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Las mil 748 Katya Mirandas de la administración Saca

Este año el asesinato de la simbólica Katya Miranda -ocurrido en 1999- acaparó la atención del país. En los últimos cinco años, durante el gobierno del presidente Antonio Saca, un menor de edad fue víctima anónima de homicidio cada día, para llevar al país a unas cifras que un miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas  califica como “desastrosas y atroces”.

Jimena Aguilar / Foto: Mauro Arias
cartas@elfaro.net
Publicada el 23 de junio de 2009 - El Faro

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Era la 1:30 de la mañana de un domingo de junio de 2008. Lorena iba caminando hacia una casa junto a un amigo en una callejuela de Apopa, para pasar un rato que le iba a reportar cinco dólares. Ocho horas después, el cuerpo de Lorena, de 15 años, iba a ser encontrado inmóvil, amortajado con una sábana y custodiado por dos chicos menores de edad.

Ese mismo año, otros 323 menores de edad fueron víctimas de asesinato en El Salvador, en un fenómeno de violencia que adquirió rango de epidemia durante la administración del presidente Antonio Saca, quien acumuló durante su quinquenio de gobierno el homicidio de aproximadamente mil 755 niños y adolescentes.

De estos casos, cuántos fueron resueltos, nadie lo sabe, pues la Fiscalía General no se ha dado a la tarea de segregar información ni siquiera en la fase más básica de las investigaciones, la que permitiría acusar a alguien ante un juzgado. La muerte de Lorena, sin embargo, se convirtió con el tiempo en un caso poco común, porque las autoridades pudieron capturar y enjuiciar a cinco personas, que fueron sentenciadas a diversas penas.

En los últimos cinco años, de 2004 a 2008, fueron asesinados mil 693 menores de edad, y no hay en El Salvador una sola autoridad que pueda decir qué porcentaje de esos crímenes terminan en condena, de tal manera que las escasas referencias -y muy limitadas- que existen son para la población total, sin distinción de grupos de edad.

En los primeros meses de este año resurgió en los medios el caso del homicidio de Katya Miranda, una niña que hace diez años fue asesinada cuando fue de paseo al mar con su familia. Durante esta década no se ha podido tener una respuesta a la pregunta que surge y surge cuando se habla de Katya: ¿Quién es el responsable? Por diez años el caso de Katya Miranda ha sido el símbolo de la violencia contra los menores en El Salvador y estaba condenado a quedar impune el pasado 4 de abril, cuando el caso prescribía. En un intento de redimirse la Fiscalía pidió un amparo a la Corte Suprema para impedir que el caso prescribiera. Hoy, dos meses después, todavía no se vislumbra quienes son los culpables y son pocas, sino ninguna, las posibilidades de que pronto se esclarezcan todas las interrogantes que rodean la muerte de Katya Miranda.

Hace dos años, un estudio del PNUD elaborado por los abogados Sidney Blanco y Francisco Díaz, reportaba un nivel de impunidad de más del 92% de los asesinatos ventilados en algunos tribunales del país. Ese registro, sin embargo, se basaba solamente en los casos que la Fiscalía había sido capaz de llevar ante un juez.

En 2004, cuando Antonio Saca asumió la presidencia de la República, hubo 265 homicidios de menores de edad. En 2005 el registro subió a 348, en 2006 fue el pico, con 403, y luego comenzó a bajar hasta llegar a 323 en 2008.

Y aunque la cantidad de asesinatos de menores comenzó a ceder en 2006, en términos de probabilidades de morir asesinados, los niños y adolescentes han visto un incremento gradual, pues mientras en 2004 sufrían 9 homicidios por cada 100 mil menores, en 2008 la tasa fue de 13.7.

La Organización Mundial para la Salud (OMS), ha establecido que en términos de homicidios se considera epidemia una tasa superior a 10 por cada 100 mil habitantes. Los menores de edad salvadoreños, por lo tanto, han estado en riesgo de caer víctimas de esa epidemia desde 2005. Como lo sufrió Lorena, que el año pasado se incorporó al promedio diario de casi un asesinato de menor durante el último quinquenio.

De los 265 homicidios de menores ocurridos en 2004, 148 homicidios le corresponden a los primeros siete meses de gobierno del presidente Saca. Si a esa cantidad se suma las de 2005, 2006, 2007 y 2008, más los ocurridos entre enero y mayo de 2009, al ex presidente le corresponde una cuota de mil 748 homicidios de menores durante sus mil 825 días de gobierno, lo que arroja un promedio diario de casi uno: 0.96.

Ese día de junio de 2008 a Lorena le tocó aportar a la cifra presidencial. Alrededor de las 4 de la mañana la Policía llegó a la casa donde estaba Lorena. Atendían una llamada telefónica del servicio de emergencias 911, en la que al parecer un vecino denunciaba que estaban violando a una mujer. Esa mujer era Lorena. La joven había llegado unas tres horas antes al lugar, pensando que solo tendría un cliente esa noche, pero no contaba con que en la casa había otras personas que la estaban esperando.

Los gritos que más tarde oiría el vecino eran los de Lorena cuando la estaban violando. Como respuesta a la llamada del 911, la Policía fue a esa casa, pero cuando llegaron nadie les abrió la puerta y tomaron una decisión que quizás pudo costarle la vida a la víctima: al no escuchar ruidos, se fueron. Con el tiempo, las autoridades al menos sí fueron capaces de presentar acusaciones y lograron la condena de los imputados, aunque no se sabe la eficacia de la Fiscalía porque no tienen registros.

 El fiscal en funciones y aspirante a fiscal general, Ástor Escalante, acepta que es un error de la institución que dirige no segregar la información de homicidios de menores judicializados.  “Es un dato estadístico importante para el sistema de seguridad pública, en general (…) No le puedo decir en este momento si se tiene, pero no es un dato que no se pueda consultar y procesar (…) ciertamente es una deuda y es un tema al que hay que apostarle”, comentó Escalante en una entrevista que le dio a El Faro a finales de mayo.

Esa deficiencia que Escalante etiqueta como deuda, puede suponer algo grave a los ojos de otros actores, desde nacionales hasta internacionales. La Policía Nacional Civil, por ejemplo, cree que los datos oscuros sobre la proporción de homicidios de menores resueltos podrían serles muy útiles. “Claro que nos servirían esos datos. Nos serviría para ver el nivel de eficacia en la investigación.  Ese control debe ayudar a saber la eficacia con que se investiga”, dice Marco Tulio Lima, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la PNC.

Otra institución que cree es importante que la Fiscalía conozca el nivel de impunidad en homicidios de menores es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El procurador adjunto para la niñez, Luis Salazar, señala que solo por esa carencia El Salvador está incumpliendo sus obligaciones con tratados internacionales que obligan a manejar esas estadísticas. Uno de esos tratados es la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual El Salvador ratificó en 1990 comprometiéndose a cumplir con todas las obligaciones que ello implica.

“En la convención se implica el principio de la no discriminación. En la convención no hay una disposición explícita pero en el artículo 3 se dice que se tomarán todas las medidas para garantizar contra todas las formas de discriminación”, dice Salazar. El procurador razona que se entiende que la falta de segregación de datos es considerada una forma de discriminación porque se oculta, dentro de datos generales, la situación de un sector específico de la sociedad.

En esto coincide Lothar Krappmann, profesor en la Freie Universität de Berlín, Alemania, y miembro del Comité de los Derechos del Niño, el organismo de Naciones Unidas que le marca paso a paso a El Salvador su atención a los compromisos con la niñez y la adolescencia. “Es absolutamente básico tener datos sobre cuántos casos de homicidios de menores son procesados y sentenciados (…) porque el siguiente paso sería explorar cómo se diferencian los casos judicializados de los no judicializados. Usualmente aparecen diferencias en clases sociales, contexto étnico, migración, urbano-rural. Por lo tanto, la segregación es esencial para poder entender el problema”, subraya Krappmann a El Faro, en una entrevista vía correo electrónico.

Este Comité es el que en 2004 dictaminó, en Ginebra, que la Ley antimaras del gobierno de Francisco Flores violaba la Convención y, por lo tanto, exigió su derogatoria. Ahora se preparan para pedirle cuentas al Estado salvadoreño sobre esta deuda, en una reunión que tendrá que afrontar la delegación que en 2004 estuvo integrada por funcionarios del Ejecutivo, de la Procuraduría General y de la Corte Suprema de Justicia.

“Cuando el Comité insiste en que ningún grupo social, étnico, o de género de la población debería ser discriminado, el comité habla de prejuicios y no de recolección de datos. Es discriminativo en el sentido negativo, si herramientas estadísticas no son utilizadas para entender mejor la situación de cierto subgrupo en una sociedad”, dice Krappmann. 

Si para finales de este año El Salvador no ha resuelto esa deficiencia, la sesión con el Comité, programada para inicios de 2010, podría tener algún tono de reprimenda. “El Comité para los derechos del niño le pide a los gobiernos segregar datos sobre menores para poder identificar grupos en riesgo. El Comité va a pedirle una vez más al gobierno de El Salvador presentar datos segregados”, advierte Krappmann.

En enero y febrero del próximo año, el Comité se reunirán en Ginebra para realizar su 53a. Sesión. En esa ronda de reuniones con diferentes estados, El Salvador presentará sus reportes tres y cuatro -tiene uno retrasado-.

Y aunque la muerte de Lorena no sumará a las misteriosas cifras de impunidad, sí aparecerá haciendo bulto en los miles de menores asesinados en los últimos años.

Estas cifras, las que se saben y las que todavía se esconden en un sistema al que al parecer no le interesa saberlas, resultan sorprendentes para Krappmann, quien los referentes inmediatos que tiene son los de países europeos, donde un solo homicidio ya es noticia, ya no se diga si la víctima es un menor de edad. “Son preocupantes e inquietantes. Estuve buscando datos comparables de países europeos y encontré datos de Inglaterra y Gales. La tasa de homicidios de menores es de alrededor de 0.6 (…) Comparadas con las cifras que me has dado, esta tasa es alrededor del 7% de la tasa de homicidios de menores en El Salvador (…)”, dice.

Y a pesar de las bajísimas incidencias en esas naciones, para Krappmann son un problema, aunque casi inexistente a la par de el que sufre El Salvador. “Aunque los números de menores asesinados en países de Europa occidental son relativamente bajos, estamos muy preocupados por los números en nuestros países. Pero son casi nada en comparación con las cifras de tu país. Para decirlo en otras palabras: las cifras, que me das, son desastrosas y atroces”, dice Krappmann.

Una de las preocupaciones mostradas por este miembro del comité es el hecho de que las tasas, tanto de homicidios en general como de homicidios de menores, vayan en alza. Para los asesinos la edad no es una barrera. “Esta observación  parece señalar que los actos violentos en esa sociedad no diferencian entre adultos y menores. A aquellos que matan niños, no les importa la edad. Los menores no están protegidos (…) Es difícil entender cómo una sociedad puede tolerar esas tasas de homicidios y las tendencias que están empeorando”.

Aquella madrugada de junio, cuando los policías llegaron a la casa de donde habían estado saliendo los gritos, los victimarios aún estaban ahí. Según la misma confesión de uno de ellos, casi todos los que participaron en el crimen se fueron hasta las 5 de la mañana. El pecado de Lorena fue decir que iba a denunciar a sus violadores. Según sus captores, era peor que ella los denunciara ante la policía, que darle muerte. Extrañamente, dejaron a dos menores de edad -menores, al igual que su víctima- en el lugar “para cuidar la casa”.

El crimen contra Lorena ya hace inútil cualquier lamento. Pero los primeros meses de 2009 no dan cifras que alienten la esperanza de que la situación pueda mejorar. En términos de homicidios totales, Saca tuvo en el primer trimestre de 2009 su peor inicio de año. Y en términos de homicidios de menores, solo entre enero y mayo del presente año ya había 172 acumulados, lo que supone un ritmo tal que, en caso de que se mantenga, devolvería al año 2009 a los niveles de 2007.

El alto grado de violencia a la que están expuestos los niños y jóvenes en el país fue una de las preocupaciones expresadas por el Comité para los Derechos del Niño, cuando El Salvador le presentó en 2004 un informe sobre la situación de los niños y jóvenes. “Es motivo de profunda preocupación para el Comité el número desproporcionadamente alto de niños víctimas de delitos, actos de violencia u homicidio en el Estado Parte”, se lee en el examen de los informes presentados por El Salvador.

Ese año 2004, El Salvador cerró con una tasa de homicidios de niños y adolescentes de 9.80. Esta fue la última vez que la tasa estuvo bajo la línea de epidemia.

Epidemia de la que fue víctima Lorena, quien tal vez si los policías no se hubieran ido y hubieran revisado la casa, estaría viva. El servicio de emergencias 911, de la Policía, en realidad no recibió solo una llamada. Fueron dos denuncias las que recibió esa madrugada. Una, la de un vecino alarmado por los gritos de Lorena antes de las 4 de la mañana. Tuvieron que pasar cinco horas después de que la Policía atendiera la primera llamada para que volvieran al lugar. Un vecino llamó al 911, preocupado porque en ese momento, a las 9 de la mañana, observó que del desagüe de la casa hacia la calle salía agua roja, con sangre.

Al fin la Policía llegó y cuando llegó encontró a Lorena amortajada con una sábana y a dos chicos custodiando el lugar, uno de 16 años y otro de 17. Ellos cuidaban la casa mientras los adultos buscaban bolsas de basura para ir a lanzar a Lorena al cementerio de Apopa. Uno de estos menores de edad fue quien le tendió la trampa, quien la llevó a esa casa donde supuestamente iba a pagarle cinco dólares por el rato.

Capturados los dos adolescentes en el lugar, dado que los otros tres no fueron encontrados in fraganti, la Fiscalía tuvo que buscar pruebas para poder acusarlos. Al final no pudo recabar pruebas científicas que probaran la participación de los otros tres homobres en el crimen, y entonces recurrió al testimonio de uno de los involucrados para inculpar al resto.

Cinco años después de que la Convención sobre los Derechos del Niño presentara sus observaciones al informe de El Salvador, Luis Salazar -quien en 2004 estuvo ante el Comité presentando el “informe sombra” o paralelo al oficial- cree que las altas tasas de homicidios de niños y jóvenes son el resultado de un problema más grave. “Cuando hablamos de violencia hacia la niñez la muerte solo es la punta del iceberg de todas las carencias de un sistema de protección de la infancia (…) Si usted quiere prevenir muerte de niños tiene que empezar atacando. Cuando usted deja de aceptar y se vuelve intolerante con cualquier forma de maltrato contra los niños, eso le previene la muerte de los niños (…) La violencia contra los niños que la sufren en forma de trata comercial, de violencia intrafamiliar, trabajo que implica riesgo. Todas estas formas de violencia son el preludio de niños muertos”, opina.

Lorena acaso sea un ejemplo de esas relaciones causa-efecto que plantea Salazar. Fue víctima de la prostitución, de violación y, finalmente, de homicidio.

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