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EL ÁGORA

Arqueólogos vs. Concultura

Cuatro arqueólogos estadounidenses cuestionan que CONCULTURA haya pasado a manos de la Fundación Nacional de Arqueología (FUNDAR) la administración de tres de los más importantes sitios arqueológicos del país. William Fowler, Payson Sheets, Wyllys Andrews y Robert Sharer señalan que existe un conflicto ético al dejar los sitios en manos de una fundación formada, entre otros, por coleccionistas privados de piezas arqueológicas. CONCULTURA y FUNDAR se defienden y anuncian posibles demandas.

Daniel Valencia / Fotos: Luis Tobar y Archivo El Faro
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Publicada el 14 de mayo de 2007 - El Faro

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Mediados de abril. En el simposio “Arqueología de América Central: situación actual y perspectivas futuras”, William Fowler, arqueólogo del departamento de antropología de la Universidad de Vanderbilt, dicta una ponencia polémica.

“Durante al menos el Siglo pasado, la amenaza más severa para los recursos arqueológicos de El Salvador provenía de las predecibles aunque incontrolables fuerzas del desarrollo, la industrialización, la urbanización y el saqueo de sitios arqueológicos”, reza el primer párrafo del documento base de la ponencia.  

“Un desafío más ambiguo ha surgido en los últimos años: Concultura ha entregado el control administrativo y el manejo de sitios crucialmente importantes a una organización no gubernamental.  Algunos piensan que es una buena idea.  Pero la organización está compuesta y dirigida por coleccionistas privados. Examinamos las aristas éticas y practicas de este problema y las implicaciones para la arqueología en El Salvador”, añade.  La organización a la que se refiere el texto es FUNDAR.

Esta ponencia fue una de las muchas realizadas en Austin, Texas, Estados Unidos, durante la reunión anual de la Sociedad Americana de Arqueología (SAA, por sus siglas en inglés). Luego de la introducción, el nombre de Fowler (un viejo conocido en el ámbito arqueológico salvadoreño por sus investigaciones realizadas en el sitio arqueológico de Ciudad Vieja, Cuscatlán) aparece como primer suscriptor de la crítica. 

Luego de su nombre, los nombres de otros tres arqueólogos respaldan el documento. Payson Sheets, del departamento de antropología de la Universidad de Chicago; Wyllys Andrews, del Middle American Research Institute, Universidad de Tulane y Robert Sharer, del Departamento de Antropología de la Universidad de Pennsylvania. Todos han hecho investigaciones en El Salvador.


El señalamiento

En el documento, los cuatro doctores plantean que la política de manejo de recursos culturales de Concultura está en “crisis”. Para ellos, que FUNDAR co-maneje tres de los siete sitios arqueológicos más importantes del país es preocupante. Uno de estos sitios es San Andrés y su acrópolis. El otro es Cihuatán y el último, Joya de Cerén, declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO en 1993.

“Creemos que confiar los sitios arqueológicos al cuidado de individuos involucrados en coleecionar y que estimulan el saqueo representa un conflicto de interés y despierta muchas preguntas sobre las prioridades”, plantean.

FUNDAR, según exponen, está integrada, entre otros,  por coleccionistas privados de piezas arqueológicas. Basándose en investigaciones de otros autores, los arqueólogos concluyen que hay una relación directa entre coleccionista- saqueador, al punto de que la oferta de piezas arqueológicas en el mercado es producto de la demanda.

En El Salvador, según declaró hace un par de meses el director del departamento de arqueología de Concultura, Fabricio Valdivieso, evitar el saqueo de piezas arqueológicas es complicado debido a algunos vacíos presentes en la ley.

Fowler y compañía señalan que aún cuando existen buenos esfuerzos en materia legal de parte de las autoridades al frente del manejo del patrimonio cultural, el debate sobre la ética en el cuido de este patrimonio se abre con el caso FUNDAR.

Uno de los miembros de esta fundación es José Panades, poseedor de una de las colecciones privadas más grandes del país (según los arqueólogos) y quien prestó algunas de sus piezas, como la del dios Tlaloc, para la muestra privada sobre los pipiles presentada en 2005.

“Muchos más objetos de la herencia cultural están en colecciones privadas que en el Museo Nacional de El Salvador. El director del Museo Nacional de Antropología “David J. Guzmán” estimó que los coleccionistas privados de El Salvador poseen aproximadamente 30 mil piezas, mientras el museo nacional apenas tiene 7 mil piezas”, señala el texto leído por Fowler. 

Marlon Escamilla, arqueólogo salvadoreño, acudió a la conferencia como representante de Concultura en dicho congreso. Escamilla quedó sorprendido. Al retornar al país, informó del suceso a las autoridades de la institución. Concultura y FUNDAR callaron. Hasta ahora.

“Problemas entre arqueólogos”

Principios de mayo. El equipo de excavación de FUNDAR ha descubierto las bases de lo que, entre 900 y 700 años antes de Cristo, se presume fue la acrópolis de San Andrés (Santa Ana), construida por los mayas.

El presidente de FUNDAR, Rodrigo Brito; el arqueólogo de la fundación, Paul Amaroli; el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA), Federico Hernández; el director del Patrimonio Cultural, Héctor Sermeño y el arqueólogo Marlon Escamilla, dan declaraciones sobre el hallazgo, la inversión, la importancia.

Rodrigo Brito, además de presidir FUNDAR, es el director del Hospital de Diagnóstico.  Al explicarle que además de hablar sobre el hallazgo de San Andrés nos interesa su opinión sobre a la ponencia de los arqueólogos estadounidenses, se exalta. “Hablar de esa cosa me parece una total pérdida de tiempo, pero hay que hablarlo”, dice. “Esas personas, dos principalmente, y uno de ellos más, lo que tienen es un problema personal, problema entre arqueólogos, con Paul Amaroli, desde hace mucho tiempo”, dice. “Y como no han encontrado la manera de deshacerse de Paul Amaroli, se han inventado una sarta de mentiras, de falsedades y de total basura diciendo lo que plantearon”.

A Paul Amaroli, quien está sentado frente a él, se le escapa una sonrisa. Este arqueólogo ha desarrollado su carrera en el país desde hace años.  Amaroli conoce muy bien a sus colegas estadounidenses que hoy lanzan criticas contra FUNDAR y Concultura. Con uno de ellos, según explica, tuvo un “roce sin razón” en 1993 que ha madurado, al parecer, 14 años. Este roce, cree, podría ser la génesis del documento y de la ponencia dictada por Fowler.

“Sheets andaba diciendo, creo que por 1993, que yo quería socavar su proyecto en Joya de Cerén. A mí me pareció incomprensible porque en ese tiempo yo no tenía nada que ver con Joya. Fui a hablar con él, él me gritaba, le dije que estaba equivocado y me fui”, cuenta Amaroli.

“Que gran hipocresía que ellos trabajaron con la misma gente, y más coleccionistas, que es la espina de todo esto, durante años en un patronato (Pro Rescate al Patrimonio Cultural) que jamás denunció casos de saqueo. Nosotros sí lo hemos hecho”, añade.

Brito, todavía molesto, se levanta de la silla, camina hacia su escritorio, recoge dos folders color beige, regresa a la mesa, se sienta y los coloca encima. Uno de ellos tiene una etiqueta en la portada: “Sheets”.

“Payson Sheets es socio fundador de FUNDAR. Ya se le olvidó. Y en la misma situación estaban los coleccionistas y los conoce porque en la misma situación estaba trabajando con ellos en el Patronato”, dice luego de mostrar el acta de fundación. “¿No le parece una hipocresía que ahora venga a criticar a FUNDAR?”

Brito muestra una carta de 1996 en la que Sheets pide apoyo y pregunta si Amaroli ya fue destituido de FUNDAR, y un correo electrónico de 2005 en donde pide ayuda para realizar una investigación en Joya de Cerén.

Brito explica que en FUNDAR, además de José Panadés, hay otros dos coleccionistas. Luego de llamar a los arqueólogos “sinvergüenzas”, defiende que el hecho de contar con tres coleccionistas privados como miembros de la fundación no implica ningún conflicto ético. “Hay tres coleccionistas. No es ilegal ser coleccionista en El Salvador. Los tres han registrado sus piezas. Nadie está comprando piezas, son coleccionistas inactivos”.

Concultura exige retractación

El viernes 11 por la tarde,  Federico Hernández y Héctor Sermeño dicen en el despacho de Concultura sentirse sorprendidos por las declaraciones de los arqueólogos.

Sermeño habla primero y responde a una solicitud que hiciera El Faro para conocer el número de piezas arqueológicas en manos privadas y en manos del estado, diciendo que no puede dar esa información porque la ley no se lo permite. “Pero andarán por las tres mil piezas en manos privadas registradas, y alrededor de 40 mil en posesión del estado. No sé de dónde sacan estos señores la otra cifra”.

Hernández y Sermeño también se declaran ofendidos por la actitud de los arqueólogos. Sobre todo, comentan, porque las autoridades siempre les han abierto las puertas para que realicen sus trabajos de investigación en El Salvador. Los dos funcionarios también creen que el organizador de la ponencia fue Sheets, al punto que lo han citado para que venga al país a aclarar las cosas.

“Sobre todo no entendemos cómo hace él esto si él incluso ha estado en conversaciones con nosotros para poder venir a Joya de Cerén a  realizar un proyecto de investigación”, dice Hernández.

“En enero nos envió su proyecto. Quiere hacer una exploración geofísica en la zona”, añade Sermeño.

Para Hernández, los cuatro arqueólogos han desacreditado la política pública de cuido del patrimonio cultural del estado salvadoreño, y han calumniado al estado y a una institución privada de realizar actos en contra de las mismas leyes que Concultura representa. “Y eso es inaceptable”, dice. “Sobre todo por la dedicación y el trabajo de esta institución y el que ha demostrado FUNDAR en pro del patrimonio arqueológico del país”.

Sermeño dice haber enviado cartas a las universidades en donde trabajan los cuatro arqueólogos para consultar si respaldan las opiniones vertidas en la ponencia. Aún no han contestado.

Concultura incluso está pensando, al igual que FUNDAR, demandar a los cuatro arqueólogos. Él advierte que Fowler, Sheets, Sharer y Andrews (cuatro de los mayores expertos en arqueología salvadoreña) podrían perder el derecho de realizar investigaciones en el país. “Buscamos una retractación”, dice Hernández.


“No es cuestión de pleitos”

El Faro intentó obtener las versiones de Sheets y de los otros tres arqueólogos acerca de las razones que los llevaron a poner en tela de juicio la política de Concultura.

De los cuatro, sólo William Fowler respondió a los correos enviados. Contrario a las suposiciones que llevan a  Brito, Amaroli, Hernández y Sermeño a creer que la ponencia fue idea de Sheets para tratar de afectar  Amaroli, Fowler, en un último correo enviado a este periódico el viernes 11, asume toda la responsabilidad de la misma.

“No se trata de ningún pleito personal con nadie”, escribe. “Yo planteé el problema, hice las investigaciones y escribí la mayoría de la ponencia.  Fui yo quien invitó al Dr. Sheets y luego al Dr. Andrews y al Dr. Sharer para colaborar conmigo en la ponencia”, añade.

Fowler dice que en ningún momento están acusando a FUNDAR de realizar actividades fuera de la ley. De hecho, el arqueólogo reconoce –como lo hizo también en la ponencia-, “la importancia que tienen las organizaciones no gubernamentales en el manejo del patrimonio cultural”.

El problema principal, explica, es el conflicto ético al entregar el cuido de sitios arqueológicos a una fundación en donde hay coleccionistas de piezas arqueológicas. “Hemos tenido mucho cuidado de no calumniar a nadie y si hay un nombre mencionado (Panadés) es porque está bien constatado de lo que estas personas hacen o han hecho. Por ejemplo, un coleccionista "inactivo" siempre es un coleccionista”, señala.

Federico Hernández responde que no existe ningún conflicto ético y que Concultura es capaz de verificar que nada contrario a las leyes se realiza en los sitios co-manejados por FUNDAR.

Esa verificación corre por cuenta del departamento de arqueología de la institución, compuesto apenas por cinco arqueólogos que tienen que monitorear que en cientos de sitios arqueológicos no ocurran saqueos.
¿Cuáles son los mecanismos de control? ¿Qué garantiza que si en San Andrés se encuentra una pieza arqueológica, pasará a manos de Concultura y no a las de  coleccionistas miembros de la misma fundación que investiga? Federico Hernández acepta que los mecanismos de control son frágiles, pero funcionan.

“La gente del departamento de arqueología y la misma gente que está en los sitios arqueológicos, administrando el parque, que es pagada por Concultura. Ellos siempre están encima viendo qué se hace ahí”, dice. “Y también porque todo radica en la confianza. Si supiéramos de algo anómalo, nosotros seríamos los primeros en denunciarlo. Y la confianza se gana con resultados como el trabajo recién empezado en San Andrés, y lo que se ha hecho en Cihuatán y Joya de Cerén”, añade.

El martes, al responder a las mismas preguntas, Brito colocó delante de sí el segundo fólder color beige. Lo abrió, y leyó uno por uno 18 hojas de denuncias de saqueo en sitios arqueológicos realizadas por FUNDAR e interpuestas a la policía, a INTERPOL, a la Fiscalía y a Concultura entre 2000 y 2005. La gran mayoría fueron puestas por Paul Amaroli. Una de ellas fue la que alertó al departamento de arqueología de Concultura por el saqueo y destrucción en el sitio El Cambio. Ninguna es contra algún miembro de la Fundación.

“¿Usted ve algún conflicto ético en esto? Qué me digan esos doctores cuántas denuncias han abierto ellos por saqueos en los sitios arqueológicos. El señor Sheets y Fowler tienen 25 años de estar viniendo a El Salvador y en ese tiempo, que yo conozca, jamás hubo de parte de ellos ninguna denuncia de saqueo en El Salvador. ¿Usted cree que nos meteríamos en este lío para comprar piezas arqueológicas?”, cuestiona.

“Los socios de FUNDAR no tienen ningún contacto con los sitios, ni siquiera están en las excavaciones. El que ve eso es este señor (Amaroli), él es el arqueólogo, él informa a CONCULTURA, él informa al museo. Y se entregan todas al Museo. Y una de las mejores piezas del museo es una que Paul encontró”, añade.

Fowler, en el último correo enviado a este medio, responde diciendo que la ponencia no tiene “ninguna acusación en contra de ninguna persona ni en contra de FUNDAR. Estamos señalando un problema de ética en la política cultural y el manejo del patrimonio cultural que vale la pena examinar”, concluye.

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