EDITORIAL

El refugio

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Es poco sorpresivo enterarse de que El Salvador sirvió de refugio a un prófugo de la justicia peruana. Lo hizo a pesar de que la Interpol lo buscaba (y aún lo busca) por un desfalco de casi mil millones de dólares durante la administración de Fujimori y Montesinos.

Pero lo poco sorpresivo no quiere decir que no sea grave. Las autoridades salvadoreñas han dejado escapar a un delincuente “fichado” internacionalmente, y hasta ahora, mes y medio después del escape, ni una palabra de investigar a quienes pudieron haberle dado protección.

Es sólo una muestra más de cómo El Salvador sirve de refugio a prófugos internacionales con la venia de autoridades estatales. Una más de cómo, cuando se trata de figuras prominentes, no hay institución que evite que se oculten y hasta normalicen su vida en el país.

El fiscal general anda últimamente muy ocupado tratando de elucubrar los vínculos entre las FARC y militantes o directivos del FMLN. Y está bien que lo haga. De la misma manera, esperamos que investigue el paso de Víctor Caso Lay en El Salvador, donde a pesar de ser buscado por Interpol, obtuvo una solvencia policial. Que investigue y determine las respectivas responsabilidades.

Respectivas responsabilidades que nunca se determinaron en el caso del anticastrista Luis Posada Carriles, quien vivió durante muchos años en El Salvador con una identidad falsa, con protección gubernamental y con financiamiento cubanoamericano. Un Posada Carriles que aquí planificó y contrató a salvadoreños para poner bombas en Cuba, por lo que nunca fue llevado a juicio ni investigadas sus conexiones con empresarios y autoridades locales. Un Posada Carriles que fue finalmente capturado en Panamá cuando pretendía asesinar al presidente de Cuba durante una Cumbre Iberoamericana. Un terrorista de cuya protección y complicidad no se ha investigado nada en El Salvador.

El fiscal tampoco ha puesto mucho empeño en determinar la complicidad de salvadoreños en el asesinato de tres parlamentarios centroamericanos y su chofer en Guatemala, y su homólogo sigue solicitando la relación de llamadas entre los policías guatemaltecos acusados del crimen y salvadoreños en el día del múltiple homicidio, pero Safie no le ha enviado nada.

La administración de justicia y la investigación del crimen han sido evidentemente politizadas, y por tanto pervertidas, en un sistema cuyas instituciones clave son hoy consideradas territorios propios de los partidos políticos que las encabezan. Hacemos un llamado a la Fiscalía y a la Policía para que dejen de lado los favoritismos políticos y actúen de acuerdo con su mandato. Y que comiencen por fin a investigar este caso, y el de tantos otros que continúan en la impunidad sólo porque afectan a gente cercana políticamente. ¿Ejemplos? La corrupción en la Secretaría de la Juventud, la entrega de áreas naturales protegidas a parientes y simpatizantes de Arena por el ex presidente del ISTA; el caso Katya Miranda; los auditores de la Corte de Cuentas en Oriente...

Para evitar que El Salvador se convierta en refugio de delincuentes, es necesario que la decencia mínima que se exige de las autoridades sea enforzada mediante la persecución del delito por parte de la Fiscalía y la Policía. Tratándose de alguien como Víctor Caso Lay, la situación adquiere connotaciones internacionales. A ver si ahora actúan.

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