EDITORIAL

La seguridad hecha propaganda

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En un reciente foro realizado por este periódico con directores de casas encuestadoras, todos ellos coincidieron en que la campaña sucia no está afectando al candidato que va a la cabeza en todas las encuestas, pero que un escándalo sí podría cambiar la situación.

Era de esperarse que un escándalo estallaría antes de que terminara el año para apoyar a ARENA en su desesperada lucha por revertir las tendencias electorales.  Pero no que esto se fraguara, diseñara y filtrara por el poder Ejecutivo utilizando las instituciones del Estado.

La “denuncia” de la existencia de 40 grupos armados ilegales, de los cuales las autoridades dicen tener datos sobre su ubicación y lugares de entrenamiento, pone en serios dilemas a la institucionalidad del Estado.

Es evidente que, apadrinado por el presidente Saca, el plan tiene objetivos políticos y electoreros, y no de seguridad nacional. Porque parece increíble que algo tan serio y grave como la existencia de grupos armados con objetivos políticos se sustente con fotos de menores de edad en un acto público en una plaza municipal.

La denuncia de las conmemoraciones guerrilleras en El Paisnal por sí sola hubiera abierto un interesante debate público sobre la conveniencia o no de realizar este tipo de actos con menores de edad. En vez de ello, tenemos ahora acusaciones muy serias de parte de autoridades del Estado, que se han denunciado ante y a través de los medios de comunicación, sin presentar pruebas y acuerpadas por un presidente que ya anunció que llevaría la denuncia a todos los países latinoamericanos y a la OEA y a la ONU (luego dijo que no pedirá que intervengan). La canciller de la República, que desde que llegó al cargo se ha dedicado a cumplir con las necesidades electorales del mandatario y su partido, adelanta que aunque las investigaciones siguen en curso ella misma cumplirá las órdenes de Saca y llevará la denuncia a la comunidad internacional. Sólo faltó que aclarara: ¿Qué exactamente va a denunciar?   

Si las autoridades han estado investigando la existencia de grupos armados (que los hay, sin duda, ligados a pandillas y a grupos de narcotráfico. El Ministerio de Defensa viene diciendo desde hace años que estiman que hay unas 250 mil armas de fuego ilegales en manos de civiles) lo ideal sería que continuaran haciéndolo hasta que tuvieran un caso, que capturaran a los miembros de estos grupos y que los procesaran debidamente. Eso es vivir en Estado de Derecho. Lo que han hecho, en cambio, se llama propaganda. Y eso, cuando se hace con las instituciones encargadas de administrar la seguridad pública y de salvaguardar la soberanía nacional, es un acto de suma irresponsabilidad, porque desnaturaliza las funciones y resta credibilidad a instituciones clave para el país. Los delitos no se castigan a través de los medios de comunicación, sino en los tribunales.

Las encuestas probablemente explican la desesperación del presidente Saca. Pero un mandatario desesperado es peligroso, porque tiene poder. Porque, en su afán por retener lo que va perdiendo él y su partido, está llevando al país hacia atrás, tensando aún más unas elecciones ya sobrecargadas de ansiedades y angustias y poniendo en riesgo la gobernabilidad del país. 

De continuar así, Antonio Saca, uno de los presidentes más populares y poderosos en la historia moderna de El Salvador, terminará recordado como uno de los peores mandatarios, porque prefirió poner al Estado al servicio de su partido, y no al revés. Porque pervirtió la institucionalidad del Estado y prefirió volcarse a perpetuar la presencia de su partido en el Ejecutivo que hacer frente a los grandes males del país: la corrupción, la violencia, la pobreza, la inequidad. Y porque fue él quien, tres lustros después de la firma de los Acuerdos de Paz, intentó meter al Ejército, otra vez, a la vida política.

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