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Gobierno renuncia a construir
presa El Cimarrón

El gobierno salvadoreño dijo no al proyecto de la presa El Cimarrón, una obra con la que los gobiernos anteriores han soñado desde hace unos 10 años. El ministro del Ambiente, Herman Rosa Chávez, fue el encargado de revelar la decisión que, según dijo, fue comunicada por el secretario de asuntos estratégicos.

Adriana Valle
cartas@elfaro.net
Publicada el 04 de noviembre de 2009 - El Faro

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El gobierno de El Salvador no construirá la represa El Cimarrón, reveló este miércoles el ministro del Ambiente, Herman Rosa Chávez, durante la inauguración de un foro sobre políticas hídricas organizado por la ONG Tribunal Latinoamericano del Agua.

“Sobre uno de los proyectos, el caso de El Cimarrón, me complace informar que ya el presidente (Mauricio) Funes se pronunció al respecto y ha dicho que este proyecto no está dentro de los planes de la actual administración”, dijo el ministro. Sus palabras fueron recibidas con aplausos por la audiencia nutrida de ambientalistas y representantes del movimiento antirrepresas.

Rosa dijo a periodistas que fue el secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún, quien comunicó la decisión del Ejecutivo el sábado pasado durante una reunión con los habitantes de la zona donde se planeaba construir El Cimarrón, en Chalatenango. Sin embargo, aclaró que la presidencia no ha dado a conocer aún cuáles fueron los argumentos que los llevaron a descartar la construcción de la represa.

El proyecto implica la construcción de un dique entre los municipios de Metapán y Agua Caliente para conformar un embalse de 15 kilómetros cuadrados que se abastecería con las aguas del río Lempa. Estas aguas serían desviadas hacia un túnel de 8 kilómetros para generar la energía. Posteriormente, las aguas turbinadas desembocarían en el río Metayate. La generación eléctrica en El Cimarrón supondría una significativa reducción en el caudal del Lempa en ciertas zonas del país en los departamentos de Santa Ana y Chalatenango.

“Ha habido mucha preocupación sobre lo que esto va a suponer para el régimen hidrológico del río Lempa en esa parte del codo”, dijo Rosa.

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) aún no contaba con el permiso ambiental necesario para la construcción de El Cimarrón. El ministerio del Ambiente había pedido a la autónoma que respondiera a una serie de observaciones sobre el estudio de impacto ambiental que presentaron en abril de 2008.

Entre otras cosas, el ministerio pedía a CEL que detallara los cálculos de los caudales que dejarían en el río Lempa, que realizaran evaluaciones de los recursos biológicos que podrían ser afectados en la zona y que pidieran la opinión del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) sobre si el proyecto perjudicaría o no sus actividades.

El presidente de ANDA, Francisco José Gómez, adelantó a El Faro que la entidad se opondría al proyecto si la evaluación técnica que se encuentran realizando concluye que la construcción de la represa afectaría la disponibilidad o la calidad del agua que se toma del Lempa para ser potabilizada en la planta de Las Pavas, que suple el 65% de la demanda de agua en la zona metropolitana de San Salvador.

“Para nosotros, lo más importante, lo vital, es el agua potable. Aquí no habría otra condición que CEL tenga que dejar el agua para que nosotros la sigamos tratando. Nosotros podemos vivir sin energía eléctrica, pero no podemos vivir sin agua”, dijo Gómez.

El alto costo económico del proyecto es otro de los factores, que según el ministro del Ambiente, podrían haber llevado al presidente Funes a tomar la decisión de no construir la represa. El costo del proyecto se ha casi triplicado en la última década. Inicialmente se estimaba que la construcción de la represa costaría 400 millones de dólares, pero los últimos cálculos la cifraban en mil 100 millones. Pero también ha habido ofrecimientos de financiamiento. En junio pasado, el presidente de CEL, Nicolás Salume, aseguró que el gobierno de Corea del Sur ofreció 800 millones para ejecutar la obra.

La represa tendría una capacidad de generar 261 megavatios, energía que CEL asegura será necesaria para suplir una creciente demanda. La autónoma esperaba que la construcción de la represa iniciara en 2010 y que comenzara operaciones a partir de 2017. El diseño de la obra ya había sido adjudicado al consorcio de las empresas Intertechne y Geoconsult.

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