Fiscal electoral es hermana de un dirigente de Arena

La contienda electoral vigente tendrá un llamativo elemento: la funcionaria encargada de velar por la legalidad del proceso electoral y por el respeto a los derechos y a la voluntad de los electores es hermana de un dirigente del partido Arena. La fiscal electoral fue nombrada por el fiscal general, Félix Garrid Safie, quien unos meses antes de asumir su cargo había lucido el chaleco de Arena en una actividad de ese partido.

Daniel Valencia / Fotos: Mauro Arias
cartas@elfaro.net
Publicada el 15 de septiembre de 2008 - El Faro

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El director departamental del partido Arena en Ahuachapán, Rafael Morán Orellana, busca la reelección para un tercer período como alcalde ahuachapaneco, en una competencia en la que su hermana, Elena Margarita Morán de Mejía, es la funcionaria a  quien le correspondería dirigir la investigación de cualquier anomalía o de cualquier denuncia, incluso si esa denuncia viniera de los rivales de su hermano.

Se trata de una relación de consanguinidad que aunque no está prohibida por ley, sugiere una cercanía que al menos podría poner en situación incómoda a la fiscal electoral, pues su rol le obliga a actuar con imparcialidad.

Escuche declaraciones de Félix Garrid Safie:

El director departamental y la fiscal electoral son hijos de Rafael Morán Castaneda, ex diputado y ex dirigente del Partido de Conciliación Nacional. “Tengo cinco hijos. Dos son varones. Uno siguió mis pasos en política y es alcalde de Ahuachapán por Arena”, comenta. Otro de sus vástagos trabaja como asesor de la comisión de economía de la Asamblea Legislativa, y una de sus hijas es abogada. “Trabajó como juez hace algún tiempo. Ahora es fiscal”, dice.

Margarita Morán se rehusó a platicar esta vez con El Faro, aunque ya en abril pasado había concedido una entrevista a este periódico, en la que dejó clara la fragilidad de la unidad que dirige para garantizar el respeto a la voluntad de los salvadoreños. En esa ocasión dejó clara la carencia de recursos de la Fiscalía Electoral.

La funcionaria asumió el cargo en agosto de 2006, cuando fue designada por el fiscal general, Félix Garrid Safie. Su cargo ha sido reiteradamente criticado por los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y por los representantes de los partidos de oposición en la Junta de Vigilancia Electoral. En 2007, la junta pidió a la Asamblea Legislativa que reforme la ley para que los cargos de fiscal electoral y registrador electoral sean nombrados por los legisladores. La junta plantea que estos dos puestos los designan funcionarios de Arena para favorecer a este partido político.

El mismo fiscal general es un militante de Arena que cuando fue elegido por los diputados dijo que a partir de ese momento se quitaba el chaleco arenero y comenzaba a ser imparcial.

El viernes por la mañana, el alcalde de Ahuachapán, Rafael Morán, defendió a su hermana diciendo que ella trabaja con toda la independencia que el cargo le exige. El funcionario añadió que si a ella la han elegido como fiscal electoral es por su capacidad y por su buen desempeño dentro de la fiscalía. “Ni yo ni el partido necesitamos favores de ese tipo en Ahuachapán. Tenemos asegurada la elección y no voy a recurrir a pedirle a mi hermana que interceda por mí –ni ella lo haría- si sucede algo acá. Además, ahí están los observadores electorales, la junta de vigilancia, que están pendientes en eventos como estos. Yo le aseguro que mi hermana actuará con total independencia y apegada a la ley”, dijo.

Pero el problema con el cargo del fiscal electoral va más allá de cualquier duda acerca de su imparcialidad para hacer cumplir la ley. El Código Electoral apenas dedica un par de líneas, en un artículo, para referirse a sus funciones, donde remite a la Ley orgánica de la Fiscalía, en donde la única referencia al puesto es que “el fiscal general podrá designar un fiscal electoral”. Punto.

En la entrevista que El Faro le hizo en abril pasado, la fiscal misma declaró que la ley electoral “es un tanto opaca” cuando define las atribuciones de su cargo. La funcionaria añadió que en lo que llevaba al frente de la oficina todavía no había abierto ninguna investigación de oficio. Y eso que el FMLN realiza propaganda electoral adelantada desde noviembre del año pasado; y de que Rodrigo Ávila la hace desde hace seis meses. Ni qué hablar de Violeta Menjívar, Norman Quijano, el presidente de la República, Antonio Saca...

Aún con la evidente cercanía y el posible conflicto de intereses, el presidente del Tribunal Supremo Electoral y ex presidente de Arena, Walter Araujo, dice no alcanzar a ver nada malo. “Si en la ley no está prohibido no le veo ningún problema. Pero yo desconozco si eso es cierto. Y eso de que hay conflicto de interés no me lo ponga a mí. Desarróllelo usted. Yo ni siquiera conozco a la señora. Nunca me he reunido con ella en todo este tiempo”, dice.

Fuera del partido Arena, no obstante, sí hay dudas. Ciro Alexis Zepeda, representante del PCN en la junta de vigilancia electoral, descarga precisamente en el fiscal general el problema con la fiscal electoral. “El fiscal general es un funcionario que por años ha sido designado por la presidencia de la república. Primero en el RNPN, luego en el CNR y ahora en la Fiscalía. Es por todos sabido que responde a los intereses de Arena. Así como la Corte de Cuentas responde al PCN, la Procuraduría de derechos humanos al FMLN y la Procuraduría General al PDC”, dice Zepeda.

“Por eso no es de extrañar que sí se ha designado a la licenciada Morán -sin demeritar las capacidades que ella pueda tener- para que ejerza el papel de fiscal electoral”, señala. La razón, a juicio de Zepeda, es sencilla, en tiempos de aguas revueltas: “Es porque se quiere a alguien que no incomode”.

El mismo criterio comparte el magistrado del FMLN en el Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas. Para él, que Morán de Mejía haya sido designada como fiscal electoral no responde a su capacidad sino a la conveniencia política de tener a alguien de confianza en el puesto.

El Faro buscó a la fiscal electoral y al fiscal general repetidas veces, pero al cierre de esta nota no habían respondido a la solicitud de entrevista.

El miércoles 10, tras esperar audiencia en la sede de la fiscalía en Santa Tecla, su asistente jurídica, Roxana Molina, mandó decir a través de la recepción que la cita era imposible. “La fiscal no puede atender a nadie porque va a un evento del Tribunal Supremo Electoral en un hotel”. Al consultarles al jefe de prensa del TSE, Bernardo Valiente, y al magistrado Eugenio Chicas si había una actividad del Tribunal programada para ese día, estos lo negaron. 

Al pedirle a Molina que informara dónde se realizaría la actividad, mandó decir que por tratarse de un evento electoral no podía brindar esa información. Luego pidieron que se hiciera una solicitud de entrevista vía oficina de prensa, donde dijeron que no podían atendernos debido a que iban de salida a una actividad con el Fiscal General.

La actividad era la misa en honor a San Miguel Arcángel,  patrono de la Policía Nacional Civil,  que se celebraba en catedral metropolitana. El Faro buscó a Safie para preguntarle -entre otras cosas- si conocía del parentesco de la funcionaria con el alcalde de Ahuachapán, pero fue imposible ubicarlo.

El jueves, El Faro intentó localizar a  los encargados de prensa de la fiscalía, Mauricio Segura y Otoniel Pérez, pero no atendieron en las líneas fijas. Los celulares tampoco los contestaron. Erick Álvarez, también de prensa, fue el único que contestó el teléfono fijo de su oficina y se comprometió a ver de qué manera se podía agilizar el trámite con la fiscal electoral y con Safie, pero después no hubo más contacto.

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