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¿Arena o FMLN? Ambos, dice Fitch

La calificadora internacional de riesgos advierte que la crisis económica requiere de acuerdos entre las dos principales fuerzas políticas. El Salvador, dice Fitch, terminará el 2009 con un estancamiento económico, o con crecimiento negativo, en parte por el “impacto negativo” de algunas decisiones del gobierno de Saca.

Rodrigo Baires Quezada
cartas@elfaro.net
Publicada el 25 de febrero de 2009 - 10:00 p.m. - El Faro

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La crisis económica no respeta ofertas electorales. Según la calificadora internacional de riesgos Fitch Ratings, ni Rodrigo Ávila ni Mauricio Funes están en condiciones de garantizar un panorama económico halagador para 2009. “Sin importar el resultado de las elecciones, las opciones de política del soberano (país) para contener el impacto de la recesión de Estados Unidos así como las mayores presiones internas y externas de liquidez sobre la economía de El Salvador, son limitadas bajo un esquema de dolarización y a la luz de las ya estrechas finanzas fiscales”, dice el informe especial de Fitch, hecho público el martes pasado, sobre los desafíos económicos que enfrentará el próximo gobierno.

La clasificadora de riesgos anticipa “un estancamiento o crecimiento negativo del PIB para el 2009”, una proyección que coincide con la de otra institución financiera internacional, J.P. Morgan, que calcula que El Salvador tendrá un crecimiento negativo de 0.5 puntos para el 2009. Fitch prevé que “el próximo gobierno tomará la administración pública en medio de lo que parece ser un creciente y difícil período de ajuste en la economía global, y particularmente para la economía de El Salvador”.

De hecho, dice el informe, “el índice de actividad económica doméstica (IVAE) ya entró en territorio negativo y refleja los desafíos económicos futuros. Adicionalmente, a pesar de la dolarización, El Salvador no se ha beneficiado del alivio monetario en Estados Unidos, ya que las altas tasas de interés se han incrementado actualmente debido a la estrecha liquidez doméstica, mayor aversión al riesgo, así como a las mayores reservas de liquidez temporales requeridas a los bancos.”

Según Fitch, las presiones fiscales y de liquidez externa se vieron exacerbadas por la incertidumbre política en el período preelectoral en el último semestre de 2008. Incluso, esto llevó a que se cambiara la perspectiva de la calificación en moneda local y extranjera a ‘Negativa’ desde ‘Estable’ en octubre pasado. Esto no habría variado en los últimos meses. “El sistema político de El Salvador se ha caracterizado por un alto nivel de polarización, lo que ha permitido la existencia un alto nivel de incertidumbre”, sostiene.

Fitch lanza críticas y dudas a ambos lados de esta polarización. Por un lado, reconoce que el FMLN tradicionalmente no acompañó las iniciativas de préstamos de largo plazo desde la Asamblea Legislativa, obligando al gobierno a recurrir al endeudamiento interno a corto plazo y con tasas de interés más altas. En ese tira y encoge, ambos partidos mantuvieron una posición cerrada con niveles nulos de negociación desde 2005.

A pesar de ello, la calificadora de riesgo mantiene que ambos partidos “se muestran más inclinados a negociar cuando los compromisos económicos o políticos son elevados”. Ejemplo de ello fue la aprobación de 950 millones de dólares en préstamos multilaterales para el repago de deuda de los Eurobonos 2011 y un remanente para sumar al gasto social; así como el apoyo político al préstamo del BID de 400 millones de dólares, para dotar de liquidez al sistema financiero, y la autorización de una línea precautoria por 800 millones del FMI.

En ambos casos, el componente electoral jugó un papel importante para llegar a entendimientos entre ambas fuerzas políticas. “Una mayor colaboración política de esta naturaleza será crucial para paliar el deterioro en los principales indicadores de riesgo crediticio en el horizonte de proyección de Fitch”, dice el estudio.

¿La aprobación de los préstamos podría ser una muestra de cambio en la forma de hacer gobierno desde Arena y FMLN? Tal vez, pero sigue siendo un incógnita que no se saldará hasta después de las elecciones. Por ello, del otro lado de la moneda, Fitch afirma que el clima de polarización hace que persista el riesgo de un entrampamiento legislativo cuando “no está claro aún si ARENA y los otros partidos políticos formarán una oposición más constructiva si el FMLN llegara a ganar la presidencia”.

Para el economista Luis Membreño, el resultado de las elecciones presidenciales dejará un margen muy estrecho entre el partido ganador y el perdedor, algo que podría obligar a ambos a tomar acuerdos conjuntos para manejar el país. “Tengo la esperanza de que existe la suficiente madurez política para que ambos partidos dejen atrás la campaña electoral y se pongan a trabajar conjuntamente”, dice.

Este “trabajar conjuntamente”, según el economista del PNUD Carlos Acevedo, implica la voluntad política de los partidos mayoritarios para entrar a una reforma fiscal seria, que dé continuidad a la primera fase echada a andar por el ex ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, y liquidez a las finanzas públicas. “La carga tributaria cerró en un 13% del PIB en 2008, reduciéndose lo que se había logrado con la reforma fiscal anterior”, sostiene.

Una reforma fiscal que ambos candidatos han propuesto, pero que no han explicado, podría amortiguar las perspectivas negativas para las finanzas públicas. “Las finanzas públicas podrían mantenerse ajustadas si los ya considerados bajos niveles de ingreso fiscal se ven impactados a medida que la economía se contraiga y se incrementen las presiones para proveer estímulos fiscales”, dice el informe de Fitch.

Aún con el ahorro que genera la baja de precios de materias primas, el país enfrenta una reducción en las exportaciones hacia Estados Unidos y una baja en el consumo, a lo que se suma el desempleo y una disminución de remesas, que impactarían especialmente en la recaudación fiscal del IVA. “El 65% de la recaudación tributaria es por el IVA, al bajar el consumo y las exportaciones, bajo este apartado”, dijo Acevedo.

Las medidas desacertadas

Fitch consigna el “impacto negativo” de algunas medidas tomadas por la administración del presidente Saca y recomienda corregir algunas decisiones tomadas en el último año de esta gestión. En su análisis, la calificadora de riesgo aplaude la obtención de 2.5 mil millones de dólares en diferentes préstamos, que dio una señal política importante a los inversionistas nacionales y extranjeros; pero calificó a los mismos como una forma de “mitigar parcialmente el impacto negativo de ciertas políticas nacionales sobre las finanzas públicas” que se sumaron a las repercusiones de la crisis financiera internacional.

En particular se refiere al incremento de los subsidios eléctricos, que superaron con creces lo presupuestado, como una de estas políticas nacionales que han tenido un impacto negativo en las arcas del Estado. Entre enero y noviembre de 2008, según lo anunció el gabinete económico, sólo en los subsidios de electricidad se erogaron 303 millones de dólares. A ellos se sumaría el del gas licuado, 140 millones de dólares; y el de transporte público por 57.1 millones.

“Una política de subsidios generalizados es algo que nunca se debió implementar. La crisis internacional del petróleo hizo que el subsidio de energía eléctrica subiera el nivel del agua para el gobierno… Entonces, ya la tenía al cuello, y después el agua le llegó arriba de la nariz”, dice Carlos Acevedo.

Aun con la crisis energética mundial, el gobierno cerró filas a la posibilidad de una focalización de los mismos. Mientras tanto, la cuenta al Estado empezaba a crecer por subsidios que beneficiaban sólo en un 30%, en el caso de energía eléctrica, y un 20% en el gas licuado a las familias más pobres del país. En este punto, los ajustes al subsidio generalizado de energía eléctrica, la reducción al sector industrial y de comercio, llegaron tarde. “Estos subsidios han sido un desperdicio de recursos en la medida que beneficiaban más a la gente que no los necesitaban”, dice Luis Membreño, empresario y economista.

A juicio de Acevedo y Membreño, los subsidios no fueron la única medida tomada por el gobierno que generó más presión a la iliquidez del Estado. Entre ellas estaría el aumento de 50 dólares a los empleados públicos, una promesa presidencial hecha en junio pasado, que significó una erogación de 74.2 millones de dólares más en concepto de salarios del sector público en el último semestre de 2008, según el informe trimestral de coyuntura de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades). “No fue una medida acertada, como el aumento al salario mínimo, porque no era el momento más adecuado de hacerlo”, sostiene Membreño.

Según el economista, un primer paso para bajar la presión sobre las arcas del Estado podría verrse pronto, ahora que el presidente Saca ha dicho públicamente que se pretende una focalización de los subsidios. “Y que también ambos candidatos dicen lo mismo. ¿Cómo hacerlo? Ya hay propuestas, como la hecha por Fusades que se pueden estudiar”. El siguiente, que Arena y FMLN se logren poner de acuerdo en materia fiscal, una deuda de gobernabilidad que ambos partidos tienen desde hace años.

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