EL ÁGORA

Indígenas demandan al gobierno por discriminación racial en censo

Habitantes del cantón Pushtan, de Nahuizalco, interpusieron el pasado lunes un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia porque consideran que el censo incurre en discriminación racial al reducir la identidad indígena al color de la piel. El titular de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos se ampara en la asesoría de organismos y estándares técnicos internacionales como garantía de una medición cercana a la realidad.

Ruth Grégori / Fotos: Frederick Meza
cartas@elfaro.net
Publicada el 02 de julio de 2007 - El Faro

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Los indígenas del cantón de Pushtan, en el municipio de Nahuizalco, se sintieron discriminados por las preguntas del censo nacional realizado en mayo pasado. Once de ellos acudieron a la Corte Suprema de Justicia para demandar a la titular del Ministerio de Economía, Yolanda Mayora de Gavidia, y al director de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), Miguel Corleto, por “haber diseñado e implementado el censo de forma tal que discrimina a la población indígena” y por “haber omitido realizar las consultas y estudios previos que hubieran permitido un abordaje y realización adecuada e incluyente del censo a la población indígena del país”, según se lee en la solicitud de amparo.

El pasado lunes, unos 40 indígenas de dicho cantón (de alrededor de 120 habitantes) llegaron hasta la oficina de la corte en San Salvador para acompañar la entrega del documento. Previamente habían brindado una conferencia de prensa en la que Nicolás Sánchez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral Indígena (ASDEIS), declaraba que ponían la demanda como individuos pero que lo hacían en representación de todo el cantón y de todos los indígenas del país.

Los demandantes manifiestan que reducir la identidad indígena al color de la piel es “estigmatizante” e “infamante”, pues se vale de categorías usadas durante la Colonia española para establecer la superioridad de la raza blanca sobre la indígena. Sumado a ello, varios habitantes de Pushtan denunciaron que el empadronador se limitó a observar al censado y rellenar él mismo la casilla de respuesta, en lugar de formularle la pregunta a la persona que brindaba los datos del censo. Estas dos circunstancias, señalan, conducirá a un resultado que subestime la cantidad de indígenas en el país.

La última vez que se incluyó a la población indígena en un censo salvadoreño fue en 1930. Apenas dos años después, Nahuizalco se convirtió en uno de los escenarios de la masacre más grande de la historia contemporánea de El Salvador.  EL 22 de enero de 1932 el entonces presidente, general Maximiliano Hernández Martínez, ordenó el inicio de un operativo para reprimir un levantamiento calificado entonces como una “rebelión comunista” y cuya cifra de víctimas aún no se establece con precisión. La cifra más conservadora establece 8 mil; la más elevada asciende a los 30 mil. Estudios posteriores han calificado el hecho como un “etnocidio”, pues han determinado que la base del movimiento era sobre todo agrario e indígena.

La escasez de estudos ha propiciado la creencia generalizada de que la población salvadoreña es una y homogénea: mestiza, incluso a nivel de discurso oficial. En el informe presentado por el Estado Salvadoreño ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD) en 2005 el gobierno declara: “…en El Salvador predomina el mestizaje y no existe marcada diferencia entre blancos (ladinos) e indios”. Como consecuencia de esta “homogeneidad mestiza”, agrega, “no se puede sostener que existe en el país discriminación por motivos de raza”, y “no ha sido necesario tomar medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica y cultural”.

Para el antropólogo lingüista Rafael Lara Martínez, borrar la diversidad étnica de las estadísticas y el discurso oficial es expresión de un hondo prejuicio racial, de un “verdadero etnocidio” que no se limita a la brutalidad de la matanza de 1932: “El genocidio real lo remata la ideología racista de una nacionalidad mestiza que por decreto oficial no deja lugar a lo indígena ni a la diversidad cultural. Al estereotipo social del indígena, la sociedad salvadoreña añade la necesidad de borrarlo del censo oficial, en nombre de una unidad racial mestiza".

Nicolás Sánchez, de ASDEI, asegura que los indígenas de El Salvador continúan siendo víctimas de la discriminación, aunque adopte un matiz “más sutil” que en la colonia cuando los indígenas eran considerados “macho de carga que sólo servía para el trabajo bruto”: “Esa discriminación nosotros la percibimos, primero, en que el gobierno dice que no hay indígenas aquí en El Salvador, es una forma como de querer ocultarnos, de invisibilizarnos, y luego, todos los programas educativos no toman en cuenta nuestra forma de entender la vida. Y respecto a la lengua, el gobierno no promueve el rescate del idioma nahuat, al contrario, mejor está promoviendo el inglés, de esa forma nos discrimina pues. Y más puntualmente hoy con lo del censo ha sido otra forma de discriminación que hemos sentido”.

La presión internacional y la pregunta de la discordia

La decisión de incluir preguntas relativas a la población indígena en el VI  Censo de Población y V de Vivienda 2007 obedeció a la necesidad de dar respuesta a una serie de observaciones que hiciera el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD) al Estado salvadoreño el año pasado.

Si bien El Salvador ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en 1979, el estado salvadoreño dejó de presentar los informes bianuales a que le compromete la convención desde mediados de los años noventa. El CERD estableció para febrero de 2005 el examen de la situación salvadoreña, aún sin tener un informe oficial. En dicha fecha, el país actualizó cinco informes correspondientes a los años 1996, 1998, 2000, 2002 y 2004.

En abril de 2006 el CERD publicó sus observaciones respecto al informe salvadoreño, entre las cuales destaca la discrepancia entre la evaluación estatal de que la sociedad de El Salvador es “étnicamente homogénea” y la evidencia de que en el país existen diferentes pueblos indígenas, tales como los nahua-pipil, los lencas y cacaoperas. “En El Salvador predomina el mestizaje y no existe marcada diferencia entre blancos (ladinos) e indios…” y en consecuencia “no se puede sostener que existe en el país discriminación por motivos de raza”, indicaba el informe.

El comité recomendó “nuevamente” al Estado salvadoreño que facilite datos estadísticos desagregados sobre la composición étnica de la población salvadoreña en su próximo informe periódico, pues constituye la única vía para verificar el cumplimiento de los derechos que protege la convención, y lamentó que ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ni las organizaciones no gubernamentales que trabajan con poblaciones indígenas hubiesen participado en la elaboración del informe oficial.  

Es en ese marco que a instancias del Ministerio de Relaciones Exteriores se inicia un proceso de consulta para discutir la modalidad que mejor reflejase la composición étnica en El Salvador. Se instaló entonces un Comité Técnico Multisectorial (CTM) que incluyó ministerios de gobierno, el Consejo para la Cultura y el Arte (CONCULTURA), DIGESTYC, especialistas en el tema indígena y el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS) en representación de organismos indígenas.

De acuerdo con Corleto, el director de la DIGESCTYC, después de 3 meses de evaluar diferentes propuestas, los integrantes de la mesa acordaron retomar la propuesta inicial, una pregunta incluida en las últimas dos encuestas de hogares y propósitos múltiples cuyos resultados no fueron divulgados por haber sido planteadas en términos “experimentales”.

Miembros del CCNIS y ASDEI, antropólogos y dirigentes de asociaciones que han prestado apoyo a los habitantes de Pushtan coinciden en que esa era una pregunta mejor planteada, pero no fue esa la que se incluyó finalmente en el censo.

Corleto explicó que el cambio en la pregunta obedeció a dos razones. Una de ellas es que la pregunta incluida de forma experimental en las encuestas de hogares y propósitos múltiples de 2005 y 2006 arrojó como resultado porcentajes de población indígena de 10% y 17%, respectivamente, una diferencia demasiado grande de un año a otro, por lo que concluyeron que dicho planteamiento no era apropiado para medir poblaciones específicas como la indígena.

Por otro lado, la boleta completa del censo 2007 fue evaluada por una misión del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), que formuló observaciones en diferentes apartados. Respecto a la pregunta propuesta en relación a la población indígena dicho organismo propuso una pregunta inicial que permitiera identificar razas, y en caso que se audtodefiniera como indígena la siguiente pregunta pedía que se manifestara a qué grupo indígena pertenecía.

“En consultas con CELADE se llegó a otro modelo, decían ‘tiene que ser una pregunta más directa’, y propusieron ‘¿Es usted indígena?’. Si es así, ‘¿de cuál de estos pueblos indígenas?. Ahora, en ese momento también estaban las necesidades de información adicionales que tenía Relaciones Exteriores y por eso se metió esto. Ahora, yo no conozco esa demanda pero entendería por lo que he leído en los periódicos que va por el lado de conceptos que pueden ser racistas. Hasta ahora lo que yo puedo decirle es que ni CELADE ni el Fondo de Población de Naciones Unidas consideraron que dejar estas preguntas de esa manera en la boleta sea racista”.

El antropólogo Carlos Lara, quien participó en los debates del Comité Técnico Multisectorial (CTM), considera que las categorías “blanco”, “mestizo”, “indígena” o “negro” no son discriminatorias en sí, sino que todo depende de cómo se plantee la pregunta. Sin embargo, agrega, no se puede pretender definir un fenómeno cultural como la identidad étnica a partir de categorías raciales: “Desde el punto de vista racial (rasgos físicos heredados, como el color de la piel) todos somos mestizos, en todo el mundo”. “Etnia” alude a las características linguísticas y raciales además de las físicas.

En su opinión, la propuesta de la mesa consultiva se ajustaba mejor a una concepción más integral, que define la identidad a partir del auto reconocimiento y el reconocimiento por parte de otros, considerando un contexto sociocultural más que un rasgo restringido a la raza. Dentro de estas grandes categorías hay que considerar aspectos como los ancestros (descienden por sangre de madre y padre indígena), viven en territorios en que predominan indígenas y la conservación de prácticas o tradiciones indígenas.

¿Un censo para los indígenas?

Los habitantes del cantón de Pushtan piden a la Corte Suprema de Justicia que “se condene a quien corresponda, a la implementación de medidas en lo moral, lo social y en lo jurídico, para el resarcimiento material y moral”. El principal interés expresado por los demandantes y representantes de organizaciones indígenas es que esta población sea finalmente reconocida, en las estadísticas y en las políticas de desarrollo. Por eso es crucial determinar la que aún es una cifra desconocida: ¿cuántos indígenas existen en El Salvador? ¿Cómo son?

Si bien el director de la DIGESTYC señala que no les fueron reportaron casos de anomalías en la aplicación del censo similares a los que denunciaron los habitantes de Pushtan, Betty Pérez, directora de CCNIS, también manifestó haber escuchado quejas de que la pregunta sobre identificación de pueblos indígenas no les fue formulada en otros sitios “a lo largo de todo el país”.

La jefa de la oficina de asuntos indígenas de CONCULTURA, Rita de Araujo, manifestó que desconocía la demanda interpuesta por los habitantes del cantón de Pushtan, pero que a nivel personal había hecho un pequeño sondeo con unas 10 personas y también encontró casos en que le manifestaron que no les habían formulado la pregunta. Araujo también consideró que tal como quedó planteada la pregunta relativa a poblaciones indígenas “se presta a confusión”, pues debió preguntarse por separado ¿se considera usted indígena?, y ¿a qué grupo indígena pertenece? Sin embargo, cuando se le preguntó por el papel de la oficina que dirige en la definición de la propuesta de pregunta para el censo y el cambio que sufrió después, respondió: “no tenemos injerencia, nuestro papel es acompañar el esfuerzo (de la mesa de consulta) pero quienes realizan la encuesta y deciden la metodología es la DIGESTYC y el Ministerio de Economía, no se nos consulta”.

En tanto que el antropólogo Carlos Lara Martínez señala que lo que se necesita son estudios etnográficos, elaborados mediante la convivencia de los investigadores en la comunidad de estudio, Miguel Corleto subraya que un censo brinda información referencial y que un instrumento como una encuesta es más apropiado para investigar características más detalladas de una población específica, como la indígena.

En otros países de América no sólo se incluye desde hace años preguntas para identificar a las poblaciones indígenas, sino instrumentos de medición y políticas específicas para esta población: encuesta complementaria (Argentina), un atlas de comunidades indígenas (Paraguay), una Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (México), entre otros.

Los instrumentos de estos países cuentan con justificaciones metodológicas que explican los criterios tomados en cuenta para evaluar la identidad indígena: los que más predominan son el autorreconocimiento o autoidentificación; idioma o lengua hablada; ubicación geográfica o agrupamiento en comunidades; y origen étnico.

El director de la DIGESTYC explica que se hizo el mejor esfuerzo técnico para definir un instrumento cuyas preguntas resultaran clara tanto para los aplicadores del censo como para los empadronados, pero aclara que la información de los censos es una referencial, es decir, que sirve de para hacer otro tipo de investigaciones que provean más detalles sobre poblaciones específicas, como las encuestas.

Corleto explica que llevar a cabo este tipo de estudios de seguimiento depende de las decisiones y asignaciones presupuestarias del Órgano Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Economía del cual depende, o de iniciativas de organismos de cooperación y organizaciones civiles que ellos puedan acompañar de manera completa o parcial.

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