San Salvador, 06 - 12 de agosto de 2007
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Turbulencias en torno a La Luna

La Alcaldía de San Salvador resolvió hace poco más de un mes no aprobar el trámite de permiso para la realización de actividades musicales o artísticas en vivo que solicitaba el restaurante-bar La Luna. Este es el último eslabón de un conflicto de casi una década entre vecinos del sector, la alcaldía y los propietarios del local.
Por Ruth Grégori y Francisco Hernández / Fotos: Archivo El Faro
cartas@elfaro.net
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La Luna Casa y Arte es un restaurante y bar en el que además se desarrolla una variedad de espectáculos y actividades culturales. Haría falta un amplio espacio para contar la historia y el impacto que este sitio ha tenido en el ámbito cultural del país.

Ahí han convergido diversas expresiones: danza contemporánea, recitales literarios y obras teatrales. Además, La Luna ha albergado otras actividades: talleres de diversas artes, para niños y adultos. Talleres de artes plásticas, de literatura, de zancos y títeres, de break dance.

Pero sin duda, y aunque no se hubiera planeado inicialmente así, “la batalla la ganó la música”, según dice Beatriz Alcaine, representante legal de la Sociedad que posee el local. Ahí han desfilado y se ha dado a conocer una variedad de solistas y agrupaciones de diversos géneros, desde baladistas hasta roqueros y cultores de música tropical.

Hace poco más de un mes La Luna obtuvo una respuesta negativa en el trámite que realizaba para obtener el permiso de espectáculos públicos que requiere para funcionar legalmente en ese aspecto.

El establecimiento cumple este año su decimotercero aniversario. ¿Cómo es que ha funcionado entonces? ¿Por qué le fue negado el permiso?

Visiones del conflicto

Un conflicto que ha evolucionado en el tiempo y una historia complicada constituyen la madeja que hay que intentar desenmarañar, en la que cada actor tiene perspectivas distintas. También hay algunas coincidencias.

Una de estas coincidencias es que en los primeros años La Luna no enfrentaba las quejas y sanciones que enfrenta hoy. Las diferencias de percepción comienzan a evidenciarse en torno a la razón de ello. Mientras los vecinos y representantes de la acaldía indican que inicialmente La Luna no realizaba actividades con el nivel de ruido que lo hace actualmente, Beatriz Alcaine enfatiza más bien que a lo largo de estos años han ido surgiendo normativas y procedimientos complicados y hasta contradictorios, que no existían cuando se abrió La Luna.

Las quejas de los vecinos empezaron principalmente debido al ruido. Miguel Pérez, miembro del Comité de Vecinos de la Urb. Buenos Aires 3, sintetiza el problema así: “Tienen música en vivo y el asunto es que ellos hacen mucha bulla. Y le digo, ha habido personas que están enfermos del corazón porque no los dejan dormir”.

La determinación del tipo de suelo a usar en la zona de la Urbanización Buenos Aires 3, donde está ubicada La Luna, constituye, a la luz de las normativas actuales, un aspecto de importancia crucial en el conflicto, que evidencia diferencias en las respectivas visiones. Mientras los vecinos manifiestan que la zona es residencial, tanto la representante legal de La Luna como representantes de la alcaldía coinciden en que ese sector, originalmente concebido como residencial, ha sufrido transformaciones.

Para la actual directora del Distrito II, a la que pertenece la Urb. Buenos Aires, Patricia Soriano, esa zona sigue siendo una zona primordialmente residencial. Soriano asumió su cargo a inicios del mes en curso. Para su antecesor, Irving Rodríguez, y para la representante legal de La Luna, Beatriz Alcaine, las transformaciones en el uso del suelo cambió de residencial a mixto: comercio y servicios además de uso habitacional

Incluso la OPAMSS (Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador), en un estudio realizado en 1999, notificaba a Alcaine en una carta, firmada por la entonces sub directora del Área de Control del Desarrollo Urbano, que conforme a estudios de Microzonificación realizados en el área (Bulevar Los Héroes y Calle San Antonio Abad; Calle Gabriela Mistral e Intersección Autopista Norte), la zona se calificó como un Sub Centro Urbano, en el que se observaron una serie de usos mixtos como vivienda, comercio, oficinas, restaurantes y otros.

El tipo de uso de suelo es el que determina qué tipo de construcciones se pueden edificar o qué tipo de negocios se pueden instalar en un segmento de territorio, y los niveles máximos permitidos de ruido.

En el caso de un negocio como La Luna, el primer paso es contar con la calificación de suelo, pues de no contar con ella no se pueden tramitar ni obtener los permisos para venta y consumo de bebidas alcohólicas ni para realización de espectáculos públicos.

Beatriz Alcaine manifiesta haber obtenido ya la calificación de suelo de OPAMSS, pero, como es usual, con una serie de condicionantes. En el caso de La Luna, lo que está pendiente es el aspecto de “acondicionamiento acústico”, la condición requerida para no perturbar los usos y tranquilidad del vecindario. Es justamente esto lo que argumenta la notificación de denegación del permiso de espectáculos públicos.

Rodríguez señala que se le ha otorgado anteriormente a La Luna el permiso de bebidas alcohólicas, pero nunca el de espectáculos públicos: “Si La Luna pone música en vivo, está entrando en una ilegalidad. Esto podría llevar a la revocatoria de bebidas alcohólicas y, en última instancia, al cierre del establecimiento. La Luna puede funcionar como restaurante y café. Pero no puede tener espectáculos de rock”, indica Rodríguez.

Y es que otra dimensión de la dificultad que supone la falta de designación clara del tipo de suelo del sector en el que ocurre este conflicto se refiere a los niveles máximos permitidos (NMP) por la Ordenanza Reguladora de Ruido en el mismo.

Rodríguez indica: “Como la Ordenanza Reguladora de la Contaminación Ambiental por la Emisión de Ruidos en el Municipio no cuenta con una calificación para zonas mixtas, se le aplica la de zona residencial. Para ese caso, el límite máximo de decibeles es de 55 en el día y 45 por la noche, a diferencia de la zona industrial y comercial, que es de 75 y 70, respectivamente”. Este es el mismo parámetro que detalla la notificación en la que, luego de una inspección en el lugar y otras diligencias, se le negó a La Luna el permiso de espectáculos en vivo.

Sin embargo, la misma ordenanza establece, en el mismo artículo, una nota que dice: “La determinación de las zonas arriba mencionadas depende del uso prioritario del suelo y su equipamiento en un área geográfica determinada; pudiendo, a juicio de la OPAMSS, calificarse como zonas mixtas aquellas en las cuales el uso del suelo sea combinado. En tales casos, los NMP de ruidos serán fijados entre ambos parámetros, tomando en cuenta el predominio de la zona de que se trate”. Es decir, pese a que se reconocen transformaciones en el tipo de uso de suelo, se siguen manejando niveles de decibeles propios de sector residencial, en lugar de establecer un intervalo intermedio.

Las medidas que en ese sentido ha realizado La Luna hasta ahora, de acuerdo a Alcaine, incluyen una primera fase de acondicionamiento de las paredes, la elaboración y presentación de un plan de cumplimiento (para reacondicionar el local de acuerdo a la ordenanza), que también es un requisito legal y que está siendo analizado en OPAMSS. La preocupación es que aún con la elevada inversión en la que incurriría La Luna ($25,000), con la que no cuenta pero que se está en disposición de gestionar, de todas formas se le niegue el permiso de funcionamiento. Mientras este plan no sea aprobado por la OPAMSS no se puede proceder a las labores de remodelación, según manifiesta Alcaine.

Otras medidas que se han implementado han sido el cambio y reubicación del equipo, modificaciones en la programación y aislar partes del espacio.

Hay otro problema, además del ruido, según manifiesta el miembro del Comité de Vecinos Miguel Pérez, que se relaciona más bien con los clientes de La Luna, y no se resolverían aunque se aisle por completo el sonido en el local: “Los borrachos salen gritando, las mujeres salen aullando. Se gritan de un carro a otro: ‘Hey, vamos a tal parte’. Incluso a veces se pelean. Ahí afuera dejan preservativos, envases vacíos de cerveza, dejan de todo. Entonces no sólo molesta La Luna, sino que además los borrachos que salen de La Luna”.

Ante este punto Beatriz Alcaine plantea una alternativa: “Que haya más Policía Metropolitana en las calles, que controlen… ¿No hay ordenanzas reguladoras que ponen multas a quien hace pipí? ¿Dónde está el CAM? ¿Sólo viene a medir? ¿Porqué no viene a ayudar a ordenar ese hecho?”.

¿Y la solución?

“Son conflictos difíciles porque las dos partes tienen razón, y las dos partes tienen sus razones para defender el espacio”, dice Alcaine.

El factor clave del conflicto parece residir en la necesidad de calificación legal y clara del tipo y uso de suelo de la zona, la determinación de si éste es actualmente un territorio exclusivamente residencial, o si es comercial o si alberga usos de tipo mixto.

Si la zona se revaloriza como residencial, muchos, sino todos, los negocios y oficinas de comercio y servicios tendrán que desalojar sus locales. A la fecha hay ahí, además de La Luna, salas de té, comedores y variedad de oficinas que incluyen una de la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil.

Si la zona se revalora como comercial, entonces todos los vecinos deben abandonar las residencias que han habitado por años, tengan o no otro lugar adónde ir.

Si la zona es revalorada como mixta sería legal la permanencia de estos negocios. Probablemente, y en consonancia con lo que ocurre en las ordenanzas actuales, se les daría un tiempo prudencial para reajustar sus condiciones. Una vez vencido este plazo, aquellos que no cumplieran con las condiciones que salvaguardan la salud física, mental y de seguridad de los vecinos de la zona serían clausurados, sin amenazas o períodos de gracia adicionales. Y sin excusas.

Si bien es factible e incluso conveniente someter a discusión el nivel de efectividad de ordenanzas, normativas, procedimientos e instancias que han ido surgiendo a través de la última década, es cierto que su existencia representa esfuerzos por parte de la Alcaldía de San Salvador por contribuir a corregir los vacíos de planificación y regulación que antes existían.

Buscar culpables o echarse mutuamente la culpa no ha resuelto el problema hasta ahora. No se pueden buscar culpables únicos, hay diferentes grados de contribución a la problemática, y sobre todo de responsabilidad en su solución.

Evidentemente, el ritmo de crecimiento y transformación de la realidad le ha ganado a todos los actores. Hasta ahora, los diversos actores no han concertado medidas de solución de beneficio común.

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