OPINIÓN / DESDE LA ACADEMIA

Del Caso Jesuitas al Caso Cristiani

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A diecinueve años de la muerte de  los padres jesuitas, el caso vuelve a estar en los titulares del mundo debido a  la demanda presentada en España, ante la Audiencia Nacional del Poder Judicial, contra el ex-Presidente Cristiani y 14 ex-altos jefes militares. A estos últimos se les acusa por crímenes de lesa humanidad. Al ex-mandatario, por encubrimiento de los mismos.

Tal iniciativa jurídica se da cuando en el país se desarrolla una tensa campaña electoral con propaganda negativa de ambos lados y el uso del pasado para descalificar al oponente. ARENA insiste en que no hay que “abrir heridas” y que se debe “pasar página”. Pero olvida estos argumentos a la hora de desarrollar su campaña, recurriendo a su propia versión unilateral y sesgada de la guerra civil.

Se ha centrado ahora en responsabilizar a Salvador Sánchez Cerén, candidato a la Vicepresidencia por el FMLN, de los crímenes cometidos por Mayo Sibrián, ex-jefe de las FPL en la zona de San Vicente. Centenares de ejecuciones sumarias de combatientes y colaboradores se habrían dado con el consentimiento del actual candidato.

El caso nunca fue incluido en la lista de los que investigó la Comisión de la Verdad por una razón bien sencilla: por atroces que hayan sido esos abusos y violaciones a los derechos humanos, la Comisión consideró que se trataba de purgas internas o de casos de espionaje o de infiltración por el enemigo. Las víctimas no eran civiles. Eran combatientes en situación de guerra.

Es un caso que no puede equipararse a la masacre de El Mozote, con un millar de víctimas civiles, de todas las edades, o de las cuatro monjas violadas y después asesinadas, o del arzobispo abatido por la bala de un francotirador a mitad de la misa, o de los seis sacerdotes y dos colaboradoras de la UCA, sacados de sus camas para ser acribillados por una unidad de elite del ejército. No son comparables.

Por repudiable y atroz que pueda haber sido lo acontecido en el frente paracentral de las FPL, es un caso de naturaleza distinta al terrorismo que investigó y documentó la Comisión de la Verdad. Ésta encontró “patrones sistemáticos” a lo largo del tiempo en la ejecución de los “graves hechos violatorios” de los derechos humanos. Es el genocidio cometido en El Salvador lo que no debe quedar impune. Era la tarea encomendada a la Comisión de la Verdad. Bloqueada, casi de inmediato, por la amnistía que impulsó de manera unilateral el gobierno de Cristiani.

Giovani Galeas aplicó el criterio de presunción de inocencia a Roberto d´Aubuisson, para absolverlo mediáticamente de la muerte de Monseñor Romero, usando para ello el testimonio de familiares, amigos y correligionarios del Mayor. En el libro que acaba de publicar pretende sustentar una acusación contra Salvador Sánchez Cerén aplicando ahora la presunción de culpabilidad: porque “tiene que haber sabido” del caso y “no hizo nada” para detenerlo. El responsable directo, Mayo Sibrián, fue de hecho ajusticiado por su propia organización, que dirigía el actual candidato efemelenista. Pero, en opinión de Galeas, tampoco esto salva a Sánchez Cerén, pues éste “mucho se tardó”.

No hay en eso un caso judicial. Sólo es útil para la campaña sucia. Su autor padece miopía, es decir, sólo percibe con claridad a corta distancia, pero tiene dificultades para ver el mediano y largo plazo. La argumentación que construye contra Sánchez Cerén más adelante se pudiera revertir contra Cristiani. También de él se podría sospechar el “tiene que haber sabido” y que “no hizo nada para detenerlo” que ha imaginado Galeas contra el dirigente del FMLN.

Desde luego, esas cuestiones son sólo conjeturas sin valor probatorio. Pero si da inicio en España una investigación judicial seria, todo esto será examinado. Y ésa es otra diferencia importante entre el caso propagandístico que se trata de levantar internamente y la querella jurídica interpuesta fuera del país.

El caso de los jesuitas, se dice, es cosa ya juzgada. Cierto. Pero fueron llevados a juicio sólo los autores materiales y a quien dio la orden directa. Ahora la acusación apunta a los sospechosos de ser los autores intelectuales. Sería éste un juicio nuevo y distinto.

Fue llevado el caso a instancias interamericanas por la Compañía de Jesús y está pendiente de dictamen. Ahí el acusado es el Estado, por denegación de justicia. Ahora se está acusando a personas concretas. Se está aplicando el mismo criterio que el gobierno de Cristiani defendió en su momento ante la ONU: quienes delinquen son los individuos, no las instituciones.

La demanda se fundamenta en el principio de justicia universal. Se supera cualquier tentación de privatizar a los mártires. Éstos no son propiedad de sus familiares. Tampoco pertenecen a la Compañía de Jesús o a la UCA. Ni siquiera al pueblo salvadoreño como un todo. Pertenecen al género humano. Los querellantes han interpuesto su demanda a nombre de la humanidad. Ofendida lo fue la humanidad entera.

En la democracia española el derecho reconoce jurisdicción en los delitos de lesa humanidad. Aunque hayan sido cometidos fuera del territorio español. Nunca prescriben. Tampoco pueden ser objeto de amnistía. La cual, por otra parte, tampoco podría aplicarse pues la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ya dictaminó que un gobierno puede amnistiar delitos cometidos por otro gobierno, pero “no puede amnistiarse a sí mismo”.

Tampoco son delitos sobre los que pueda otorgarse indulto. Los llamados para “que pidan perdón y así los podamos perdonar” pueden ser excelentes como postura cristiana. Yo los perdono, en mi corazón. Que sea Dios quien los juzgue. Ojalá que también Él los perdone. Todo esto está muy bien y demuestra que no hay odio ni sed de venganza. Pero ante el sistema de justicia es otra cosa. “Hacer justicia” significa exactamente eso, es decir, que se haga justicia. Si resultan culpables han de ser condenados. Si son condenados deben cumplir su pena.

Aumenta las probabilidades de que la querella sea admitida el hecho de que entre las víctimas figuren cinco ciudadanos españoles. Y las experiencias precedentes de la Audiencia Nacional española, como la orden de extradición contra el general Pinochet y los juicios contra militares argentinos acusados de desapariciones forzosas, torturas y asesinatos. Está vigente además un tratado de extradición entre ambos países, ratificado por la Administración Flores. Si se abre, el proceso podría durar años.

El Presidente Saca trató de restarle importancia al tema. Se apresuró a absolver por su cuenta a quien califica de “Presidente de la Paz”. Con igual justificación a Salvador Sánchez Cerén se le podría llamar “Comandante de la Paz”. Haber sido protagonistas y firmantes de los acuerdos de paz no los debería eximir de lo que hayan podido hacer durante la guerra.

Ése era el sentido del Informe de la Verdad, descalificado para no cumplir sus recomendaciones. Ni el gobierno quería cumplir, ni quisieron hacerlo Joaquín Villalobos, Ana Guadalupe Martínez y el resto de la dirección del ERP para quienes recomendó inhabilitación política por diez años. Tampoco Rodolfo Parker y altos militares citados por encubrimiento aceptaron el señalamiento. La impunidad parecía imponerse para siempre con la amnistía.

El poder decretó “perdón y olvido”. Pero ni los familiares de las víctimas olvidan, ni la historia perdona. Hoy ésta regresa a reclamar lo que le corresponde.

Se debe impartir justicia, establecer la verdad histórica y recuperar la memoria. Dignificar a las víctimas. Preparar así la reconciliación. Para que la convivencia y la gobernabilidad del país se funden en la asimilación del pasado doloroso y heroico. En la conciencia del mismo. No en su olvido, invención o tergiversación.

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