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Dos grupos de exterminio operan en Guatemala

Desde la PNC y desde el Ministerio de Gobernación se organizaron dos grupos para “exterminar” a delincuentes y pandilleros.  Pronto, las estructuras “paralelas” se salieron de control.

El Faro
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Publicada el 05 de marzo - El Faro

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Dos grupos de exterminio funcionan desde las estructuras formales del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil de Guatemala, éste último enraizado dentro de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC). Su misión original era realizar trabajos de limpieza social, asesinando mareros y delincuentes vinculados a narcotraficantes, siguiendo órdenes directas de altos mandos dentro de ambas instituciones.  Pero pronto sus integrantes encontraron que tenían luz verde para hacer sus propios trabajos por “encargo”. Uno de estos grupos, el de la PNC, fue el encargado de ejecutar el pasado 19 de febrero a tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su conductor.  

Según varias fuentes consultadas en Guatemala por El Faro, ambos grupos estarían integrados por 15 elementos entre agentes de la PNC en servicio y ex kaibiles -comandos especiales del ejército guatemalteco entrenados en “El Infierno”, la región norteña de El Petén, durante el pasado conflicto- y sus órdenes serían dadas por cuatro jefes jerárquicamente establecidos. Su estructura de funcionamiento incluye casas de seguridad y de tortura, una de ellas ubicada en Villa Canales, a pocos kilómetros de donde fueron encontrados los cadáveres calcinados de los diputados Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte y Ramón González, así como del agente del PPI Gerardo Ramírez.

El Presidente de la República, Antonio Saca, aseguró el 1 de marzo pasado a la agencia de noticias ACAN-EFE que “los diputados fueron secuestrados en la capital de Guatemala, fueron llevados a una casa de seguridad, fueron torturados y, posteriormente, asesinados y calcinados. Es una salvajada cometida por policías guatemaltecos, que luego fueron ejecutados precisamente para cerrar la investigación”. La declaración del primer mandatario salvadoreño no encontró eco entre las máximas autoridades de seguridad de Guatemala. Pero entre periodistas,  políticos y ciudadanos en general, la existencia de estos grupos armados “paralelos” es un secreto a voces. 

Según varias de las fuentes consultadas, la “casa de seguridad” en la que habrían sido torturados los salvadoreños es en realidad un lugar en el que la policía lleva a cabo “interrogatorios” que terminan, muchas veces, en el hallazgo del cadáver de las personas “interrogadas”.

“Cuidado con la policía”

Las recomendaciones que hacen los guatemaltecos para los extranjeros que visitan su país no difieren de las que podrían hacer los salvadoreños en su propia tierra: “nada de abordar taxis ruteros”, “nada de joyas cuando caminen por el centro (la zona uno)” y “evite meterse en zonas peligrosas (El Gallito, El Porvenir, la Santa Fe o La Libertad, por citar algunos barrios o colonias parecidas a las salvadoreñas “Las Palmas” o “La Iberia”) donde los 'cholos' (las maras) mantienen el dominio”. Nada inusual hasta que recomiendan tomar precauciones extras con los agentes de la Policía Nacional Civil. “No está de más… ya ve lo que le pasó a los diputados salvadoreños”, remarca un dependiente de un Súper 24, en la zona siete.

Los mismos números de la PNC guatemalteca dan cuenta de ello. En 2006, la corporación policial contabilizó 1 mil 244 delitos y faltas graves cometidos por sus propios miembros. Si bien el dato arroja 152 casos menos que en 2005, en ellos se incluyen 30 casos de desaparición forzada, 50 detenciones ilegales, 55 agresiones, 30 allanamientos ilegales, 100 casos de cohecho, 50 extorsiones y 25 casos de complicidad con narcotraficantes. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) da más luces con las estadísticas de las 134 denuncias que recibieron el año pasado contra personal de la policía guatemalteca: 55 casos de abuso de autoridad, 31 detenciones ilegales, 18 desapariciones forzadas y cuatro ejecuciones extrajudiciales.

Los datos podrían ser mayores toda vez que –según las estadísticas del Centro Internacional para la Investigación de Derechos Humanos (CIIDH) en su informe “Violencia en Guatemala”, de junio de 2006-, sólo el 45 por ciento de los delitos son denunciados en Guatemala. De ellos, sólo el 20 por ciento es investigado y un dos por ciento termina con una condena.

Guatemala sufrió cinco mil 338 asesinatos durante el 2005, con una tasa de 44 homicidios por cada cien mil habitantes y un costo social de 17.9 millardos de quetzales (2.4 mil millones de dólares), equivalentes al 7.32 por ciento de su Producto Interno Bruto. El dato, según reporta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los colocaba como el tercer país más violento del continente, sólo abajo de Venezuela y El Salvador. El año pasado el dato aumentó a cinco mil 885 asesinatos y, según datos de la PDH, unos mil 337 de ellos estuvieron relacionados de alguna forma con actividades delictivas.

“El dato de ejecuciones extrajudiciales es mucho mayor. Es producto de una limpieza social sistemática que se inició hace dos años”, dice Juan Carlos (nombre ficticio por razones de seguridad), un ex agente de la PNC, y tuerce la cara. Para hablar con El Faro tomó sus propias medidas de seguridad. “Nada de grabadoras... me pueden matar sólo por que me vean con un periodista guatemalteco… no se diga más si es uno salvadoreño. Mire muchá que yo no tengo dinero, soy uno más sin guardaespaldas… no soy el General (Otto) Pérez que puede decir lo que quiera porque anda con cuatro tipos que lo cuidan”, había dicho en una primera reunión.

Dos días después, Juan Carlos hablaba con una Coca Cola entre las manos y encendiendo el cigarro con la cabuya del último que tenía entre sus labios. “Usted averígüese los números de cuántos cholos y narcos se han matado entre ellos… si se los dan, tenga en cuenta que la mitad, sino más, podría ser cuenta de grupos armados que actúan con el permiso y la dejadez de la policía y el Ministerio de Gobernación…”, afirma. Hasta finales de agosto de 2006, se estimaba que entre 350 y 400 pandilleros habían muerto a manos de “escuadrones de la muerte”.

La mayoría de personas accedieron a hablar bajo las mismas condiciones: nada de grabadoras o nombres propios. Así, hablaron ex asesores del gobierno del presidente Berger, abogados de instituciones de derechos humanos –la gubernamental y otras no gubernamentales-, ex agentes, miembros activos de la PNC y políticos.

Gabriel (nombre ficticio), ex miembro de la corporación, habla con la voz entrecortada. Un trago entre sus manos le da el valor que le falta para dibujar el panorama que ha visto dentro de la corporación en los últimos dos años. “Las cosas se salieron de control desde que llegó el director (Erwin) Sperisen”, dice, hace una pausa larga y pone el vaso en la mesa. “A cada rato tocaba ir a ver cholos que supuestamente se habían matado entre ellos… pero todos sabemos que desde el mismo gobierno se han hecho comandos para deshacerse de esos criminales… porque sí eran criminales, pues… y está bien que se maten entre ellos, pero no creo que tenga que hacerse así cuando uno es la autoridad”, resume.

Los relatos sueltos tomaron forma la semana pasada. Primero, con la denuncia pública que hizo el lunes pasado el general retirado Otto Pérez Molina, candidato a la presidencia por el Partido Patriota (PP), quien acusó al primer mandatario guatemalteco, Óscar Berger, y su ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, de permitir “dos escuadrones de la muerte”  con vínculos en la Policía y en Gobernación. Segundo, con la publicación del viernes de El Periódico, en la que revela una denuncia hecha en enero de 2006 contra  Vielmann y el jefe de la División de Investigación Criminal (DINC), Víctor Soto, de manejar un escuadrón de exterminio. El gobierno saldó la primera tildándola de un acto de “politiquería” de Pérez Molina. La segunda, le valió el cargo a Soto y su superior, el subdirector general de Investigación Criminal, Javier Figueroa, quién habría presentado su renuncia el 26 de febrero pasado, y que ayer viajó con su familia a Costa Rica “para tomar vacaciones”.

“Nosotros tenemos información de cómo están estructurados y cómo están operando estos grupos”, dijo Pérez Molina.“Operando con la complacencia de las autoridades, bajo las órdenes un subdirector de la PNC y un alto asesor del ministro Vielmann”. ¿Nombres?, “No los damos por seguridad y para que no se entorpezca la investigación del caso”, sostuvo. Sin embargo, en la edición del viernes del diario guatemalteco Siglo XXI, el político hizo referencia directa a Figueroa como uno de los supuestos encargados de dirigir o permitir el grupo de exterminio desde la PNC. “Las destituciones se quedaron cortas, porque también debería de dejar el cargo Víctor Rivera, asesor de Gobernación”, sentenció Pérez Molina.

El amigo del director
Javier Figueroa, un ginecólogo de 35 años, llegó a la PNC guatemalteca de la mano del mismo Sperisen. Amigo de infancia del director, este médico de profesión que hasta entonces laboraba en Centro Médico Militar y dueño de la empresa Eco-Torner S.A., entró en la corporación policial como asesor ad honorem y, a finales de 2005, fue recomendado para asumir la Subdirección General de Salud Policial (SISAP). El 13 de enero de 2006, el “doctor”, como es conocido en los corrillos policiales, fue nombrado Comisario General y asumió la dirección de la SGIC –subdirección en la que se reúnen los departamentos de inteligencia y análisis policial (División de Investigación Criminal (DINC), División de Información Policial (DIP) y el Centro de Recopilación, Análisis y Gestión de Información Criminal (CRADIC), la División de Planificación contra el Crimen (DPC) y el Gabinete Criminalístico (GACRI)); el manejo de escenas del crimen (DIPEC), armas y explosivos (DIDAE); y las divisiones de policía cibernética (POLCIB) e internacional (INTERPOL)-. Su nombramiento generó abundantes críticas. Primero, por la forma en que se cambió la ley para su contratación, al igual que la de otros 30 ex militares; segundo, por su inexperiencia en materia de seguridad.

La contratación de Figueroa se amparó en el Acuerdo Gubernativo 662-2005, del 9 de diciembre de 2005, en el que se promovió el acceso de civiles y militares a la policía, permitiendo que personas sin experiencia en la carrera policial o que no hayan pasado por la Academia de Seguridad Pública –contraviniendo los Acuerdos de Paz y las recomendaciones de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA)- ocupen altos cargos en la corporación.

“Figueroa ya asesoraba a la antigua Subdirección de Investigación Criminal a finales de 2005. En una sola semana nombraron ocho nuevos subdirectores como parte de la reestructuración de la PNC, crearon la nueva SGIC  y lo pusieron a él a cargo el 13 de enero de 2006”, recuerda Gabriel. “El director de la PNC dijo que le otorgaba el cargo porque era ‘una persona de extrema confianza’ que venía de afuera de los esquemas corrompidos de la PNC… incluso, hasta dijo que su profesión de médico era importante porque iba a dar elementos de medicina forense a la investigación de delitos… ¡Si es ginecólogo y no un experto forense!”

La creación de la SGIC era parte de una reestructuración de la PNC guatemalteca que pretendía incluir una auto depuración, un proceso necesario después del “reciclaje” de elementos que se dio durante la creación de la Policía en 1997, que permitió que un 85 por ciento de los mandos medios y altos y un 50 por ciento de los agentes quedaran dentro de la nueva institución. “Pero Figueroa no hizo eso, al contrario, llevó a Soto como jefe de la nueva DINC después de que se tenían muchas dudas sobre él cuando había estado a cargo de la SIC. Le dio el mismo cargo sólo que cambiaron las siglas y le dio el mando de 350 investigadores”, dice otra fuente consultada.

El currículo de Víctor Hugo Soto Diéguez es amplio. Inició su carrera policíaca en 1986, cuando pasó del extinto Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) a la Brigada de Investigación Especial Narcótica (BIEN) de la antigua Policía Nacional. En 2002, como Jefe de Operaciones del Servicio de Investigación Criminal, Soto saltó a la palestra pública luego de que elementos del Servicio se enfrentaran a tiros con soldados sobre la avenida Simeón Cañas, en la Zona 2, durante lo que oficialmente se dio a conocer como “el rescate de un secuestrado”.

En 2004, cuando el Ministerio Público solicitaba una investigación amplia sobre Soto y sus actividades, la dirección de la PNC lo condecoró por su destacado trabajo en la corporación en medio de dudas de diferentes organismos pro defensa de derechos humanos en Guatemala. El año pasado, Soto encabezó uno de los operativos en la toma de la cárcel de Pavón, donde la PDH señaló que se dio la ejecución extrajudicial de siete reos.

La presencia de Soto no era el único pero en la gestión de Figueroa al frente de la SGIC.  El ginecólogo vio empañada su labor durante los últimos 14 meses en varias ocasiones por diferentes situaciones. Primero, después de ser denunciado por dos empleados del Aeroclub de Guatemala por abuso de autoridad, amenazas y maltrato verbal y físico a finales de mayo de 2006. La segunda, cuando fue mencionado por el coronel José Israel Palacios, ex subdirector del CMM, de estar vinculado en el secuestro y posterior asesinato de su hija, el 22 de junio de 2005, según el expediente número 54955-05 de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, y dado a conocer públicamente en agosto de 2006.

Asesinatos extrajudiciales

Figueroa y Soto estarían involucrados en la organización del grupo de exterminio dentro de la PNC, que se encargó, en un primer momento, de cazar a los reos que se escaparon de la prisión de máxima seguridad de Escuintla, conocida como "El Infiernito", ubicada al sur de Guatemala, el 22 de octubre de 2005.

Según las fuentes consultadas, las recapturas se convierten en verdaderas cacerías. La primera, el asesinato de de Edwin Estuardo Santa Cruz, preso por robo, asesinato y secuestro, que resulta muerto luego de enfrentarse en una supuesta balacera con la policía el 3 de noviembre de 2005.

“Otro caso es el de otro reo muerto en Barberena, otro pueblo en la carretera a El Salvador, el 14 de noviembre. (“Humberto Ruiz Fuentes, quien cayó abatido durante una balacera en Barberena, Santa Rosa, cuando era perseguido por agentes policiales”, según reportes de prensa publicados por El Periódico). La versión oficial fue que lo encontraron en Barberena, se resistió al arresto y murió en enfrentamiento… pero Ruiz Fuentes presentaba signos de tortura”, dijo una fuente.

Otros dos reos habrían muerto en una situación similar en la aldea Los Amates, en Pasaco, Jutiapa, el 1 de diciembre de 2005. José María Maldonado Sosa y Julián Morales Blanco, condenados a 50 años de prisión, se habrían refugiado en una cueva y abierto fuego contra los agentes de la PNC que los perseguían. “Tenían armas y abrieron fuego contra los agentes, estos tuvieron que responder y lamentablemente murieron (los fugados)”, relató Sperisen. A los fallecidos se les encontró un revolver calibre 38 y un machete.

“Lo que se vio fue una cacería y no un proceso de recaptura. La consigna era que valían más muertos que vivos”, asegura la fuente consultada. “El grupo era manejado desde lo más alto y tenían conocimiento de ello hasta el mismo director de la PNC. Pero no había problema porque eran delincuentes y la gente y los medios de comunicación se prestaron al juego de que muertos estaban mejor”. En total, 10 de los 19 reos habrían muerto durante sus intentos de recaptura.

El mismo equipo habría participado entre agentes de la policía y militares en la recuperación de la granja cárcel de Pavón, el 25 de septiembre de 2006, donde Sergio Morales, procurador de Derechos Humanos de Guatemala, señaló la existencia de siete ejecuciones extrajudiciales. En la toma murieron los reclusos José Abraham Tiniguar Guevara, Mario Misael Castillo, Erick Estuardo Mayorga Guerra, Jorge Estuardo Batres Pinto, Carlos René Barrientos Vásquez, Gustavo Alonso Correa Sánchez y Luis Alfonso Zepeda González, quienes fueron separados del resto del grupo cuando ya estaban bajo control y luego aparecieron asesinados.

El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Rodrigo Ávila, reveló pocos días después del asesinato de los parlamentarios salvadoreños que sus victimarios tenían ya planificado simular un enfrentamiento con una banda de narcotraficantes cerca del lugar del crimen, asesinarlos y colocarles las armas con que dieron muerte a los parlamentarios salvadoreños, para responsabilizarlos del hecho.

Grupos al margen

Para Pérez Molina, la impunidad en secuestros y asesinatos, junto a las investigaciones parcializadas que se realizan desde la DINC, es una muestra de que “existen grupos armados que son protegidos por el mismo Estado guatemalteco… Esto es un secreto a voces”.

Pérez Molina no es el único que piensa así. Iduvina Hernández, directora de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM), cree que ya no se puede hablar de organismos paralelos, sino de “orgánicos” al gobierno, ya sea por anuencia a investigarlos o porque son organizados desde su interior.

Para Hernández, el ejemplo claro se ve en los cuatro miembros de la DINC involucrados en la muerte de los diputados y su conductor. “En la División hay una línea de mando vertical en donde encontramos a personal de dos niveles diferentes vinculados en este crimen”, dice. “El mismo ministro Vielmann y el director Sperisen aseguraron al Congreso que los controles administrativos impuestos no permiten que ningún miembro se salte esta funcionalidad jerárquica. Entonces, no podemos decir que este grupo salió a cometer este ilícito en su hora de almuerzo… su jefe se tuvo que haber dado cuenta de inmediato que no estaban cuando se ausentan por más de cuatro horas”.

Hernández había reconocido a la revista puertorriqueña Albedrío, en marzo de 2006, la existencia de “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad semejantes a los escudarones de la muerte” vinculados al crimen organizado y “a ciertas estructuras del Estado guatemalteco, que a su vez están vinculadas a estructuras de seguridad, o que como mínimo cuentan con su apoyo para funcionar”; además de grupos de “acciones de limpieza social que son fuerzas de policías involucradas en la ejecución selectiva de personas de quienes las autoridades tienen información o sospechan que están vinculadas a actividades delictivas”.

Otros son más cautos, como Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack: “Existen grupos en los que hay agentes del estado involucrados pero no podríamos decir que responden a una política estatal… podrían ser simplemente agentes que trabajan en solitario o en pequeños grupos alquilándose al mejor postor y utilizan los recursos estatales para cometer sus crímenes”.

Para los optimistas, la separación de Figueroa y Soto parece ser el primer paso en la tan anunciada depuración de la PNC por parte del presidente Berger. Un proceso que permita identificar estructuras de crimen organizado dentro de la corporación policial y terminar con ellas. Incluso, el mismo Sperisen ya anunció que existen otros altos mandos a los que se les podría remover previo análisis del primer mandatario guatemalteco.

Para otros, solo fue un acto de maquillaje político a menos de siete meses de las elecciones guatemaltecas que pretendía evitar que se llegara a investigar a los más altos mandos del gabinete de seguridad del gobierno. De ser así, la depuración de la policía será una papa caliente que recaerá en manos del nuevo gobierno, a asumir el 14 de enero de 2008.

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