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Los vientos (de crisis) de octubre

La crisis internacional terminó rebotando en El Salvador el mes pasado. Las tasas de interés se elevaron, grandes proyectos de construcción se detuvieron, la banca suspendió nuevos créditos, la calificación de riesgo para El Salvador bajó y el gobierno sumó 38 millones de dólares a la deuda a corto plazo del país. ¿Qué tan grave es la situación económica de El Salvador? Depende de a quién le pregunte.

Rodrigo Baires, Carlos Martínez y Carlos Dada
cartas@elfaro.net
Publicada el 10 de noviembre de 2008 - El Faro

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Estos días es muy difícil encontrar a algún analista financiero o económico que hable frente a una grabadora. Algunos argumentan que la situación del país es tan crítica que abordarla públicamente podría provocar reacciones que obstaculicen alguna de las posibles salidas de emergencia y aceleren una caída del sistema económico. Se estremecen al pensar en una posibilidad ya abordada por el propio gobierno: una “estampida de retiro de ahorros”.

El gabinete económico luce tranquilo y declara que los indicadores, los mismos que han analizado los analistas, demuestran que la economía del país es fuerte. Con las preguntas vienen los matices, que llevan a los funcionarios públicos al lugar en el que todos coinciden: Estamos en crisis, sobre todo si se mira desde la perspectiva internacional.

Los mayores síntomas locales de esta crisis son la incapacidad de CEL para pagar a las distribuidoras de energía el subsidio generalizado (a pesar del acuerdo de 31.5 millones de dólares para garantizar que no se aumenten los precios entre noviembre y diciembre firmado el viernes pasado); la emisión de Letras del Tesoro del Estado (LETES), que en el último tramo de 38 millones de dólares alcanzaron tasas de 7.5 por ciento a menos de 90 días plazo; y la decisión de los bancos de suspender el otorgamiento de créditos, con los consecuentes efectos en la actividad económica.

¿Cuán grave es la crisis en El Salvador? Depende a quién se le pregunte. El gobierno, a través de su Secretario Técnico, el ministro de Hacienda y la presidenta del Banco Central de Reserva (BCR), aseguran que no hay falta de liquidez en el país. Pero su percepción contrasta con la de instituciones como FUSADES y la calificadora internacional Fitch Ratings, que parten justamente de la falta de liquidez en el país para hacer previsiones y recomendaciones.

¿Soluciones? Todos coinciden en una: buscar más recursos del exterior. Específicamente negociar un préstamo a largo plazo por mil millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tendría a disposición de El Salvador. Y otro de emergencia por $500 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“La situación es crítica, es delicada”, dice Roberto Rubio, economista y director de la Fundación para el Desarrollo (FUNDE). “Hay problemas serios de iliquidez en lo privado y público. Si no se hace nada, sí habrá una crisis que nos puede llevar a los corralitos. Pero hay alternativas, y si se hace algo podés enfrentar los problemas financieros del país”, sostiene. Ese “algo” pasa por revisar la política de subsidios –focalización y reducción incluidos- y alcanzar entendimientos políticos para aprobación de préstamos internacionales, entre otras.

A simple vista, con una factura de subsidios que ha aumentado en más de 157 millones de dólares, el Estado ha requerido recursos extras para poder mantenerlos. Si bien hubo un destacado aumento en la recaudación, de 197 millones de dólares, estos no alcanzaron porque el aumento del gasto en subsidios se unió al aumento del gasto corriente.

Rubio explica el problema: “La crisis, especialmente del petróleo, te disparó una política de subsidios: al gas y a la energía eléctrica, y, después, a los buseros. Esto incrementó los compromisos de subsidio. Pero también viene de una mala política. ¿Por qué no se tomó la medida de dejar el subsidio eléctrico solo al sector residencial? Se hubiera hecho antes. De haberlo hecho, la presión hubiera sido menor. ¿Por qué no se focaliza el subsidio al gas?”

Sólo el subsidio de energía eléctrica, que en 2007 representó un gasto de 11,3 millones de dólares, ya ha significado en 2008 más de  $100 millones; es decir, un aumento de 773 por ciento. Y la CEL, según su presidente, Nicolás Salume, no tiene recursos para trasladar el subsidio a las distribuidoras. Tras meses de ires y venires sobre quién –el Ejecutivo o la autónoma- tiene que pagar por la promesa presidencial de congelar las tarifas eléctricas, la hidroeléctrica firmó el viernes pasado un convenio de pago por 31.5 millones de dólares para asegurar dos meses más de subsidio. El resto, más de 60 millones de dólares, está a la espera de adquirir un préstamo del Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE).

La competencia por el dinero

Desde el Ejecutivo, con un comité de crisis “que viene trabajando desde hace unos meses” –y que no tomó forma pública hasta el jueves pasado-, se mantiene que se están tomando las precauciones del caso por si la situación empeora. “El gobierno está haciendo su trabajo de manera anticipada, previendo la solución a los problemas que se puedan dar y debemos estar tranquilos y esperamos apoyar el trabajo de los demás sectores y de todos los salvadoreños para enfrentar esta crisis de la mejor manera posible”, dijo el Secretario Técnico, Eduardo Ayala Grimaldi, la semana pasada. 

El gobierno ha informado que la economía creció 3.6 por ciento durante el primer semestre, y sus proyecciones para fin de año apuntan a un 3.9 por ciento. Un dato que se mantiene en estudio por el BCR. El Fondo Monetario Internacional, durante una visita realizada en septiembre a San Salvador, estableció sus perspectivas de crecimiento en 3.6 para 2008. FUSADES baja esa perspectiva a entre 2.5 y 3 por ciento. Y algunos analistas calculan que a partir de agosto el país entró en franca desaceleración hasta apenas el uno por ciento en los últimos dos meses, con perspectivas de reducirse a valores cercanos a cero hasta finales del año.

FUSADES presentó la semana pasada su informe trimestral, en el que se consigna que El Salvador ha gastado 527 millones de dólares más en petróleo en lo que va en este año con respecto a 2007. Esta factura petrolera y el pago de los subsidios –que aumentó en 157.5 millones de dólares hasta el tercer trimestre con respecto al mismo período del año pasado- originó en buena medida la falta de liquidez en el país y desencadenó, según la Fundación, una competencia entre el sector público y el privado por dinero, aumentando las tasas de interés.

La crisis financiera internacional, que comenzó en Estados Unidos y que ha obligado a varios estados desarrollados a invertir miles de millones de dólares en instituciones financieras privadas para evitar el desplome económico, también ha agravado la situación local. Los bancos en El Salvador en manos de corporaciones internacionales padecen ahora el cierre de flujos desde sus casas matrices, que enfrentan serios problemas desde que estalló la crisis mundial a mediados de septiembre.

Este cierre de flujos afecta a El Salvador en dos vías. En la primera se encuentran la incapacidad de las grandes empresas salvadoreñas para gestionar créditos con la banca internacional. En la segunda, las mismas empresas se encuentran sin posibilidad de obtener préstamos en la banca radicada en el país, la misma que ha reducido, en algunos casos, y cerrado, en otros, los créditos.

El cierre de líneas de crédito, que inició la segunda semana de octubre, ya ha comenzado a afectar la economía nacional. Desde entonces hasta ahora, al menos una docena de grandes proyectos de construcción han sido detenidos por falta de liquidez. Entre estos se encuentran El Pedregal, un ambicioso proyecto de construcción del edificio más alto de San Salvador, con 104 metros de altura, junto al centro comercial Multiplaza. El proyecto ha completado ya más del 50 por ciento de sus obras, pero fue suspendido hace pocos días. Lo mismo sucedió con Plaza Futura, un centro comercial en la Zona Rosa, que tras meses de excavaciones y terracería está ahora parado.

“Es entendible que los bancos quieran ser prudentes”, escribió la semana pasada el economista Manuel Enrique Hinds, en El Diario de Hoy. “Pero también deben entender que si cortan el crédito totalmente van a causar el mismo problema que ellos quieren evitar: si no hay liquidez en el mercado, sus clientes buenos no van a poder pagarles. El gobierno y los bancos deben de sentarse juntos y armar un plan financiero para el país en el futuro inmediato, que asegure que la excesiva prudencia de los bancos no resulte en la peor imprudencia que pueden cometer -la de ahogar la economía ahogándose ellos mismos con ella-. La suerte de los bancos, las actividades económicas, el gobierno y el país entero depende de que esto se haga pronto y eficientemente”.

En el último trimestre, muchas empresas han realizado despidos masivos y la economía se está desacelerando. Y frente a ello, el Estado, dicen los analistas que prefieren el silencio ante la grabadora, no tiene cómo financiar un déficit que ya proyectan entre 3.0% y 3.5%.

El gabinete económico presenta unos datos más halagadores. Según el Ministerio de Hacienda, el gobierno recaudó 198.9 millones de dólares más entre enero y septiembre de 2008 con respecto al mismo período del año anterior. Handal destacó el ingreso en concepto de renta y de IVA. Sólo en este último apartado se tiene en el último trimestre 1 mil 238.1 millones de dólares. Y en concepto de renta, 843.3 millones de dólares. Además, sólo se está a la espera de que se afinen los detalles financieros de los préstamos internacionales. “Ya el país está en la primera línea solicitando esos recursos en la medida que el país tiene acceso”, dice Luz María Portillo, presidenta del BCR.

Aún así, nadie el gabinete económico da datos de si este aumento en la recolección fiscal, sumado a un plan de austeridad en el Ejecutivo del que no han dicho cuánto ha generado, es suficiente para enfrentar el gasto corriente del gobierno. “Es bien lógico pensar que todo está más caro y tiene que haber un mayor déficit. Afortunadamente, los niveles que estamos presentando son extraordinariamente positivos”, sostiene Handal.

El gasto del gobierno se ha venido financiando en buena medida con la emisión de LETES, adelantando su propio calendario propuesto a principio de año, a altas tasas de interés y bajos plazos de vencimiento para convertirlas en instrumentos más atractivos para potenciales compradores.

En lo que va del año, la colocación de LETES alcanza los 524 millones de dólares y la tasa de interés osciló entre un 3.87% y el 7.54 por ciento de la última emisión, el 9 de octubre pasado.

La presión sobre los privados aumentó con la emisión de más títulos valores, y a una mayor tasa, desde el sector público. El Banco Multisectorial de Inversiones hizo lo propio a finales de octubre, emitiendo certificados de inversión a una tasa de interés de 8,75 por ciento. Según FUSADES, esta situación presionó también las tasas de interés de los bancos para competir por el dinero. Una semana antes, el Banco Hipotecario no pudo presentar las demandas de reservas y recurrió a la Bolsa de Valores para conseguir los fondos. Todo ello diminuyó la cantidad de circulante a disposición en el sistema.

El economista del PNUD Carlos Acevedo, en una entrevista que concedió a Contrapunto, dio su propio análisis de la situación: “El gobierno no tiene fondos para terminar esta gestión. Andan desesperados viendo cómo consiguen fondos para poder terminar. Hay que aclarar que el principal contribuyente de esto es el precio del petróleo; el desbalance del gobierno está muy atado a los subsidios y los subsidios están atados al precio del petróleo. La situación no es sencilla: necesita unos 500 millones de dólares para pagar los LETES que van a vencer y otros 500 millones de dólares para pagar subsidios”.

El 13 de octubre, la calificadora Fitch Ratings bajó la calificación de riesgo de El Salvador de “Estable” a “Negativa”, argumentando la falta de liquidez en el sistema financiero nacional y las incertidumbres relacionadas con el proceso electoral. “La modificación de la Perspectiva a Negativa refleja los crecientes riesgos provenientes de las mayores presiones fiscales y económicas en un contexto de ajustada liquidez doméstica y externa”, dice el informe.

Ante la falta de liquidez, y como medida de protección en caso de que los ahorrantes decidan sacar sus depósitos, tanto el gobierno como los bancos han tomado medidas extraordinarias: La Superintendencia del Sistema Financiero, en una medida avalada por el FMI, elevó la reserva estipulada a los bancos de 20 por ciento a 23 por ciento de sus depósitos, lo cual ha restringido aún más la liquidez bancaria.

Los bancos decidieron suspender la aprobación de nuevos préstamos para mantener más dinero en casa. Temen, todos, una eventual corrida de ahorros. Y si esta se da, los bancos deberán tener suficiente dinero para entregar los depósitos a los ahorrantes.

“Que vengan (los bancos) a decir que el gobierno los está afectando para dar crédito es falso y ya se lo dijimos a los bancos, los presidentes de los bancos están claros. Posiblemente algunos ejecutivos cuando llegan clientes les dicen: ‘mire, no le damos crédito porque el gobierno nos está demandando’, pero eso es falso”, dice Ayala Grimaldi, defendiéndose de los señalamientos de la banca contra las medidas del gobierno y suma un factor más a la situación económica del país: la coyuntura electoral.

“Vienen las elecciones y (los bancos) necesitan tener todo el dinero necesario por si la gente pide retirar los depósitos. No es que no tengan dinero, es que lo están guardando. A nadie escapa que cada cinco años hay retiro de fondos del sistema financiero y eso es lo que están previniendo los bancos”, asegura Ayala Grimaldi.

Algo que reconoce Casey Reckman, Directora Asociada del Grupo de Soberanos de Fitch, quien agregó la situación política entre los argumentos para bajar la calificación: “Los riesgos en la flexibilidad financiera y fiscal se han exacerbado  por la actual incertidumbre política relacionada con las elecciones generales de inicios de 2009”.

Los pagos a vencer

La falta de liquidez plantea una duda: ¿De dónde saldrá el dinero para honrar las deudas del gobierno? Como primer paso, en su informe trimestral, FUSADES recomienda refinanciar el saldo de LETES a plazos más largos, algo que pasa o por la voluntad de los propietarios de los certificados o por la emisión de nuevos títulos para pagar los que están por vencerse.

Sólo en la última colocación, el gobierno obtuvo 38 millones de dólares a 7.54 de interés y un plazo de vencimiento de 74 días. Siendo un título valor que no paga impuestos, los compradores podrían tener una rentabilidad de cerca del 10%; mientras, el gobierno tiene que cancelar, sólo este tramo, el 22 de diciembre próximo. En los próximos cinco meses, el Estado tiene que pagar cerca $400 millones de dólares.

Este pago no parece preocupar a Hacienda. “Logramos por medio del BCIE 300 millones de dólares para que ellos compraran los LETES. Ya hemos recibido los primeros 50 millones”, dijo la semana pasada el ministro de Hacienda, William Hándal. “Hay un programa para terminar este gobierno sin problema alguno. Esto previendo anticipadamente que la banca no está comprando LETES. Ellos están manteniendo sus niveles de liquidez. Y nosotros, por otro lado, no tenemos que preocuparnos por esto”.

Fitch Ratings, en su informe sobre la baja de calificación de riesgo a El Salvador, también se refirió a esto: “La ajustada liquidez ha complicado el panorama financiero del soberano, incluso en las obligaciones de corto plazo. Tasas de interés más altas han sido requeridas para renovar los vencimientos de corto plazo y el interés por instrumentos cuyo vencimiento va más allá de las elecciones de 2009 ha disminuido. No obstante, el reciente anuncio del gobierno sobre el compromiso del BCIE de proveer financiamiento de corto plazo ha devuelto la confianza de Fitch en que las autoridades tienen una mayor flexibilidad financiera para resistir el ciclo electoral en curso”.

Carlos Acevedo, el economista del PNUD, aseguró en su entrevista con Contrapunto que esto confirma la falta de liquidez en el sector público: “La situación de iliquidez que tiene el gobierno en este momento se refleja, por ejemplo, en cuestiones básicas como el no pagarle el subsidio a las gaseras ni a las distribuidoras de energía. El ministro de Hacienda dice que se va a pagar y el presidente de CEL dice que no tiene para pagar el subsidio. Los datos que tenemos nos dicen que lo que el gobierno estaba pagando por subsidios es un dinero que ahora no tiene disponible. Están viendo cómo colocan LETES, pero no ha sido fácil”.

FUSADES cerró su informe trimestral de coyuntura con una recomendación que desde hace más de un año han expresado las gremiales empresariales, la Embajada de Estados Unidos, los organismos financieros internacionales, los tanques de pensamiento dedicados al análisis de la economía nacional y los analistas económicos locales: “Hay que focalizar los subsidios”.

El presidente Saca, sin embargo, se niega a tocar su programa de subsidios, y cifra sus expectativas de solvencia en las negociaciones: “Hoy por hoy, hay una negociación que tenemos con las distribuidoras y esperamos llegar a un acuerdo”, dijo la semana pasada en conferencia de prensa. “Mantener el precio de la energía eléctrica, el bachillerato gratuito, la renta, todas las medidas de ‘Alianza por la Familia’, las queremos mantener”. Pero el mandatario no ha dicho aún de dónde saldrán esos recursos.

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