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Funes denuncia “anomalías que espantan”
en gobierno de Saca

En su primera conferencia de prensa oficial, el presidente dijo que han encontrado una serie de prácticas irregulares y abusos de la administración Saca -como plazas fantasmas o asignación de flotas de vehículos a funcionarios- y anunció una comisión investigadora.

Sergio Arauz
cartas@elfaro.net
Publicada el 12 de junio de 2009 - El Faro

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El presidente Mauricio Funes denunció este viernes una serie de irregularidades que, según dijo,  obligan a una investigación que sirva para deducir responsabilidades administrativas y penales, en caso de que existan. 12 días después de asumir el gobierno y después de enumerar algunos hallazgos en diferentes instituciones, Funes anunció la creación de una comisión que investigará las anomalías.

Esa comisión será coordinada por el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres,  y estará integrada por peritos, abogados y auditores que documentarán todos los casos. El presidente no dio detalles de cuándo iniciará el trabajo dicha comisión, cómo funcionará, los plazos de trabajo o el número y los nombres de las personas que formarán parte de ella.

Entre los descubrimientos que han hecho las nuevas autoridades citó el que hizo público El Faro este viernes, que consigna cómo una serie de personajes de la vida política del país vinculados al partido Arena o a las recientes campañas electorales, estaban a sueldo contratados por el Centro Nacional de Registros.

Funes habló de “plazas fantasmas”, de despilfarros para organización de actividades sociales, como una fiesta de Navidad de la Secretaría Nacional de la Familia, a cargo de la ex primera dama Ana Ligia de Saca, que costó 500 mil dólares. “Es que hay algunas anomalías que espantan”, resumió.

También enumeró abusos y privilegios irregulares de funcionarios públicos, entre los que destacó el caso del ex director y ex subdirector del Seguro social, Nelson Nolasco y Guillermo Urrutia, quienes tenían asignados cuatro vehículos cada uno y una “excesiva cuota de vales de combustible”.

Sin embargo, Funes se extendió en comentar la información que El Faro había adelantado, a pesar de la decisión presidencial de ordenar al director del CNR, Fernando Battle, de no brindar detalles a este periódico: “Me informó el director del CNR que ha encontrado 29 plazas fantasmas, es decir, plazas donde se erogaba dinero y quien cobraba ese dinero nunca llegó a trabajar, nunca se presentó a trabajar, pero recibía mensualmente su cheque, algunas vienen desde 2002 y terminaron, por supuesto, ahora el 31 de mayo de este año. Esto le implicaba al CNR una erogación mensual de más de 64 mil dólares, algunas vienen de 2002, estamos hablando de un desembolso anual de más de 700 mil dólares.”

Sin dar los nombres, el presidente citó algunos casos. “Hay un diputado de Arena de la legislatura actual, con profesión médico, que es contratado como ginecólogo del Centro Nacional de Registros, pero nunca prestó esa función, como diputado, es actual pero también estaba en la legislatura anterior, no podía prestar esa función, es decir, nunca prestó el servicio y cobraba un salario de 954  dólares al mes.”

Este periódico publicó el nombre del diputado Enrique Valdés, quien durante tres años y siete meses estuvo en la lista de personas que recibieron pagos del CNR. Según la información brindada por el Centro Nacional de Registros, Valdés fue contratado como ginecólogo de la institución el 1 de noviembre de 2005.  Hasta el 31 de mayo de este año ganaba mensualmente mil 78 dólares. La Constitución de la República prohíbe a los diputados ser contratistas de instituciones del Estado, aunque permite el doble empleo estatal cuando se trata de la prestación de servicios profesionales de asistencia social, como el caso de salud.

Funes también mencionó dentro del ejemplo de plazas fantasmas, como lo llamó él, a “una cuñada de un diputado de Arena con un salario de 3 mil 200 dólares mensuales”. La lista de personas que obtuvo este medio incluye a Laura Carolina Rodas de d'Aubuisson, viuda del diputado Eduardo d'Aubuisson, quien aparece en la base de datos desde enero de 2004 -año en el que devengaba mil 85 dólares con 72 centavos-. En abril de 2007 aparece con un salario de 3 mil 200 dólares exactos.

El presidente también hizo mención de una hermana de un ex presidente de Arena, que en la nota que publicó El Faro aparece como Gloria Calderón Sol de Oñate, quien ni siquiera prestó sus servicios al CNR, pero esa era la institución que le pagaba.

Un caso similar señalado por Funes es el de un asesor de comunicaciones en otra cartera de Estado, el Ministerio del Ambiente. Sin revelar el nombre, habló de  “ un señor conocidoque escribe con frecuencia en uno de los periódicos de circulación nacional” y que aparece en la planilla de la institución con un salario mensual de 2 mil 57 dólares con 15 centavos. “Nunca fungió como tal, nunca el personal adscrito a la gerencia de comunicaciones de ese ministerio le vio, en todo el tiempo, solo supo de un par de reuniones que tuvo con el ministro. Después nos hemos enterado que tuvo un destacado papel como asesor en la pasada campaña electoral al servicio de un partido político, al servicio del partido Arena”, dijo en la conferencia.

Las promesas de austeridad

En la conferencia de prensa, el presidente también enlistó un grupo de  medidas que incluirá en un decreto ejecutivo que aún no ha firmado ni ha hecho público como tal. Funes explicó que podrá ser visto en detalle hasta que sea publicado en el Diario Oficial.

El plan contempla restricciones en el uso de vehículos del Estado, compras conjuntas de bienes y servicios y la prohibición de llenar plazas vacantes del gobierno bajo el régimen de contrato. Las medidas, explicó el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, significarán un ahorro aproximado de 75 millones de dólares. La meta del gobierno es ahorrar 35 millones en gastos de recursos humanos  y 40 millones en la compra de bienes y servicios.

Funes habló de un “mecanismo de coordinación interinstitucional” en el que los ministerios e instituciones realizarán compras conjuntas en bienes de consumo como la papelería, agua embotellada, servicios de vigilancia, limpieza y servicios de telecomunicaciones. La administración de Funes pretende centralizar las contrataciones de servicios bajo la lógica de conseguir mejores precios en el mercado al concentrar un mayor volumen de compra.

A la lista de cambios sumó la prohibición en el otorgamiento de complementos discrecionales no consignados en la ley, como gastos de representación, cuotas de combustible, vales de consumo, bonos, gratificaciones y otros. 

¿Cuántas plazas vacantes del régimen de contrato hay? ¿Cómo funcionará la compra interinstitucional de bienes y servicios? ¿Cuándo empezará a funcionar? ¿Mandará a la Asamblea propuestas de modificaciones a la ley de licitaciones y contrataciones?  ¿Cuánto gastaba el conjunto de instituciones de gobierno en la flota de carros con placas nacionales? ¿Cuál es el gasto en el servicio telefónico de líneas fijas y móviles? La lluvia de interrogantes sobre Funes fue aumentando en la medida en que enumeraba los puntos de su plan de austeridad. En paralelo iba citando  irregularidades y los cambios propuestos en el funcionamiento de las instituciones, como por ejemplo, vigilar y restringir el uso libre de vehículos con placas nacionales, algo que ya está prohibido por una serie de normativas como la Ley de Tránsito y las disposiciones de la Corte de Cuentas sobre presupuesto, que establecen que por ejemplo los vehículos placas N no se pueden sacar de las instituciones a las que pertenecen en horas no laborales.

Como ejemplo para justificar la reasignación de vehículos y vigilar el uso de los mismos mencionó un caso del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS): “Encontramos que en el Seguro Social, el director del Seguro Social tenía asignados cuatro vehículos. Cuando él (el nuevo director) tomó la decisión  de trasladarle dos vehículos de los cuatro asignados al subdirector del Seguro Social, a él le dijeron que el subdirector también tenía asignados otros cuatro vehículos. ¿Qué necesidad tienen el director y el subdirector de tener asignados ocho vehículos? No tiene sentido, tienen vehículos en exceso, esos vehículos los podemos reasignar a otras unidades, a otras dependencias que los están necesitando”.

La conferencia siguió con más ejemplos y casos aislados y terminó con las preguntas de los periodistas, que querían reclamarle al presidente por la impuntualidad con que llega a sus actividades, y que generó un tenso intercambio de palabras (ver nota “El reloj del presidente da la hora de Alaska”).

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