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El Salvador aplaza en percepción
de corrupción

Los inversionistas consideran que las prácticas de corrupción en El Salvador han empeorado y dan al país una nota de 3.9, por debajo del promedio mundial de 4.2. El más reciente informe de Transparencia Internacional muestra que el país, lejos de avanzar, sigue un descenso ligero ante los ojos de quienes hacen negocios en la nación centroamericana.

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Los resultados de cinco encuestas especializadas otorgan a El Salvador en 2008 una décima de punto menos que en 2007 en el índice de percepción de la corrupción (IPC) que año con año elabora el organismo Transparencia Internacional, y que se ha convertido en un referente para instituciones evaluadoras de riesgo y consultoras de inversionistas.

Entre 180 países, El Salvador obtuvo 3.9 puntos, en una escala de 0 a 10, donde el 0 representa máximos niveles de corrupción, mientras que un 10 supone que no se percibe corrupción. En el informe de 2007, la nota fue de 4.0 puntos, y a pesar del ligero descenso, el resto de países centroamericanos, con la excepción de Costa Rica, aparecen con peores credenciales.

Y aunque en un año la diferencia sólo sea de una décima, Rosa Inés Ospina, consultora de TI, advirtió que no hay que menospreciar esa variación. “El Salvador no se mantiene ni mejora, sino que ha disminuido la percepción que quienes invierten en El Salvador tienen sobre la transparencia, sobre la corrupción. En ese sentido, la alerta grande está en que se bajó una décima, y eso, en este índice, es bastante.”

Los países de Centroamérica están lejos de los resultados obtenidos por las naciones con mejor desempeño, como Dinamarca y Nueva Zelanda, que obtuvieron 9.3 cada una. De los países del continente, el mejor posicionado es Canadá, que con 8.7 puntos quedó clasificado en la casilla 9, es decir, 56 posiciones más arriba que El Salvador.

TI reveló su informe el martes en 13 países simultáneamente, incluido El Salvador. Marco Rodríguez, director del capítulo El Salvador de TI, detalló que el IPC salvadoreño se construyó con la información que dieron cinco encuestas. Cuatro de ellas, hechas por fuentes no residentes en el país -la Unidad de Inteligencia de The Economist, The Berteslmann Transformation Index, Global Insight y Merchant Internacional Group- y una quinta fuente fue el reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial.

Rodríguez cree que la corrupción tiene mayor impacto en los países en desarrollo, porque evita que los escasos recursos de que se dispone puedan llegar a beneficiar a los más pobres. “En el caso de la ANDA, por ejemplo, cabe preguntarse cuánta gente podría hoy tener el servicio, si no se hubieran robado ese dinero.”

Se refiere a la red de corrupción que hace años encabezaba el presidente de la institución Carlos Perla, asociado con algunos de sus gerentes. Ahora Perla está preso y aún es incierto el destino de algunos de sus cómplices, a quienes la Fiscalía ha exonerado de cargos para poder utilizar su testimonio contra el ex presidente de ANDA.

Para Rodríguez, no obstante, esto es un problema y es una de las razones por las cuales un país puede estancarse en su lucha contra la corrupción. “La capacidad de establecer precedentes en una sociedad es clave”, señala. Con eso se refiere a la importancia de castigos ejemplarizantes, al estilo de Costa Rica, que en los últimos años ha estado procesando a tres ex presidentes de la República, acusados todos de corrupción.

TI enfatiza en su informe el hecho de que El Salvador no muestre avances, a pesar de algunos compromisos internacionales específicos como los que establece la Convención Interamericana Contra la Corrupción. “El Salvador es un país que no ha sido capaz de presentar ningún avance significativo en la materia, aunque tampoco se evidencia retrocesos relevantes”.

Desde 2004 hasta 2008 el país bajó tres décimas, y TI aprovecha el momento para lanzar un desafío a la nación y, de paso, a la ciudadanía, para que decida si premia o castiga la situación actual. La coyuntura electoral se presta para eso, dice Marco Rodríguez. “La oportunidad de la sociedad civil es cuando hay elecciones.”

Pero son precisamente los políticos los más renuentes a combatir la corrupción. Por ejemplo, se niegan en El Salvador a transparentar sus cuentas, argumentando que no saben si sus donantes se molestarían en caso de que se revelen sus identidades. Y sobre su patrimonio particular o el de los candidatos a cargos de elección popular, aducen que es un riesgo hacerlos públicos por el peligro de la delincuencia.

Nada más alejado de fundamentos, dice Rodríguez. “El Salvador es de los países más atrasados en la materia. Brasil y México son contrajemplos de eso, pues tienen niveles altos de delincuencia, y tiene leyes que obligan a conocer el financiamiento de partidos”.

El Salvador tiene desde diciembre de 2006 un Tribunal de Ética Gubernamental que hasta ahora ha terminado sancionando a ocho servidores públicos. En casi dos años de trabajo ha recibido 190 denuncias y aproximadamente la mitad se encuentran en trámite. El caso más conocido que resolvió fue una condena contra el ministro de Salud, Guillermo Maza, por displicencia al no utilizar equipos médicos que había recibido como donativos. Maza, no obstante, sigue en su cargo y no se sabe si el presidente le amonestó, que es el castigo que manda la ley.

La presidenta del tribunal, Lizette Kuri de Mendoza, tiene claro que al organismo le faltan uñas y dientes. Por eso está preparando una propuesta de reformas para que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de la falta y para que puedan investigar sin que haya necesidad de que alguien presente una denuncia.

En la situación ideal, ella visualiza una Ley de Acceso a la Información, en plena coincidencia con Marco Rodríguez, quien tiene cuatro recetas para el anteproyecto que acaba de hacer público Fusades. “Uno, que la información exista; en segundo lugar, que se parta de que toda la información es pública y se regula la excepción. Además, que haya mecanismos de fácil acceso y respuesta, y que haya un régimen de sanciones por incumplimiento.”

La normativa propuesta por Fusades incluye todo esto, aunque no se sabe si los partidos políticos la apoyarán. “Hechos, no palabras”, demanda Rodríguez. El lanzamiento del anteproyecto de Fusades coincidió con la publicación del informe de Transparencia Internacional sobre percepción de corrupción.

El IPC es un índice compuesto, porque es una encuesta de encuestas. Quien se encarga de elaborarlo para Transparencia Internacional es Johann Graf Lambsdorff, catedrático de teoría económica de la Universidad de Passau.

Con un IPC de 3.9, El Salvador quedó debajo de países como Costa Rica (5.1), Cuba (4.3), Malasia (5.1) y Namibia (4.5), aunque por encima de Colombia (3.8), México (3.6), Brasil (3.5), Panamá (3.4), Guatemala (3.1), Honduras (2.6) y Nicaragua (2.5).

Entre los países del continente, Venezuela y Haití aparecen en el fondo, con 1.9 y 1.4 respectivamente.

El secretario técnico de la presidencia, Eduardo Ayala Grimaldi, dijo a El Diario de Hoy que, pese al resultado, El Salvador está en buena posición, pues sólo ha descendido una décima de punto. Adujo que no está mal ser el segundo país en combate a la corrupción en el istmo.

Pero esos resultados, advierte Rosa Inés Ospina, no son razones para estar tranquilos. Al contrario. “Hay que preocuparse. Primero, no olvidemos que estamos hablando de 0 a 10, y estar en 4, ¡nos rajamos en cualquier país del mundo! O sea, si a usted lo califican con 4 en cualquier universidad del mundo, o colegio o la escuela, tener 4 no pasó, está rajado.”

“Rajado” equivale a aplazado para esta colombiana radicada en Argentina, que es coordinadora de la red de ongs por la transparencia. “Entonces, primero, no estemos contentos, estamos rajados, no importando cómo estén los demás. Segundo, lo grave es que esté bajando. Yo le diría: si usted tiene un hijo a quien cada dos meses le hacen un examen y en vez de ir mejorando va bajando, rajado y sigue bajando, y entonces usted dice “¿para dónde vamos?”

Ospina piensa que los países de pocos ingresos, como El Salvador o los de Latinoamérica, deberían aspirar a obtener un IPC de alrededor de 6. “De 6 para arriba uno podría decir ‘tengo cosas que ajustar’. Pero, claro, lo ideal sería estar en 9”.

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