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REPORTAJE ESPECIAL

Ex presidente Flores y funcionarios de su gabinete señalados por "irregularidades" en enriquecimiento

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia accedieron a una petición de los bancos Salvadoreño, Agrícola y Cuscatlán de quitar a la Sección de Probidad la facultad de pedir informes bancarios sobre ex funcionarios. La presidenta de uno de los bancos y ex canciller de la República también aparece señalada en el informe.

Carlos Martínez
cartas@elfaro.net
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La lista de los señalados
A continuación presentamos la lista de los funcionarios observados por la Sección de Probidad. De cada uno se ofrece una transcripción literal del expediente elaborado por la Sección

- María Eugenia Brizuela de Ávila
- Juan José Daboub Abdalá
- Carlos Mauricio Duque González
- Francisco Flores Pérez
- Miguel Ernesto Lacayo Arguello
- Edgar Ramiro Mendoza Jerez
- Ruy Cesar Miranda González
- Enrique Molins Rubio
- Aldo Vinicio Parducci Meléndez
- Carlos Quintanilla Schimidt
- Mauricio Ramos Falla, seguro social.
- Guillermo Alfredo Sol Bang
- Flavio Villacorta Ibarra

El presidente de la Sección Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió informes a dos bancos, a principios de este año, sobre las cuentas del ex presidente de la República y otros altos funcionarios de su administración, pensando que el trámite sería de rutina. Durante más de 12 años los bancos habían respondido puntualmente a sus solicitudes. Hasta que llegó mayo de 2005.

José Eduardo Cáceres, jefe de la Sección Probidad, solicitó al Banco Agrícola y al Banco Salvadoreño una lista de informes sobre las cuentas de varios ex funcionarios, cuyas declaraciones patrimoniales le ameritaron "comentarios". En la lista figuran el ex presidente Francisco Flores y su esposa, Lourdes de Flores; el ex secretario técnico de la presidencia, Juan José Daboub, y el ex ministro de economía, Miguel Lacayo, de entre una lista de más de 13 nombres (ver recuadro).

En lugar de enviar los informes, los bancos decidieron remitir una carta al presidente del Órgano Judicial, Agustín García Calderón, objetando la facultad de la Sección de Probidad para pedirles informes.

La carta, respaldada además por el Banco Cuscatlán, fue enviada a García Calderón el tres de mayo y en ella los bancos argumentaron: "Revisando las disposiciones respectivas… no encontramos en ninguna de ellas disposición que faculten expresamente ni a la Sección de Probidad ni a la misma Corte Suprema de Justicia para solicitar información bancaria".

El punto fue discutido por los quince magistrados de la Suprema Corte el nueve de junio, y luego de una acalorada discusión se decidió, por mayoría de diez votos, retirar a la sección la facultad de pedirle informes a los bancos.

María Eugenia Brizuela de Ávila, ex canciller de la República, aparece también dentro del informe elaborado por el jefe de la Sección de Probidad. Pero su caso tiene una particularidad: desde el 11 de agosto del año pasado, ella es la presidenta del Banco Salvadoreño, uno de los que objetó las facultades de la Sección de Probidad.

Este punto no pasó inadvertido para el jefe de la Sección quien, en un memorando enviado a los magistrados, señaló: "Es hasta este año, -después de algún cambio en las presidencias de los bancos-… que dos bancos han mostrado resistencia a aceptar los requerimientos de la sección".

La ex funcionaria, hablando por teléfono desde su oficina en el Banco Salvadoreño, refutó: "Nunca pedimos que se revisara la atribución. Pedimos instrucciones sobre cómo cumplir con nuestras obligaciones", pese a que, según consta en la carta enviada por los bancos, éstos aseguran a la Corte que la Sección de Probidad no tiene las facultades legales para pedir este tipo de información.

Es la primera vez que las instituciones bancarias se niegan a entregar los informes requeridos por esta Sección, desde que, en 1992, a petición de la CSJ, se facultara a este organismo para pedir informaciones a instituciones "de toda naturaleza".

Al ser cuestionada por esto, Brizuela de Ávila dijo que su responsabilidad es "cuidar el secreto bancario" y que ni siquiera se repara en los nombres de quienes se ha solicitado información, aunque, en este caso, se trata de sus ex compañeros de gabinete.

Los ex funcionarios señalados

El 21 de febrero, Cáceres remitió a los magistrados de la CSJ un informe donde detalla una serie de irregularidades en el patrimonio de 13 ex funcionarios públicos que ejercieron durante el período de 1999 a 2004; es decir, durante la administración de Francisco Flores. También se observó el incremento patrimonial de algunas cónyuges de los ex servidores públicos.

El informe detalla que el ex mandatario, Francisco Flores Pérez, permutó un terreno ubicado en Punta San Juan, que no poseía cuando asumió el cargo, por otro, ubicado en la isla San Sebastián, ambos en la Bahía de Jiquilisco, departamento de Usulután. La transacción se realizó tres días antes de que Flores dejara su cargo.

El informe advierte que, para efectos de la transacción, ambos terrenos fueron valuados en exactamente el mismo precio, incluyendo centavos: 34 mil 285.61 dólares. "Tales valores son anormalmente bajos para las ubicaciones", agrega.

Flores fue señalado también por haber adquirido un préstamo por 90 mil dólares en el Banco Agrícola que no aparece declarado en su informe, a lo que la Sección de Probidad comenta: "Se pretende investigar operaciones activas y pasivas del declarante y su cónyuge y, muy especialmente, el destino del crédito mencionado".

En el caso del ex secretario técnico de la presidencia, Juan José Daboub, el informe menciona, entre otras observaciones: "El declarante presentó constancias extendidas por los contadores de diversas empresas, con idéntica redacción y que manifiestamente contenían falsedades, ya que los datos se contradecían en la misma constancia". Cuando la Sección notificó a Daboub sobre las irregularidades de su expediente, este simplemente sustituyó las constancias "sin ofrecer explicación alguna".

El nombre de la esposa del ex funcionario, Gloribel Silhy de Daboub, también aparece dentro una lista de nombres cuyos informes fueron solicitados al ministerio de Hacienda. La Sección decidió investigar sus ingresos debido a que consideran irregular que la sociedad "La Pirámide, S.A. de C.V." le haya repartido dividendos que representan el 217 por ciento de su participación.

Sobre el ex ministro Lacayo, luego de los cinco años que fungió como titular de Economía, la sección registró un incremento patrimonial de tres millones, 766 mil 398 dólares que justificó argumentando la venta de acciones que le fueron donadas por su padre. En este caso el jefe de la Sección de Probidad acota: "La Sección no está en posibilidades de investigar ya que todas las transacciones se hicieron en el exterior". (Para ver la lista completa de los ex funcionarios señalados ver recuadro).

Una carta para la Corte

La misiva de los bancos generó en Corte Plena, compuesta por los 15 magistrados de la CSJ, una calurosa discusión que concluyó con 10 votos a favor de quitarle a la Sección Probidad la facultad de pedir informes a los bancos, cuatro votos en contra y una abstención.

El debate trascendió de los argumentos jurídicos y llegó incluso al plano de las acusaciones políticas.

"Lo que ellos han hecho es un acto de traición a la patria", aseguró la magistrada Mirna Perla, en referencia a sus colegas que votaron a favor de la solicitud de los bancos.

René Fortín Magaña interpretó la carta como un acto de presión de los bancos sobre el máximo tribunal: "Con esta decisión se demuestra que los bancos pueden doblarle el brazo a la Corte Suprema de Justicia", consideró. Tanto Perla como Fortín Magaña votaron en contra de la medida.

Ulices del Dios Guzmán, uno de los 10 magistrados que respaldaron la solicitud de los bancos, respondió en el mismo tono. "Esas declaraciones son como de terrorismo institucional, porque atentan contra la institucionalidad del Estado. ¿Cuáles son los recursos que pudieron haber utilizado? Pudieron haber interpuesto el recurso de revocación y no lo hicieron" (ver entrevista).

Fortín Magaña ha hecho una petición al Fiscal General de la República que no tiene precedentes en la historia del país: Que declare nulo un acuerdo de la Suprema Corte.

Guzmán adelantó criterio sobre la petición que Fortín Magaña ha hecho a la Fiscalía: "¡Es improcedente! El Fiscal General puede creer que tiene la atribución de solicitar la acción de nulidad, entonces podría venir a solicitarla y nosotros le vamos a decir si procede o no procede. En mi opinión no procede".

La decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia retira a la Sección de Probidad la facultad de pedir informes a los bancos y habilita exclusivamente a los magistrados para hacerlo. Ello requeriría que al menos ocho de los 15 magistrados acordaran solicitarlos.

En un memorando enviado a los magistrados el 22 de junio, el jefe de la Sección de Probidad comenta la decisión de la Corte: "Cuando los mismos investigados sean los señores magistrados ¿Será cómodo que se apruebe por mayoría de votos pedir los informes de sus cuentas bancarias?".

En ese mismo párrafo agrega. "En ese sentido, la Sección recuerda con amargura alguna sutil reconvención se le hiciera por haber requerido a los ex magistrados que no presentaron su declaración jurada de patrimonio al cese del ejercicio".

En el mismo documento, Cáceres agrega un anexo que contiene 213 casos que detallan irregularidades en la declaración de patrimonio de ex funcionarios públicos, desde 1999. Ninguno ha sido siquiera conocido aún por los magistrados de la Corte. Entre los casos mencionados resaltan incluso dos informes que daban cuenta desde noviembre de 2002 de irregularidades en el patrimonio del ex presidente de ANDA, Carlos Augusto Perla, a quien la Fiscalía ha levantado cargos por el desfalco de 37 millones de dólares.

Además:
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