreas incluso han desaparecido”, señala el ex funcionario.

Entre las ANP parceladas se encuentran Santa Rita, El Jabalí, el Cerro Cacahuatique, Escuintla, Colima, Cerro del Tule, El Paraíso, Complejo San Marcelino y Complejo el Playón (con sus porciones: Argentina, La Isla, Los Abriles, 14 de Marzo, Colombia y Chanmico).

Hace tres semanas, en una entrevista concedida a El Faro, Miguel Tomás López comentó que en las anteriores administraciones de la institución que preside se dieron algunas parcelaciones. “No puedo juzgar las razones del porqué (se hizo)”.

Luego de presentarle un informe solicitado por el ex ministro Hugo Barrera, en donde se detallan cinco ANP parceladas en su administración, López insistió en que siempre que se ha parcelado se ha hecho con la venia del MARN. En uno de esos casos, López parceló tierras para favorecer a 16 simpatizantes del partido ARENA. En otro, López favoreció a su tío con 164 hectáreas de terreno.

Otra tres ANP parceladas, según una publicación de El Diario de Hoy de octubre de 2006, son Pañañalapa, en Chalatenango y la Barra de Santiago, en el occidente del país. En esta última, según el matutino, se han perdido 500 hectáreas de manglar.

En la Barra de Santiago se encuentra el Zanjón del Chino. Ahí se reproduce uno de los peces más raros del país, la machorra. “El ISTA no sólo afecta ese ecosistema sino también ha puesto en peligro a los beneficiarios de su parcelación. Por su condición, el Zanjón es un área altamente peligrosa por las inundaciones”, señala el ex asesor del MARN.

La otra ANP afectada por la parcelación, según el matutino, es el Bosque de Santa Clara, en la Paz. Esta ANP sería el sexto caso de parcelaciones aprobadas por el ISTA dirigido por Miguel Tomás López. Según el matutino, en el 2000, Santa Clara era de las áreas naturales más prometedoras debido a su riqueza ecológica. En 2006, sin embargo, el 80 por ciento de su terreno boscoso había desaparecido. López dirige el ISTA desde 1999.

“La gente fue alentada para usurpar esas tierras por parte del ISTA. Ahí hubo una quema del último bosque de transición de agua dulce y salada con que contaba el país”, señala el ex asesor.

Para diferentes organizaciones ambientalistas, la debilidad de las ANP frente a las parcelaciones se encuentra en su declaratoria legal. La falta de una normativa que blinde el estado de las tierras y que vaya más allá de lo aprobado en la reforma agraria, hace más de 26 años, es urgente.

De las 118 ANP que contabilizan el MARN y el ISTA, sólo una cuenta con decreto de protección: La laguna El Jocotal, en San Miguel, bajo el decreto legislativo 689 aprobado el 18 de abril de 1996. Desde esa fecha, hasta hoy, ninguna otra ANP cuenta con ese régimen especial que la defina como ANP. Del resto de áreas, sólo Montecristo y El Imposible cuentan con otro tipo de protección. Ambas fueron declaradas “parques nacionales” vía decreto ejecutivo. La primera el 17 de noviembre de 1987; y la segunda, el 17 de marzo de 1989.

Según otro ex asesor, que trabajó durante la administración del ministro Hugo  Barrera, actualmente existen 69 áreas en proceso de transferencia. De ellas, once han cumplido todos los requisitos pero no tienen sus respectivas actas de entrega –Tehuacán, La Montañita y San Diego La Barra entre ellas-; y 20 han sido inscritas en el Centro Nacional de Registros (CNR) pero no tienen declaratoria. “El resto no se sabe cuál es su estatus legal”, asegura. En este punto, la responsabilidad de no haberse transferido las tierras no sólo recae en el ISTA. Hasta febrero de 2003, el MARN tenía pendiente 44 anteproyectos de ley para igual número de ANP. Ninguno ha caminado.

Parcelas de carácter “social”

¿Qué sucede cuando no cuentan con el último de los pasos que según la ley deben cumplir el ISTA y el MARN para garantizar la preservación de estas áreas? En el informe solicitado por el ex ministro Hugo Barrera el año pasado, aparece escrita el ANP San Diego La Barra. Lo que ahí pasó, explica claramente lo que le ISTA ha hecho con el resto de ANP mencionadas.

El choque en la convivencia forzada entre habitantes y las ANP se ve claramente desde lo alto de la torre de los guardarrecursos de San Diego-La Barra, en Metapán. Hacia el norte, la única extensión de bosque seco tropical, a nivel nacional, se eleva sobre el cerro San Diego. Hacia el sur, se extienden 280 manzanas de lotes agrícolas, hechos entre pequeños cercos de roca volcánica en la ladera del cerro, que hasta el 2003 pertenecían al ANP.

El acta del Consejo de Ministros del 2 de mayo de 1983 detallaba una extensión original de dos mil 213 hectáreas, de las que sólo se transfirieron al Estado 1 mil 866 en enero de 2006, aunque sigue pendiente el acta de entrega oficial. Según un memorando interno de la DGPN entregado al ex ministro Barrera, “actualmente se ha parcelado un total de 347.421750 hectáreas por parte del ISTA.”

“En esa zona nos habíamos metido de lleno. Una de las primeras cosas que hicimos fue reforestar con especies nativas el mismo sito que después fue parcelado”, asegura Lidia Castillo, directora ejecutiva del Centro de Protección para Desastres (CEPRODE), la ONG encargada de co manejar la ANP. La parcelación que contaba con el aval del ISTA –y, según López, del mismo MARN- tiró por el traste diferentes acciones encaminadas a proteger la zona.

“En este caso hubo un acuerdo previo. Y ahí estuvo metido el MARN, el MAG, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) –que hizo la medición- y el programa del Plan Trifinio”, recuerda López y prosigue: “Se dijo que ya que esta gente estaba metida de forma desperdigada dentro del ANP era mejor moverla y se hizo una parcelación. A cambio de esa porción, el ISTA entregó un par de lagunas chiquitas y tres cerros… Alguien tiene que tomar la responsabilidad con la gente que está ahí adentro”.

Según el presidente del ISTA, la última palabra en la parcelación la tuvo Medio Ambiente. “El ISTA no es quien va a ir a sacar a nadie. Si preguntan: ‘¿me pueden adjudicar esta porción?’, nosotros les decimos que no porque esta dentro del ANP. Si quiere resolver su situación tiene que ir al MARN; y si ellos evalúan que esas tierras tienen vocación nos dice: ‘si, denla’. Por eso se hizo eso en San Diego”, dice.

Para la gente de CEPRODE, la adjudicación se hizo de manera irresponsable con tierras que no tienen ninguna vocación agrícola. Incluso, el mismo plan de manejo realizado por el CATIE y el MAG explicaba que “el cerro San Diego y sus alrededores presenta suelo clase VIII”, tierras restringidas para el uso agrícola y aptas únicamente para vegetación permanente de protección de vida silvestre o recreación ambiental.

En verano, algunas mazorcas secas todavía cuelgan de las matas dobladas de maíz de la última cosecha. En el suelo, las rocas de lava sobresalen de la tierra. Junto a ellas, se encuentran botellas de abono e insecticidas químicos. “Son 130 personas beneficiadas con tierras que están en una zona de recarga acuífera importante para el lago de Güija, una zona que debería ser de protección total y que no les darán buenas cosechas por mucho tiempo… pero se repartieron”, analiza Miguel Estrada, técnico encargado del área. “Mientras no exista una verdadera transferencia y con la política del ISTA de dar tierra, seguirán desmembrando las ANP”.

La lucha por las áreas protegidas
El estado de deterioro de los recursos naturales en El Salvador llamó la atención a partir de los años 40 y generó la necesidad de iniciar un trabajo de protección de diferentes áreas.

El génesis

La Unidad de Parques Nacionales y Vida Silvestre inició el proceso de identificación y evaluación de las áreas naturales con potencial para integrar un Sistema de Áreas Naturales y, para 1976, se identificaron 47 áreas naturales que tenían diversos regímenes de tenencia. A la par de ello, la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación identificó otras 52 áreas con valor arqueológico, histórico y etnográfico a nivel nacional. Las primeras Áreas Naturales a ser manejadas fueron Montecristo y El Imposible, adquiridas por el Estado para su conservación; además de la Laguna El Jocotal, la Barra de Santiago y Los Andes.

La reforma agraria

La implementación de la Ley Básica del proceso de Reforma Agraria en 1980  permitió reservar más de 22 mil hectáreas de las principales áreas naturales, afectando haciendas con 92 áreas boscosas identificadas, que representaban un poco más del 50 por ciento de la principales áreas naturales del país del país. Para 1981, la Unidad fue elevada a Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre (PANAVIS) que, conjuntamente con la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación, propuso la creación de un Sistema de Áreas Protegidas que incluían 98 terrenos identificados: seis ya administrados por el Estado más 64 áreas nuevas identificadas durante la Reforma Agraria, 10 contenidas en propiedades privadas y municipales y las 18 áreas culturales existentes. El conflicto armado no permitió que los grandes objetivos de este Sistema se llevaran a cabo.

Leyes para las áreas

Al principio de la década de los 90, se continuó con el proceso sobre la Planificación Estratégica del las Áreas Naturales Protegidas que culminó con la Propuesta del Sistema Salvadoreño de Áreas Protegidas (SISAP), en el que se incrementaba el número de áreas protegidas 125, en 1994
. Por Decreto Legislativo entra en vigencia la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, la cual incluyó las áreas culturales, y en 1998 se promulga la Ley del Medio Ambiente que establece el capítulo Único de Áreas Naturales Protegidas donde responsabiliza al MARN para su gestión. Un proceso de transferencia que se inicia en 1999 y que todavía no ha terminado.

La situación se repite en las ANP de Taquillo, en Chiltiupán, y Talcualhuya, en San Juan Opico, ambas en La Libertad y dispuestas en el listado de áreas del Sector Reformado con potencial para Integrar el SANP Actualizado a febrero 2003. En la primera de las 207 hectáreas estipuladas originalmente en el decreto de ministros sólo se entregaron 141. En la segunda, se han parcelado 520 hectáreas, un 80 por ciento del área original, quedando parches de vegetación natural a la orilla de los ríos María Seca, Pacayán, Tehuicho y Talcualhuya; además de la quebrada Los Menjívar.

En ambos casos, López asegura que al momento de que se tomó la decisión de convertir estos terrenos en ANP no se tomó en cuenta que ya existía gente viviendo en ellos; o, en el peor de los casos, la gente se tomó las tierras con el transcurso del tiempo. “En Taquillo hay gente que vino desplazada de Honduras, con la guerra de las 100 horas, en 1969, mucho tiempo antes de que se les ocurriera la palabra de ANP. Estaba desde antes de la reforma agraria y había que resolverles su situación”, dijo el presidente del ISTA.

“El área que se delimitó o que se marcó sí existe en Talcualhuya, pero que lo que haya allá adentro ya no sea bosque es otra cosa”, explicó López, quien se desvinculó, aún siendo el ISTA el tenedor legal del área, de que en la zona se encuentre gente trabajando porciones agrícolas sin permiso alguno. “Hace dos años identificamos cerca de 160 familias que llegan a trabajar ahí. Sí podemos decir que es ilegal lo que hacen pero qué hago ante una persona que me dice que necesita media manzana para alimentar a su familia”, cuestionó.

“Yo considero que no hemos caído en ninguna ilegalidad desde el momento en que las Áreas, de alguna manera, no han estado debidamente medidas e inscritas. Usted me podrá decir que nos hemos aprovechado de esa incertidumbre… posiblemente así se vea. Pero lo que sí no hemos hecho es meter a nadie en las Áreas. Hemos tratado, en alguna medida, de ir ordenando la situación”, dijo López.

Sin recursos para medición

Transferir estas áreas por completo al Estado tendría en el problema económico, según López, su principal traba. “No hay recursos para delimitar las ANP”, repite a El Faro y hace números rápidamente: “740 mil 302 dólares solo por hacer todo el proceso de transferencia de áreas a puro plano. Ya medirlas tendría un costo adicional de 35 dólares por hectárea”.

“No es ilegalidad, yo le llamaría irregularidad porque en un momento una situación coyuntural privó sobre una legal. ¿Qué se tuvo que haber hecho? debimos haber ido a medir y entregar el área que correspondía”, asegura López.

El presidente del ISTA desestima que se pudiera resolver el problema de las ANP dando otras tierras en posesión del ISTA y que no están registradas como Áreas Naturales. “La posibilidad se vio en 1998. Entonces se discutió y se tenía un estimado de 30 mil familias metidas en tierras del Estado, incluyendo manglares y ANP. Con un cálculo de 1.5 manzanas por familia y al precio actual, de tres mil a tres mil 500 dólares por manzana, andaríamos entre los 135 y 157.5 millones de dólares. ¿De dónde sacamos ese dinero?”, pregunta.

“Ese proceso lleva su tiempo porque tiene que ver con las definiciones territoriales de cada una de las propiedades y en eso había habido algunas dificultades. Es parte de un proceso que no es tan fácil porque tienen que hacerse todas las mediciones”, explica Hugo Barrera, ex ministro de Medio Ambiente, quien reconoce que cuando habló del tema con los miembros de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) les explicó que no se podía proceder a la transferencias de la ANP “mientras no se tenga, técnicamente hablando, las dimensiones exactas de las propiedades del MARN, que son las que tienen que ser inscritas en el registro”.

Entre las prioridades del presupuesto del ISTA se destaca que debe “promover el mantenimiento del equilibrio ecológico del sector agropecuario reformado, a través de la transferencia de áreas de reserva natural al MARN, para su protección y preservación”. Algo que no parece tener claro el nuevo ministro de Medio Ambiente, Carlos Guerrero.

En la práctica, el proceso de transferencia requiere la intervención del ISTA en 11 de los 16 pasos necesarios y, en un primer momento, recae en una sola persona, Carolina Herrera, entre las 202 plazas a tiempo completo que dispone la institución.

Herrera es en la práctica la Unidad Ambiental del ISTA (es la única empleada de la Unidad) y su labor la realiza, según explica, “aprovechando los recursos” cuando se puede. “Cuando me entero que van para una zona a medir, aprovecho para utilizar el vehículo y a los topógrafos. Ya cuando queremos medir un terreno específico tengo que coordinar con otras áreas de la institución para tener el personal”.

López reconoce que se prioriza la medición de terrenos cuando estos cuentan con propietarios que deben cancelar todos los servicios que presta la institución. Pero  esquiva una y otra vez explicar cuál es el porcentaje del presupuesto del ISTA destinado para la medición y transferencia de las ANP. En la actualidad, según propias cuentas del presidente del Instituto, se cuenta con 4.8 millones de dólares, entre el dinero que reciben del Estado (2.2 millones) y los ingresos propios. López promete que su institución iniciará a partir del segundo trimestre del año los procesos de transferencia de 40 propiedades más, sólo 10 de ellas del listado de 118 del sector reformado.

“Hay que remedir las ANP. En algunos casos nos vamos a encontrar con sorpresas de que es más tierra. Entre los terrenos que hemos transferido hay casos en los que sí es más tierra la que se les ha dado, más de la que está apuntada en un papel”, promete López, aunque ni él ni Guerrero sabe de dónde saldrán los fondos para las remediciones.

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