EL FARO ACADÉMICO

La violencia, la ley y la historia en Centroamérica

En el siguiente artículo Robert H. Holden explora las profundas raíces históricas de la “nueva violencia” que experimentamos con resultados tan trágicos para El Salvador y que ha venido a reemplazar la violencia del estado y de las actividades guerrilleras del pasado. Esta violencia se caracteriza por provenir de la sociedad civil y “cuenta frecuentemente con la colaboración y participación secreta y corrupta de agentes del estado, tanto uniformados como civiles”.  El Dr. Holden es profesor de historia latinoamericana en Old Dominion University, Norfolk, Virginia, E.U.A. Sus investigaciones se han centrado alrededor del tema de la violencia del estado. Es autor de Armies Without Nations:  Public Violence and State Formation in Central America, 1821-1960 (New York:  Oxford University Press, 2004).

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Los años ochenta del siglo pasado serán recordados para siempre como la década en que los países iberoamericanos emprendieron el salto político más dramático e impactante desde que obtuvieron su independencia. Uno tras uno, se encaminaron hacia la consolidación de regímenes democráticos, dejando atrás una larga historia de dictaduras, ya sea de tipo personal o de tipo militar-institucional.  Hoy, toda América Latina con la excepción de Cuba cuenta con dos o tres décadas de gobiernos civiles, constituidos todos por elecciones que han sido consideradas casi universalmente honestas, competitivas, y altamente participativas.   A la vez, las fuerzas armadas se han abstenido (con pocas excepciones) de su tradicional interferencia en asuntos políticos, o por lo menos en asuntos electorales.  En suma, estamos viviendo un viraje fundamental en la historia política de América Latina.

Curiosamente, hemos presenciado otra tendencia que parece haber aumentado con el mismo ritmo en que la democracia electoral se ha convertido en una práctica definitiva y estable.  Es una tendencia, además, que nadie esperaba y que parece contradecir por completo la paralela propensión a la democratización y la desmilitarización. Me refiero a un tipo de violencia que no surge directamente ni de las fuerzas armadas ni de grupos revolucionarios, las dos fuentes de violencia más destacadas entre las décadas de los sesenta y los ochenta del siglo XX.  Muchos habíamos presumido que, una vez instituidas las elecciones honestas y terminada la guerra fría, desaparecerían los dos grandes protagonistas de la violencia ─  los gobiernos militares y las guerrillas revolucionarias ─ y con ello, disminuirían las altas tasas de violencia que sufrieron los países de Centroamérica y del resto de América Latina.

¿Cómo se caracteriza esta “nueva violencia” latinoamericana?  En primer lugar, no surge del estado, sino en gran parte del mismo espacio social que según los politólogos funciona como la matriz indispensable de la paz y la democracia, es decir, la sociedad civil.  En segundo lugar, la nueva violencia cuenta frecuentemente con la colaboración y participación secreta y corrupta de agentes del estado, tanto uniformados como civiles.  Los agentes de la nueva violencia saben que muchas veces pueden actuar con impunidad porque, ya sea con las armas o con el dinero, pueden sobornar a los agentes de la justicia y del orden.  Finalmente, es una violencia que no es estrictamente política ni privada sino criminal y espectacularmente pública, muchas veces altamente organizada y tecnificada, y que consiste en secuestros, asesinatos, torturas, violaciones colectivas, masacres, robos y allanamientos, frecuentemente ligados al narcotráfico. 

Un caso que llama la atención es el de Centroamérica que “parece tener los índices más altos de homicidio en el mundo,” así como “el flujo de drogas con mayor valor en el mundo,” según un informe del 2007 de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen.  El mismo informe advierte a sus lectores que no culpen exclusivamente a las pandillas de jóvenes ni a los narcotraficantes.  “Parece ser que la violencia es endémica para muchas sociedades en Centroamérica.”  Informes recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aseveran que “se va instituyendo una especie de cultura de la informalidad, ilegalidad e ilegitimidad” (Honduras) y declara la existencia de “un clima de impunidad” (El Salvador). Quizás el aspecto más preocupante sea la pasividad culpable de parte de las agencias de seguridad y de la justicia, y muchas veces su colaboración directa con los victimarios.
Lo sorprendente de todo esto es cómo el clima de violencia e impunidad antes mencionado nos recuerda mucho la época de violencia política de los sesenta a los ochenta.  Entonces el cuadro parecía más sencillo ─ por un lado estaba el pueblo oprimido y explotado, y por otro, la oligarquía y sus defensores (los militares) responsables de una violencia endémica y un sinfín de gobiernos ilegítimos que disfrutaban la impunidad mientras llevaban a cabo crímenes de todo tipo.  La solución política, para los demócratas, era obvia: elecciones libres con la participación de todos, con las fuerzas armadas subordinadas a un gobierno civil, dentro del marco del liberalismo constitucional.  Esta aspiración se ha logrado en toda Centroamérica desde principios de la década de los 90.  Sin embargo, la violencia (aunque de otro cuño) continúa, y muchos dicen que en ciertos lugares puede ser aún más intensa y dañina que las guerras civiles de la década de los ochenta.

He aquí, pues, el meollo de la cuestión para los historiadores:  ¿Hasta qué punto hay continuidad entre esta cultura de “impunidad,” de “ilegitimidad,” y de violencia “endémica” con la historia de violencia en América Latina desde su independencia?  Antes de contestar esta pregunta, creo necesario hacer dos advertencias.  Primero, la violencia en sí no es un rasgo inherente a una cultura u otra, sino una constante en la historia de la humanidad.  Las expresiones de violencia más sangrientas de la historia humana ─ las dos guerras mundiales, el holocausto, los totalitarismos de los estados fascistas y comunistas  ─  nacieron en Europa y no en Latinoamérica.  Lo que llama la atención en el caso latinoamericano es, no obstante, la persistencia de una especie de violencia pública, nacional y no internacional, en la que participan agentes estatales, y en la que predominan fines políticos, personales y criminales. Segundo, rechazamos como absurda la interpretación racial de la violencia histórica latinoamericana que sobrevivió hasta la década de los cincuenta del siglo pasado, y que aún persiste afuera de los círculos académicos. Esta interpretación es un residuo del llamado “racismo científico” que surgió en la segunda mitad del siglo XIX y que atribuyó la violencia a una causalidad biológica.

En lo que queda de este ensayo haré un bosquejo sobre las condiciones que han permitido la persistencia de la violencia pública, desde los primeros años de la independencia, en sus distintas formas ─ golpes y rebeliones, insurrecciones y masacres, secuestros, asesinatos y desapareciones, formación habitual de guerrillas, escuadrones de la muerte, pandillas, maras, y sicarios.  Propongo que un factor condicionante poco reconocido es la extrema debilidad del imperio de la ley desde la fundación de las repúblicas. Uno puede imaginar la construcción de la democracia, aunque débil o incompleta, en una sociedad seriamente dividida por la desigualdad. Pero lo inimaginable es una democracia donde imperan la impunidad y la arbitrariedad jurídica. Éste ha sido el caso de Centroamérica y de la mayoría de los estados iberoamericanos, donde las autoridades se han burlado de las leyes que constitucionalmente están obligadas a aplicar y obedecer.  “En Honduras, la justicia es una serpiente que sólo muerde a los descalzos.”  Esta frase del embajador norteamericano en Honduras, Cresencio S. Arcos Jr. (1989-1993), fue acogida instantáneamente y se ha vuelto una forma común de caracterizar el sistema judicial.  Un dicho similar encontramos en Brasil: “Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley.” 

En ninguna sociedad del mundo impera la ley a la perfección. Y por supuesto, en ciertas situaciones de leyes injustas que socavan el bien común, se justifica la desobediencia, la resistencia y hasta la rebelión, según una larga tradición occidental. Pero en América Latina nos enfrentamos con una tendencia extrema en donde la ley es casi siempre una mercancía con la que se negocia. Un estado que se burla habitualmente de la ley y la justicia se burla de su propia legitimidad, y en consecuencia invita a la violencia pública de todo tipo. La legitimidad de un estado depende primordialmente de la ley, pero cuando se sustituye el imperio de la ley por el imperio de la impunidad como es el caso de muchas partes de América Latina los tentáculos de la impunidad mueven no solamente a los poderosos sino también los débiles.  Los débiles, los “descalzos,” buscan así arreglos prácticos para minimizar los costos de la aplicación de la ley como por ejemplo un padrino con poder o el pago de un pequeño soborno.

En consecuencia, la impunidad y la corrupción se han aglutinado en una pelota negra que rebota y rebota en un campo de violencia y desorden sin árbitro. A esta pelota no la ha podido disolver ni la democracia liberal, ni la democracia social, ni el populismo, ni el autoritarismo militar, ni el socialismo. Nos lo enseña la historia misma de los países americanos. ¿Cómo implantar en ellos el respeto por la ley?  La respuesta no la puede dar un historiador porque la labor de éste, como dice Ernest Breisach, es reconciliar el pasado, el presente y el futuro, cuando estos tres momentos experimentan cambio y continuidad. Así las cosas, reconocemos la continuidad histórica del imperio de la arbitrariedad jurídica y se convierte en necesidad saber cómo es posible esa extraordinaria continuidad a pesar de los cambios en los regímenes e instituciones políticas y en las condiciones económicas, culturales y sociales.
 
Evidentemente, hay una relación interactiva, delicada, entre la legitimidad de un estado y el imperio de la ley. Cuando la sociedad civil reconoce libremente el derecho a gobernar de un estado, se dice que ese estado tiene legitimidad y, en consecuencia, hay una disposición de obedecer sus estatutos. De tal forma existe una secuencia circular que refuerza tanto la legitimidad como el imperio de la ley.  Para el historiador de América Latina el problema consiste en verificar si en algún momento existió esa secuencia circular positiva, y si existió, identificar los momentos en que se vio alterada, así como las condiciones que provocaron dicha alteración. 

Parece probable que el momento decisivo fue el de la separación de los reinos americanos de las monarquías ibéricas. Fue esta una época caracterizada por el conflicto entre distintas teorías y creencias sobre la fuente de la autoridad política (¿Dios?  ¿El monarca?  ¿El pueblo mismo?  ¿Alguna combinación de ellos?) y cómo esa autoridad se transfiere legítimamente a un soberano. Tal situación sugiere la hipótesis de que a raíz del conocido desorden del siglo XIX (que en Centroamérica continuó en el siglo XX) se encuentra un conflicto irresoluble entre distintas creencias (incluso religiosas) sobre la fuente de la autoridad en la que se funde la legitimidad del estado y sus leyes. 

Los complejos orígenes del desorden violento y del imperio de la arbitrariedad jurídica no pueden ser explicados como el resultado de una causa única. Por tal razón ningún historiador podrá desanudar y poner en su lugar los hilos de la pelota negra de que he hablado si se limita al conocido y amplio repertorio de teorías materialistas (intereses de clase, de poder, de riqueza).  Detrás de esos intereses se encuentra el desdeñado universo de las creencias, incluso las creencias sobre la autoridad y sus orígenes.  Sólo así podremos dar cuenta de cómo la serpiente de Arcos no sólo muerde a los descalzos sino también extiende su veneno en los pies de los calzados.

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