EDITORIAL

Saca se va

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Esta semana terminan cinco años de gobierno de Antonio Saca. Es difícil, en primera instancia, determinar con precisión cómo deja el país, habida cuenta de que su administración ha sido especialista en ocultar información y manipular cifras.

Hemos asistido a un retroceso en la institucionalidad nacional, a cinco años en los que la ley se aplica a voluntad de las autoridades que administran las instituciones y en los que el presidente concentró tal poder que se creyó por encima de las leyes y de la Constitución misma. Y cuando el presidente hace esto, los funcionarios lo imitan.

Saca concentró poder combinando la presidencia de la República con la de su partido, y con el control de las cuentas de ambas. A su sombra, su círculo más cercano le ayudó a administrar ese poder sin que nadie supiera qué hacían y de dónde salía el dinero. Hasta ahora no ha sido posible siquiera saber cuánto gastó en publicidad. O de qué partidas se pagaban los viajes que hizo con enormes comitivas que incluyeron a las esposas y esposos de sus invitados. O cómo se distinguía y separaba las finanzas del partido de las del Ejecutivo. O cómo ocultaron durante tanto tiempo las cifras macroeconómicas que ahora apenas comenzamos a conocer.

El resultado de esta sistemática ocultación de información que debería ser pública es que ahora no sabemos a ciencia cierta cómo está el país. Si en enero todo iba bien y no había crisis, ahora los mismos funcionarios admiten que la crisis llegó mucho antes. Si hace seis meses no era necesario tocar los subsidios, ahora el ministro de Hacienda recomienda urgentemente al gobierno entrante focalizarlos y aumentar y crear nuevos impuestos. Ahora ni siquiera los organismos financieros internacionales creen en las cifras macroeconómicas oficiales de El Salvador. Ahora ni siquiera los funcionarios de la administración son capaces de asegurar que las cifras oficiales son reales. Ahora hasta el presidente de la ANEP señala que el gobierno les mintió.

El gobierno de Saca jugó hasta con las estadísticas de homicidios, aumentando los números con que recibió el gobierno y disminuyendo los números que registraban un incremento que nos puso en los primeros lugares mundiales de violencia y de impunidad. En materia de pobreza, escondió los estudios que registraban un aumento de la misma hasta que se hicieron públicos por otros medios, y a estas alturas ni siquiera hay acuerdo sobre la Encuesta de Hogares 2008 porque nadie creyó en las primeras conclusiones que mostró el Ministerio de Economía.

Si Saca llegó al gobierno en 2004 prometiendo combate a la corrupción, se va dejando un pésimo record en esta materia. Seguimos por debajo de los índices de transparencia de la Cuenta del Milenio y las instituciones encargadas de ejercer contraloría siguen en manos de dudosos funcionarios que en vez de vigilar y castigar se han dedicado a ocultar y desvanecer. Y si Saca se va, la Corte de Cuentas se queda, tal y como está constituida, como resultado de un pacto político según el cual los magistrados están ahí para proteger a los funcionarios y no para vigilarlos.

Este gobierno se va dejando una enorme deuda de información a la ciudadanía. Y lamentablemente el gobierno entrante, en la voz del presidente electo, ha adelantado ya que no buscará responsables de irregularidades cometidas en estos años.

La impunidad es una de las principales causas de la violencia y el crimen en El Salvador. Esa impunidad es consecuencia de un generalizado irrespeto a las leyes, de la discrecionalidad en la administración de justicia y la negligencia e ineficiencia de nuestras autoridades en materia de seguridad pública.

Hemos pasado cinco años en los que las irregularidades se volvieron regulares, ante la mirada complaciente de quienes debieron haber evitado que esto sucediera. Los contrapesos al ejercicio público se borraron con aritméticas legislativas armadas más para proteger al Ejecutivo que para cumplir con sus funciones constitucionales. La Corte de Cuentas ha funcionado como un cómplice, y la fiscalía también se ha desnaturalizado. En vez de proteger los intereses del Estado protegió los del gobierno, permitiendo que sus funcionarios actuaran sin controles. 

El ex fiscal Safie se negó a investigar patentes irregularidades en el uso de fondos públicos en la Secretaría de la Juventud consignados por El Faro alegando que se trataba de una acusación “con tintes políticos”. Después se negó a investigar los nexos entre el director departamental de San Salvador de Arena y el diputado pecenista acusado de lavado de dinero (y del asesinato de tres diputados de Arena en Guatemala). Hasta la fecha no hay ninguna investigación sobre corrupción durante el gobierno de Saca. Ni en la Fiscalía, ni en la Corte de Cuentas, ni en la Corte Suprema de Justicia, que convenientemente restó poderes a su sección de Probidad para evitar situaciones incómodas. 

Ahora apenas vemos un poco de todo lo que se ocultó. Las cifras escondidas y alteradas dan apenas un leve indicio de lo que hay detrás. De lo que nadie quiso controlar.

Esto no debe repetirse nunca más. El presidente electo le hace un enorme daño al país al decir que no hay que ver para atrás, sino para adelante, y que no habrá “cacerías de brujas”. Dada la crítica situación económica, política, de seguridad y social con que recibirá el Ejecutivo, y el poco margen que tendrá para hacer cosas más allá que sobrevivir a la crisis, lo mejor que podría hacer por El Salvador, y que le garantizaría un lugar privilegiado en la historia del país, sería consolidar instituciones, reparar los daños hechos en los últimos años, combatir con fuerza y con claridad la impunidad y establecer el Estado de Derecho. Pero eso implica abrir las cuentas de la administración que se va, y que todos sepamos qué hicieron con lo que es nuestro, de todos.

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