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Colegios privados sin supervisión de Mined

Pequeños colegios privados funcionan siguiendo el criterio de sus dueños y obedeciendo a la oferta y la demanda. De las anomalías y faltas que se cometen en el negocio de la educación, el Ministerio no siempre se entera.

Karla Argueta
[email protected]
Publicada el 05 de marzo - El Faro

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Es hora del recreo para los alumnos que estudian bachillerato por la tarde. Pese a que sólo son 50, a diferencia del turno de la mañana al que asisten 350 jóvenes, en la casa de dos plantas que los alberga no sobra espacio. Literalmente, a algunos, una pequeña tienda y el área de merienda, ubicada en uno de los pasillos del segundo nivel, les queda  a la salida del salón de clase, a un paso; mientras que los baños están a unos 10 metros. Una pequeña corriente de agua que sale del lavabo, y  un penetrante olor indican cuál es el camino hacia ellos.

Adentro de algunos salones, en donde el calor se concentra, casi tanto como los alumnos, los pupitres guardan una distancia entre sí de un poco más de treinta centímetros, en un área que podría perfectamente ser un dormitorio. Uno de ellos cuenta con una especie de sistema de ventilación peculiar: una de las paredes construida con pedazos de lámina y otros materiales tiene algunos huecos que permiten estar pendientes de lo que sucede afuera.

Luego de 28 años de funcionamiento en el mismo lugar, una nueva zona de recreo está siendo construida en la “terraza” en lo que fue un tendedero de ropa, en la tercera planta, a la que se llega por unos estrechos y altos escalones de concreto. “El Instituto Cultural Oxford quiere estar a la altura” asegura su orgulloso sub director, Arquel Alegría.

Silvia de Carranza, una de las técnicos del área de acreditación del Ministerio de Educación (Mined),  que se encargan de otorgar los permisos de creación, funcionamiento y ampliación de centros escolares privados, asegura que pese a las casi tres décadas que tiene de funcionar el colegio, “Algo así no puede estar funcionando. Autorizado bajo estas condiciones no puede estar”.

El  Ministerio de Educación exige en términos de infraesctructura una autorización previa de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) o de la Alcaldía correspondiente; sin embargo en una hoja de papel bond, tamaño oficio, algunos de los requisitos están claros: salones de clase espaciosos en donde cada alumno tenga un poco más de un metro cuadrado de área, dos servicios sanitarios mínimos por cada 30, 40 estudiantes; un área de recreo que represente el 40% del total del terreno; así como biblioteca con área de lectura y laboratorio para aquellos centros que cuenten con bachillerato.

Hasta la fecha, el Mined conatabiliza 1 mil 7 colegios privados, que junto con los de la red pública, 5 mil 159, deben atender a un millón 803 mil 495 estudiantes, según indica el detalle de matrícula que maneja el Ministerio.

Pese a que en un primer momento el Mined exige los requisitos, de Carranza asegura que en un futuro nada garantiza que los centros de estudios continúen cumpliéndolos, pues la entidad no cuenta con programas formales de revisión y acreditación de centros escolares privados. Y a ello le suma que el Mined no puede inmiscuirse en algunos asuntos, porque se trata de una empresa privada con la que el padre de familia adquiere un contrato, sabedor de las cláusulas.

El Ministerio de Educación tiene 370 asesores pedagógicos para 6 mil 166 centros de estudios en todo el país, públicos y privados. En teoría, ellos, según la Jefa del departamento de Acreditación y Coordinación de Centros Educativos, Hilda Guillén, son los responsables de reportar deficiencias y anomalías, pero matiza que tampoco  “han decidido hacer una  cacería de brujas  para cerrar todos los colegios que incumplen con las normas”.

De Carranza admite que el mecanismo para enterarse de muchos de los casos ha sido la denuncia de los mismos padres de familia, y no el seguimiento del Ministerio, a quien la ley faculta para establecer sanciones que van desde el pago de multas hasta la revocatoria de la autorización de funcionamiento.

Según el artículo 97, inciso “b”, de la Ley General de Educación, la única que en estos momentos regula el funcionamiento de centros privados de estudio, una falta grave es ofrecer servicios educativos sin disponer de la infraestructura mínima, el equipamiento necesario y el personal calificado.

Más que problemas de infraestructura
En el Mined los llamados de atención no se limitan a la deficiente infraestructura de algunos colegios.  Hay otros por fusión de grados, cobros indebidos, contratación de maestros sin escalafón y retención de documentos.

“Nosotros con los más pequeños trabajamos de una forma didáctica”, le explicaba a una madre la directora del Centro de Estudios Diego de Holguín.
La mujer, sorprendida, preguntó sobre la modalidad. “En un mismo salón están los de primero y segundo grado, y en otro, los de tercero y cuarto. Cada grupito tiene su pizarra, y la verdad, los que salen beneficiados son los más pequeños, porque muchas veces logran desarrollar cuestiones de los más grandes. Así cada quien avanza a su ritmo”, argumentó.

La “modalidad didáctica” de la que hablaba es calificada por el Ministerio de Educación como fusión de grados, y está expresamente prohibida en los requisitos iniciales de creación y funcionamiento de un centro escolar.

La “técnica de enseñanza” es defendida también por la directora del Colegio Orbe, un centro de estudios privado de orientación cristiana en Mejicanos. Antes de aceptar a un candidato a alumno en noveno grado, la maestra, según el título que cuelga de una pared deteriorada de su oficina, aclara que éste y octavo grado compartirán el mismo salón para las clases de matemáticas, pues “noveno es un repaso de octavo de grado”.

En el Diego de Holguín  los cobros son mayores a los que establece la Ley General de Educación en el artículo 83: matrícula y mensualidad, pues al padre de familia se le exige el pago por uso de inmobiliario y equipo ($15 anual cada alumno), así como una cantidad de dinero por la escuela de padres ($11.43 anual por familia); y $0.50 para pagar el transporte privado que llevará al alumno a las canchas donde recibirá educación física, pues la institución no cuenta con una.

El ejemplo, nuevamente, sorprendió a Guillén, y pese a que aseguró que podían ser amonestados, matizó que la Ley puede no ser útil en algunos casos porque no define qué es matrícula, ni qué servicios van contemplados en ella, y nuevamente recalcó lo que aceptó desde un inicio: La falta de seguimiento programado ha sido una de las causas de las faltas de muchos centros educativos privados.

De un reporte de 27 centros escolares privados visitados durante el 2006, once de estos han sido investigados por cobros indebidos, algunos en más de una ocasión durante el año pasado.

“Confío en que esto es mejor que una escuela”
Sobre el incumplimiento de los requisitos del Mined por parte de algunos colegios, Guillén  y de Carranza también encuentran otra explicación: “la comodidad de los padres de familia”, quienes prefieren buscar centros escolares cercanos a sus hogares o que por lo menos los tengan a su cuidado unas cuantas horas por la mañana, sin preocuparse por la calidad educativa.

En dos zonas residenciales contiguas, San Pedro y La Gloria, en Mejicanos, existen tantos colegios como tiendas, pese a que en cuatro kilómetros sólo existen dos escuelas públicas. Los anuncios en los postes  del tendido eléctrico anunciando centros educativos se ven por todas partes, así como los letreros y colores llamativos en algunas casas. En total existen, visibles, cinco colegios privados instalados en casas, mientras que uno más al que asisten los niños de la colonia está situado sobre el Bulevar  Constitución.

“Uno quisiera que sus hijos tengan lo mejor, pero esto es lo que se puede pagar, y confío en que es mejor que una escuela (pública)” asegura Carmen Ventura, quien espera a su hija de once años a las afueras de su centro de estudios. Ventura paga $20 mensualmente, más $4 en concepto de computación.

“Lo que pagaría en un gran colegio, sería probablemente más del doble de $24, y como no quiero que mi hija estudie en una escuela pública, está bien esto”, comenta Ventura.

La administradora del Centro Cultural Italiano, ubicado frente al Oxford y a un centro de estudios “bilingüe”, asegura que muchos de los alumnos  que ella recibe en el centro de estudios de su hijo provienen del sistema público.

La administradora encuentra dos problemas: por una parte, “las escuelas públicas tienen grandes deficiencias, que todo mundo sabe, y no pueden atender a toda la demanda”, y además “hoy ni en un centro de estudios se está seguro, por lo de las maras y la delincuencia”.

Sin embargo, la jefa de acreditaciones del Mined asegura que la falta de calidad es más un mito que una realidad, pues la educación de muchas instituciones públicas es superior a la de los colegios pequeños, y eso puede comprobarse, al menos con los centros de estudio públicos que imparten Bachillerato, a través de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes (Paes).

Según el boletín del Mined, en el 2006 pese a la diferencia entre el promedio general de calificaciones de los alumnos del colegios privados (5.88) e institutos públicos (5.39), la entidad destaca que la mejora es más evidente en el sector público que el privado, pues aumentó en mayor proporción.

Guillén cree que la creación de colegios obedece a la demanda, de la que no está segura que el Mined podría atender. En los meses de agosto, septiembre, octubre, e incluso diciembre, la oficina de Acreditaciones está acostumbrada a recibir alrededor de 200 solicitudes; de ellas, según Guillén, no se aprueba ni la mitad.

Otros problemas por resolver
Una de las principales debilidades de la actual Ley General de Educación es la poca regulación que existe en el aumento de  las cuotas escolares.

Actualmente, un centro educativo que desea aumentar el precio de la matrícula y mensualidad únicamente debe informarlo al Ministerio de Educación, llevar a cabo una Asamblea de Padres de Familia y presentar el acta correspondiente de celebración.

“Lo que se está analizando y estudiando es que los centros educativos además de solicitar hacer incremento, presenten un plan que determine cuánto de ese dinero se a va utilizar para mejorar la calidad del centro educativo”, aseguró Guillén.

La encargada de acreditaciones también reveló que se está trabajando en modificaciones a la Ley General de Educación, que data desde 1996, para que esté acorde a la realidad y permita ser más rigurosos.

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