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Funes usó propuesta de 1998
para ascender a Munguía Payés

El presidente de la República exhumó la evaluación que hace 11 años hizo el tribunal de ascensos al entonces coronel David Munguía Payés para ascenderlo a general. Esa evaluación concluyó con un “no” del entonces presidente Calderón Sol, y la Corte Suprema sentenció en 2001 que la palabra del presidente era parte esencial de esa evaluación. Funes volvió a la vida ese cartucho aparentemente quemado y Munguía Payés obtuvo su ascenso tras ocho años de baja. Aunque la ley dice que la carrera militar termina tras cuatro años de baja y que quien pasa a situación de retiro pierde derecho al ascenso.

Daniel Valencia
Fotos Cortesía CAPRES
cartas@elfaro.net
Publicada el 10 de agosto de 2009 - El Faro

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En diciembre de 1998, el tribunal de ascensos a general de brigada incluyó el nombre del actual ministro de Defensa, David Munguía Payés, en el acta número 37 que llegaría a manos del presidente Armando Calderón Sol. La razón era que dicho tribunal consideraba al entonces coronel con aptitudes físicas, síquicas y médicas -entre otras- para recomendarle al gobernante que lo ascendiera al grado de general. Calderón Sol rechazó la recomendación y, 10 años y medio más tarde, el presidente Mauricio Funes desempolvó aquella propuesta -con todo y el aval a las aptitudes físicas, síquicas y médicas de entonces- para avalar el nuevo grado militar de su ministro.

La decisión del gobernante, que revivió un proceso que según la Corte Suprema de Justicia estaba muerto, está basada en una interpretación de la Ley de la carrera militar que pretende que si un militar es llamado de regreso a la situación activa, puede ascender, aunque dicha ley y el reglamento respectivo establezcan que quien había pasado a retiro pierde el derecho al ascenso.

En la orden general del 30 de junio anterior, el gobierno anunció el ascenso de Munguía Payés, con lo que en apenas un mes obtuvo aquello por lo que había luchado infructuosamente desde 1998 hasta enero de 2001, cuando obtuvo la baja por haber cumplido el tiempo de servicio.

El 3 de julio, interrogado por los periodistas, Funes salió en defensa de la decisión en favor de su amigo: “El procedimiento que se siguió es el que establece la ley. Los ascensos son ordenados por el presidente de la República: yo los firmé, yo los ordené y yo soy el presidente de la República”.

La Ley de la carrera militar (LCM), en efecto, faculta al presidente a conferir los grados militares, previa recomendación de un tribunal ad hoc. La LCM establece que en el caso de los coroneles, habrá un tribunal especial que hará la lista de quienes reúnen los méritos para ascender al grado de general de brigada. Este tribunal elabora la lista después de hacer las evaluaciones correspondientes y es el presidente quien da la firma para oficializar las promociones.

Hasta ahí, todo mundo está de acuerdo. Las diferencias surgen cuando se discute si el presidente de la República, que a la vez es el comandante general de la Fuerza Armada, tiene derecho a decir que no a una recomendación del tribunal de ascensos, o si solo tiene la facultad de dar su aval.

En 1999, el presidente Calderón Sol desoyó la recomendación y vetó el ascenso de Munguía Payés. El coronel, inconforme, sabía que la LCM instruye que los militares podrán ser evaluados en dos oportunidades para efectos de ascensos, con un año de distancia entre cada evaluación. En 1999, un nuevo tribunal evaluó a Munguía Payés y resolvió que no lo recomendaría para ascender. Así quedaron quemados los dos cartuchos que tenía disponibles el militar.

No conforme, Munguía Payés acudió a la Corte Suprema de Justicia, a la que pidió dos cosas: una, que dijera que si el tribunal recomienda un ascenso, el presidente no puede negarlo. Y la segunda, que debido a que la primera evaluación del tribunal le había resultado favorable, era improcedente la segunda, la de 1999, que le resultó desfavorable.

La Corte resolvió contra Munguía Payés en los dos puntos. El 3 de julio de 2001 sentenció que para que ocurra un ascenso a general de brigada, se necesita un primer requisito, que es haber obtenido la recomendación del tribunal, y un segundo, que es la confirmación del presidente de la República. Y mientras según el alegato de Munguía Payés, la evaluación consiste en la decisión del tribunal de ascensos, según la Corte, la evaluación está formada por esa opinión y por la del presidente.

Después de aquella negativa de Calderón Sol, y con la sentencia posterior de la Sala de lo Constitucional, según la Ley de la carrera militar, a Munguía Payés solo le quedaba una oportunidad más para ascender a general. Y la obtuvo en 1999, cuando el nuevo tribunal resolvió que no hacía méritos. El coronel no tenía quien lo ascendiera hasta que 10 años y siete meses después, el presidente Mauricio Funes desempolvó aquel archivo que la Corte dijo que no era vinculante, hizo suyos los argumentos de su ahora ministro y lo catapultó hacia el grado de general de brigada, categoría de las armas.

En la práctica, el presidente, el ministro y el asesor jurídico de la institución armada –que respalda el ascenso- interpretaron uns artículos de la ley de la carrera militar para avalar la promoción, y dejaron de lado otros que la ponen en tela de juicio y que utilizan los críticos para objetar la decisión presidencial e, incluso -como en el caso de un ex viceministro de Defensa-, para advertir al presidente con la posibilidad de un juicio militar.

Tres de estos artículos que siembran dudas son el 36, 37 y 38 de la LCM, que hablan de las evaluaciones para el ascenso, pasos con los cuales se miden los méritos que tienen los coroneles que cada año aspiran al cargo de general de brigada, el segundo máximo grado de las fuerzas armadas salvadoreñas. Estos artículos mencionan los factores que se consideran para hacer una evaluación, y entre ellos están los que se refieren a aptitudes fìsicas, síquicas y médicas. La decisión tomada en junio de este año por el presidente Funes –y firmada por el mismo ascendido, en cu carácter de ministro- plantea en la práctica que Munguía Payés tiene la misma capacidad profesional y la misma aptitud física, síquica y médica que hace más de 10 años, cuando el tribunal le favoreció con su visto bueno. Y esta apreciación se da sin una nueva evaluación, porque a Munguía Payés ninguno de los dos tribunales creados este año lo evaluó ni lo propuso. 

El mismo presidente del Tribunal de ascensos a general de la Fuerza Armada, el ex ministro Jaime Guzmán Morales, lo aclara. “No pasó por nosotros ese ascenso”, dice.

En la ley y en el reglamento a la misma, hay otros artículos que también chocan con la decisión adoptada por el presidente, pero que según el ahora general, y el director de asuntos jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), Manuel Barquero, no contradicen la decisión.

El artículo 15 de la ley de la carrera militar faculta al Tribunal de Ascensos como la única instancia responsable de proponer generales de brigada. Este Tribunal se conforma en enero de cada año según la ley. Y luego de recibir las propuestas de aspirantes de parte del jefe del Estado Mayor Conjunto –en mayo, según la ley- decide en los meses de junio y diciembre si alguien merece ser ascendido.

Este año, sin embargo, el presidente y el ministro decidieron saltarse este proceso y buscaron en las actas del Ministerio de la Defensa aquella recomendación de 1998.

En este momento, el tribunal de ascensos para generales de brigada lo presidente el general Jaime Guzmán Morales, quien dice no tener respuesta a la duda sobre la validez de revivir la evaluación de 1998.

-General, ¿el presidente tiene la facultad de revivir aquella recomendación?

-Entiendo que él (general David Munguía Payés) ya había sido evaluado -dice Guzmán Morales.

-¿Pero el presidente podía saltarse al tribunal y revivir una recomendación emitida hace 10 años?

-No sé.

En su defensa, el ministro dice que su ascenso es de ley y argumenta que su derecho ganado con aquella recomendación nunca se perdió.
 “Es que precisamente la ley establece que tú necesitas una evaluación y si la sacás positiva no tenés necesidad de ir a una segunda evaluación. La segunda evaluación está diseñada, de acuerdo con la ley para aquellos que no pasan la primera evaluación”, dice el ahora general. Este fue uno de los argumentos que él utilizó en su amparo promovido ante la Corte y que le fueron denegados en 2001.

En lo que la Corte no estuvo de acuerdo es en que Munguía Payés ya tenía derecho adquirido por la recomendación que hizo el tribunal de ascensos. “Tenía expectativas de derecho”, resolvió la Sala de lo Constitucional, que agregó que habría sido un derecho adquirido si el presidente Calderón Sol hubiera aprobado el ascenso. Y, como no lo hizo, todo se quedó en expectativas de derecho.

Al preguntarle al director jurídico en qué parte de la ley se encuentra lo argumentado por Munguía Payés en cuanto a que si una primera evaluación es positiva no procede una segunda, este reconoce que esa es “una interpretación”, al igual que es “interpretación” argumentar que tras el veto de Calderón Sol en 1998 a esa recomendación, esta perdía vigencia. Según la Constitución, solo la Asamblea Legislativa tiene la facultad para interpretar las leyes.
La pregunta siguiente, entonces, es si Funes tiene o no la facultad para descongelar documentos archivados –que fueron rechazados por otro Ejecutivo- y darles vigencia. Tal cosa tampoco aparece regulada en ninguna parte de la ley de la carrera militar.

El presidente, tácito, dice que sí, el Ministro dice que sí y el  director jurídico agrega el valor de la “justicia”, el de los derechos adquiridos “que no prescriben”, y  el valor de una interpretación jurídica que en este caso “está sentando jurisprudencia”.

El 23 de julio, en el acto de coronación de Munguía Payés, el presidente Funes habló de resarcir errores del pasado, como una especie de justificación de la medida.

“Como comandante general de las fuerzas armadas, pero también como ser humano, es motivo de alegría ascender al grado de general de brigada a mi dilecto y apreciado amigo, el coronel David Victoriano Munguía Payés. Este día se le hace justicia  a un hombre con sobradas cualidades tanto militares y profesionales como personales”, dijo Funes.

El 30 de junio de 2009, con la “orden general 07/2009”, Funes impartió la justicia que creyó negada casi 11 años atrás.

El ascenso del ministro fue criticado desde el día del anuncio por políticos y otros militares que consideraron que el proceso ha sido por lo menos anómalo, aunque hay quienes incluso hablan de violaciones a leyes o reglamentos. Entre estos está el ex viceministro de Defensa y ahora dirigente del partido Arena Marco Palacios Luna, quien advierte al presidente Funes sobre la posibilidad de un juicio militar.

El caso es tan controversial que el mismo Ministro reconoce que para tomar la decisión valoraron los escenarios a los que se enfrentarían e intenta deslegitimar los reclamos diciendo que han aparecido porque, “el caso se ha politizado”.

Esta es la primera vez en la historia de la milicia salvadoreña que un presidente se salta a un tribunal vigente, va en busca de una recomendación –de otro tribunal- rechazada hace más de 10 años, la revive, y asciende a un coronel que estuvo más de ocho años de baja, situación que no está prevista explícitamente por la ley.

Munguía Payés se retiró del servicio activo en enero de 2001, y el artículo 8 de la LCM dice que pierde derecho al ascenso quien está en situación de retiro. Además, el artículo 92 dice que quien pasa cuatro años de baja automáticamente pasa a situación de reserva, con lo que pierde derecho al ascenso. Y el artículo 134 del reglamento a la LCM menciona como causales del término de la carrera militar, estar en situación de retiro o tener cuatro años ininterrumpidos en situación de baja. Munguía Payés estuvo casi ocho años y medio de baja.

Y todo esto, sin embargo, no convence al director jurídico de Defensa. “Alguien decía que es el primer caso que se da en la historia. Es cierto, porque en casos anteriores el presidente no había dicho que no. Ahora, cuántos van a haber en el futuro es difícil de contestar”, dice el coronel Manuel Barquero.

El Faro consultó con otros ocho militares –entre capitanes y coroneles en situación de retiro y en situación activa- que, como condición para hablar pidieron el anonimato, y al igual que el partido Arena y el ex viceministro Marco Palacios Luna aseguran que el ascenso fue ilegal.

Munguía Payés fue un factor decisivo en la campaña electoral de Mauricio Funes. Integrante del grupo no efemelenista “Amigos de Mauricio”, se encargó de la logística apartidaria para hacer actividades de campaña que siempre tenían como meta mostrar que la candidatura presidencial del FMLN no era solamente del partido de izquierda, sino también tenía el endoso de sectores no militantes de la sociedad. Su cercanía al FMLN se produjo en 2003, luego de que el partido se comprometió a enviar una carta a las Naciones Unidas en donde pedía retirar aquellos alegatos de los acuerdos de paz, con los cuales deslegitimaban al ejército diciendo que no reconocían el carácter de permanente que le da la Constitución.
 
“Así que hicimos una ceremonia histórica (…) ya que el FMLN se comprometía a enviar una carta al Secretario General de las Naciones Unidas para que sacaran esa reserva. Esa es la primera modificación que se le hace al documento de los Acuerdos de Paz. Así que, en ese contexto, yo dije en un discurso una frase que a Shafick Hándal le gustó mucho: No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir juntos el futuro”, contó Munguía Payés en 2003, en una plática con El Faro.

Seis años después, en el acto del ascenso, el presidente Funes parafraseó al ascendido: “La alegría que me asiste hoy, está fundada en este reconocimiento que hacemos a un hombre de tanta valía, capacidad y entrega; que es de estricta justicia, y que repara errores que Dios lo quiera no se cometan nunca más. Como él mismo lo ha dicho en reiteradas oportunidades: el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos construir un futuro diferente”.

Un retiro excesivamente largo

Después de aquel episodio con el FMLN en 2003 y 2004, Munguía Payés se esfumó del mapa político hasta el 2008, cuando reapareció como uno de los “Amigos de Mauricio”.

30 días después de la llegada de Funes al poder, el coronel, ya convertido en Ministro, regresó a la situación activa, argumento con el cual justifican su promoción. Sin embargo, a los artículos antes mencionados, los detractores del ascenso mencionan otros artículos de la misma ley de la carrera militar para denunciar una violación “grave”.

Para el caso, Munguía Payés había sido evaluado en dos ocasiones por dos tribunales diferentes. El primero lo promovió, pero el ex presidente Calderón Sol lo vetó, y la Corte dijo que el veto presidencial fue parte de esa primera evaluación. La Corte, entonces, resolvió que la primera evaluación fue negativa, y sin embargo es la que Funes ha revivido para usarlo en favor del ascenso.

Un año más tarde, en 1999, un segundo Tribunal evaluó su currículo de nuevo pero esta vez no lo promovió. “Los Oficiales y Suboficiales en un mismo grado, podrán ser evaluados en dos oportunidades para efectos de ascenso, debiendo transcurrir un año entre ambas evaluaciones”, dice al artículo 41 de la Ley de la carrera militar.

Esta disposición la refuerza el reglamento en el  artículo 13, que dice: “Los coroneles candidatos al ascenso al grado de general de brigada, tendrán derecho a ser incluidos en la respectiva nómina, únicamente en dos oportunidades consecutivas”. ¿Si Munguía Payés ya había sido evaluado dos veces, y las dos veces no logró el ascenso, por qué Funes decide ascenderlo?
Otro artículo que pone bajo la lupa al ascenso es el 8, numeral 25 de la ley. En él se establece la situación de retiro como “el estado en que se encuentran los militares que hacen uso del derecho a pensión en virtud de la ley respectiva, perdiendo el derecho de ascenso. Podrán ser llamados al servicio activo cuando las necesidades del servicio lo requieran”.

Funes, Munguía Payés y el ejército dicen que una vez llamado al servicio activo –cuando causó alta como Ministro- y luego transferido a la situación activa –el 30 de junio- esto le permitía recobrar los derechos de la carrera militar.
Sin embargo, la ley, cuando habla del término de la carrera militar, manda a observar lo que el reglamento dice al respecto. Y en el reglamento, el artículo 5, dice que la carrera militar se interrumpe cuando el militar ha causado baja, y una de las causantes de baja es la situación de retiro.

Es decir que el coronel Munguía Payés estuvo en situación de retiro desde el 31 de enero de 2001 hasta el 30 de junio de 2009. Si la carrera se le había interrumpido por estar en situación de baja, el artículo 6 del reglamento de la ley lo saca, en teoría, de la misma. Ese artículo dice que un militar que lleve cuatro años de baja, sean estos consecutivos o no, “no podrá reingresar” a la carrera militar.

Más allá, el artículo 134 del mismo reglamento es más severo con los militares en retiro. Según este artículo, se consideran causales del término de la carrera militar –es decir, de la aspiración y derecho a ascensos- ser transferido a la situación de retiro y “haber permanecido cuatro años ininterrumpidos en situación de baja”. Munguía Payés permaneció de baja más de ocho años.

“Él no está en situación de retiro. Fue, a través de un acuerdo ejecutivo, a la situación activa”, dice Barquero, argumentando que el acuerdo ejecutivo del 30 de junio, firmado por el presidente Funes –y apoyado por Munguía Payés-, se salta los dos artículos del reglamento y el artículo de la ley que plantean que Munguía Payés ya había perdido su derecho a ascenso. “El señor presidente decide pasarlo a la situación activa. Gana todos los derechos adquiridos”, añade.

Para resolver esta contradicción, el hoy general Munguía Payés termina diciendo que “la ley está por encima del reglamento”. 

Por favorecer a Munguía Payés, el Presidente ha tenido que alzar su voz de comandante general en dos ocasiones, para aplacar las críticas de sus subordinados. La primera vez fue el 31 de mayo, cuando dio a conocer quién sería su ministro de Defensa.

Algunos militares que participaron de una reunión con Funes semanas previas a la toma de posesión, aseguran que el presidente electo les prometió no colocar al frente del ejército a un coronel en situación de retiro. Al final, lo hizo y para evitarse problemas mandó decir a sus subalternos, vía prensa, que no contrariaran a su comandante general. Lo que nadie sabía era que Funes también ascendería a general a su ministro.

Dentro de la Fuerza Armada, hubo quienes sospecharon la maniobra cuando el 2 de junio, en la “adición a la orden general 06/2009”, Funes y Munguía Payés rehicieron al Tribunal de Ascensos. En este nuevo tribunal, presidente y Ministro sacaron a la mayoría de los militares escogidos en enero por el todavía presidente Antonio Saca, y que probablemente se opondrían a la promoción.

Así, cambiaron al presidente, el general Napoleón Agreda (uno de los asesores más cercanos al ex ministro Jorge Alberto Molina, quien causó baja en la “orden general 06/2009” emitida el 1 de junio), por el general Jaime Guzmán Morales, ex ministro de Defensa, quien renunció a su cargo en 1998 luego de que el ex presidente Calderón Sol vetara el ascenso de Munguía Payés.

Cuando la orden se conoció, dentro del ejército se sospechó que este Tribunal estaba hecho a la medida del nuevo ministro. Primero porque dicen que el presidente y el ministro se saltaron la ley, que manda a conformar este Tribunal el primer mes de cada año (la ley no habla de crear un nuevo Tribunal a inmediaciones de año o por cambio de gobierno); y segundo, por quiénes estaban al frente de este Tribunal.

Junto a Guzmán Morales,  Funes convocó a militares ligados por la historia a Munguía Payés. Primero, el presidente, segundo el primer secretario (el actual viceministro, José Atilio Benítez); como vocal propietario al general José Alexander Méndez y como secretario suplente al general Humberto Segovia Batres (que en 1998 sufrió junto a Munguía Payés el veto de Calderón Sol y que más tarde, en una segunda oportunidad, logró obtener el rango). Además, como vocal suplente puso al general Omar Arturo Vaquerano (ex viceministro de Guzmán Morales, que también renunció después del episodio con Calderón Sol).

El tribunal, que decide por mayoría, estaba amarrado ya fuera con miembros propietarios o con suplentes. Solo faltaba que recomendara ascender a alguien, y ese alguien era más que obvio, para juicio de los militares consultados por El Faro. Sobre todo porque aseguran que Munguía Payés, desde el 1 de junio, hizo una suerte de sondeo con sus subalternos para medir el grado de aceptación que podría tener su ascenso. “Él preguntó que cómo miraría el ejército en su conjunto su ascenso, tantos años después”, revela otro de los oficiales consultados. El ministro asegura que se discutió con Funes los pros y contras de esta decisión. Y que al final se tomó, amparada en la ley, según ellos, para decir que en la carrera militar no se tolerarán injusticias como las cometidas contra él.

En el ejército, aquellos que sospecharon que ese nuevo Tribunal recomendaría hacer general al ministro se llevaron la sorpresa de que Funes no utilizó a este Tribunal en absoluto.
 
“Lo que hizo el señor presidente fue retomar esa evaluación. El tribunal es el organismo técnico y dice qué oficiales tienen mérito, y el señor presidente Calderón Sol como que hubiera dejado congelada la propuesta de mérito que dio el tribunal y entonces el señor presidente Funes la retomó”, dice el mismo Munguía Payés.

De nuevo: según la Corte, la respuesta del presidente a la recomendación del tribunal es parte de la evaluación, y por lo tanto, esa evaluación en realidad fue desfavorable a Munguía Payés. Sin embargo, el director jurídico de Defensa también se apega a la visión del ministro: “Si en aquella oportunidad dijeron que no, ahora dijeron que sí, que se iba a hacer justicia, porque lo que tuvo que hacer el presidente ayer era únicamente conceder el asenso, de acuerdo a la ley de la carrera militar, por haber cumplido todos los requisitos que le establece su reglamento. A partir de ahí retoma el caso, lo estudian y recomiendan los jurídicos, y da el grado”, dice Barquero.

Para aplacar a los descontentos, aquel 3 de julio, el mandatario refutó la inquietud de los periodistas que le preguntaron si había escuchado a los militares para tomar su decisión. “No tengo que hablar con ningún sector de militares, yo soy el comandante general de la Fuerza Armada y le corresponde al presidente autorizar todos los ascensos, no solo el del actual ministro de la Defensa; por lo tanto, lo hago en el ejercicio pleno del ejercicio de mis funciones como Presidente de la República”, dijo.

“Ahora, si hay militares descontentos, no sé, lo han dicho a través de algunos medios, tienen todo el derecho de expresar su inconformidad con algunos de estos ascensos… me gustaría conocer quiénes son los que están inconformes y cuál es la base de su inconformidad para poder atenderles”, añadió.

Soldado activo y general express

El nuevo futuro de Munguía Payés se construyó en cuestión de horas el 30 de junio de 2009, apenas 29 días después de su nombramiento como ministro. Él junto al presidente firmaron la “orden general 07/2009”, que lo elevó de coronel a general.

Este documento al que tuvo acceso El Faro dice que el coronel fue llamado a la situación activa, de conformidad al acuerdo ejecutivo No. 90 de fecha 30 de junio. En menos de 24 horas, según consigna el literal “A” del punto 4 –del mismo documento- ordena el ascenso a general de brigada, categoría de las armas, de David Victoriano Munguía Payés. El presidente y el ministro firmaron esa resolución, amparados en los artículos 168, ordinal 11 de la Constitución, 42, 45, 47, 58, 60 y 76 de la Ley de la Carrera militar y 62 del reglamento a la misma ley (ver recuadro).

Según esas normativas, Funes se amparó en una recomendación del Tribunal de Ascensos (el Tribunal de 1998 y no el de 2009), que a su vez observó que Munguía Payés cumplía con los requisitos para convertirse en general. Entre esos requisitos están ser oficial en servicio activo (causó alta el mismo día del nombramiento) y haber cumplido cuatro años como coronel, que sí los cumplió, hace más de 10 años.

El artículo 13 del reglamento de la ley de la carrera militar ordena al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada a remitir en los meses de mayo y noviembre de cada año –al Ministerio de la Defensa- la nómina de coroneles candidatos al ascenso.

Siguiendo al pie de la letra este artículo, esto hubiera significado que el general Rubén Rubio Reyes, al que Munguía Payés y Funes le dieron de baja el 1 de junio, hubiese promovido el ascenso del nuevo ministro en mayo, y que el Tribunal de Ascensos escogido en enero -en donde participaba el viceministro Marco Palacios Luna- hubiese promovido el expediente de Munguía Payés, militar que por estar en retiro no era apto para la evaluación, según el artículo 62 del mismo reglamento.  “Eso nunca pasó. Nunca se evaluó a nadie”, dice el contralmirante Palacios Luna. Palacios Luna causó baja ex el 10 de junio –y dejó el Tribunal- en la “adición a la orden general 06/2009” del siguiente día.

Advierte con juicio

Otro de los oficiales consultados también comparte que la promoción de Munguía Payés al grado de general debió pasar por el tribunal. “La comisión de evaluación de ascenso a generales se nombra por un período determinado (un año) y la nombrada para este año, en la evaluación que realizó, no propuso a nadie para que ascendiera a general. Esto es fácil comprobarlo al solicitar al Ministerio de la Defensa Nacional que les muestren las actas de las reuniones de la comisión, las cuales  tuvieron que haberse reunido en el mes de junio de este año”, dice.

Palacios Luna cuestiona el otorgamiento del grado de general, que no se produjo “de abajo hacia arriba” (de una recomendación de un tribunal de ascensos), sino en la dirección contraria: “Fue un dedazo”.

Para el ex viceministro Palacios Luna y para su partido lo que se ha hecho con el ascenso de Munguía Payés “es ilegal”. Hombre de armas, Palacios Luna incluso lanza una advertencia al comandante general de las Fuerzas Armadas: “El señor presidente de la República causa alta, él es soldado de la patria y causar alta significa que está sujeto a ser juzgado por las leyes y los reglamentos militares, que son duros. Cualquier mandatario que viole o quiera estar por encima del marco legal de cualquier institución se expone primero a ser denunciado, procesado de acuerdo a la ley y responder por sus actos”, dice.

Hace cuatro semanas, el tema casi fue discusión en la Asamblea, después de que Arena intentó pedir la interpelación del presidente por su decisión. La pieza no prosperó porque el FMLN y el PCN se opusieron. Hace dos semanas, Arena anunció que propondrá una reforma a la ley para que todos aquellos militares en retiro, propuestos como ministros o viceministros de la Defensa, no puedan ser ascendidos. Munguía Payés, que tiene en su escritorio una copia de la propuesta, se ríe luego de leerla y dice: “O sea, en el fondo están aceptando de que la ley sí me da esa potestad (de ascender)”.

Esa moción, sin embargo, no tiene votos suficientes. Por ejemplo, en el PCN no hay respaldo. El coronel retirado y ahora diputado pecenista Antonio Almendáriz dice que se trató de un asunto de justicia. Almendáriz fue quien promovió hace más de 10 años una reforma a la ley para obligar al presidente Francisco Flores a acatar la recomendación del tribunal de ascensos de 1998 de ascender a Munguía Payés. Almendáriz casi califica como violación a la ley lo actuado por Funes, aunque se detiene a tiempo: “Es que tan violación fue aquella… aquella fue una violación a la ley de nuestra carrera. ¿Qué pasó? Es como si te dijeran que saliste de bachiller pero viene el director y te dice que no te da el título. De repente, cambia el director y como quieres entrar a la universidad, vas y les dices que te ganaste el título y él te lo da. Es que por capricho no quisieron darle el ascenso”.

¿Y hoy no es lo mismo? “Para mí hoy es justo y legal”, dice Almendáriz.

En la cancha del presidente y de Munguía Payés, el hoy partido político en el poder también defiende la medida.

 “La Asamblea no tiene potestad para ser el comandante general. Estos son sueños trasnochados de los amigos de Arena. El comandante general de las Fuerzas Armadas desde el 1 de junio se llama Mauricio Funes Cartagena y actuó con base a la ley”, dice la subjefa de fracción del FMLN, Norma Guevara.

Y en el alto mando de la Fuerza Armada, la disciplina obliga al tercero al mando del ejército (el jefe del estado mayor conjunto) a escabullirse del tema para no abordarlo. El martes 13 de julio, el coronel Luis Silva Ávalos esquivó responder si era legal o no el ascenso del ministro, diciendo que iba retrasado para un evento.

Ese mismo día, el jefe del estado mayor general del ejército, Carlos Antonio Zaldívar, quiso alejarse del tema respondiendo que fue una decisión más política que de estrategia militar, y que por tanto ellos solo tenían que acatar las órdenes. “Nos somos deliberantes. Somos obedientes y apolíticos. Respetamos la orden general… no quisiera abordar ese tema…”

Coronel, ¿es legal o es ilegal ese ascenso? “No creo que se haya cumplido o incumplido un aspecto legal. Somos prioritarios en darle cumplimiento a la normativa interna y no podemos violar nuestra propia constitución porque es la que nos rige como militares”, respondió.

En la milicia, donde manda capitán no manda marinero. Y hace más de 10 años, aún cuando muchos militares comparten que fue “injusto” lo que se le hizo a Munguía Payés, sostienen que era una orden directa del comandante general de las fuerzas armadas que tenía que acatarse, y aunque “injusta”, no vale ahora pasar encima de la ley para enmendarla.

“El prestigio del coronel Munguía Payés era tan grande… y ahora muchos que vieron en él un ejemplo, ahora se ponen a pensar que él no quería ser ministro para fortalecer la institución armada. Pareciera que todo era parte de una ambición personal. Él no necesitaba ascender a general. El cargo ya lo tenía ganado aun sin el nombramiento”, dice uno de los oficiales consultados por El Faro, que pidió la reserva de su identidad por temor a represalias.

En respuesta, el ahora general –que confiesa que “no era necesario” el ascenso- asegura que él y el presidente no solo están sentando un precedente en la institución castrense, sino que están demostrando el nuevo futuro de la carrera de las armas.

“Es una nueva era que inicia la fuerza armada en donde hay un encuentro entre la legalidad y la justicia. Durante mucho tiempo ha habido debilidades en la justicia nuestra por la misma rigidez que hay en nuestra institución militar. En donde a ti se te aplica una sanción, y como te la aplica un superior, ya sea de forma legal o ilegal… pero si es ilegal, igual te tenés que quedar callado por disciplina”, dice. 

Casi 11 años atrás, un presidente decidió no darle el ascenso a Munguía Payés. La Corte Suprema resolvió en 2001 que el presidente tenía derecho a vetarle la promoción y que esa decisión era parte de la evaluación. Y ocho años después el presidente Funes desempolva esa evaluación negativa, la interpreta como positiva y le concede el ascenso, abarcando con ella la validez que hace 11 años se hizo de las aptitudes físicas, médicas y sicológicas del coronel David Munguía Payés.

* Con reportes de Carlos Martínez, Rodrigo Baires y Sergio Arauz

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