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Publicada el 03 de marzo de 2008 - El Faro

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Harina de trigo sin arancel hasta diciembre

Yolanda de Gavidia, ministra de Economía, afirmó  que, junto a los ministros de Economía de Centroamérica, “se acordó la disminución o eliminación temporal del arancel para la importación de harina de trigo hasta diciembre de este año”.

La medida, que se aplicará en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, permitirá a los importadores de harina de trigo no pagar arancel. La propuesta superó las expectativas de los panaderos que, la semana anterior, expresaron su descontento con el incremento de los costos en un ciento por ciento en sólo un año.

Se estima que el primer cargamento de harina ingresará al país hasta abril. Probablemente, se importarán unas 10 mil toneladas métricas de harina de trigo.

De Gavidia dijo que a pesar de la eliminación del arancel el precio de la harina estará sujeto al costo del flete. Señaló que eso dependerá del mercado. “Entre más compradores se agrupen, más grande será el pedido y mejor el precio”, destacó.

Según Raúl Moreno, analista económico de la Red Sinti Techan, la solución a la problemática no es bajar el arancel a cero, pues esto “sólo beneficiará a empresas como MOLSA y HARISA, que tienen dúo-polio en el país y fijan el precio como a ellos les parezca”.

Sin embargo, el propietario de Pan Eduviges, Pablo Durán, manifestó su satisfacción con la eliminación temporal del arancel. Señaló que es probable que se pueda paliar el problema de las alzas internas. Además, dijo que “esperamos que los productores en el país vean que hay competencia y que se animen a bajar los precios”

La ministra explicó que la medida no se aplicará inmediatamente. Antes debe tener la firma de los representantes de cada país y ser publicada en el Diario Oficial.

Directivos de RECORD citados por la FGR

Tres directivos de Baterías de El Salvador (Record) fueron requeridos el viernes de la semana pasada por la Fiscalía General de la República (FGR) ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad. Antonio Gurdián Lacayo, Sandra Cecilia Lacayo de Escapini y José Ofilio Gurdián Lacayo (ex presidente, ex secretaria y ex gerente, respectivamente) son acusados de violación a las reglas de seguridad y contaminación ambiental agravada.

Diego Escobar, fiscal del caso, solicitó medidas cautelares como una fianza, que puede ser una suma de dinero en efectivo o un bien material que garantice que los detenidos no huyan; una prohibición para que no salgan del país sin autorización previa y una presentación periódica, obligatoria, ante los tribunales.

Además, Escobar agregó que no se ha solicitado la detención de los procesados debido a la apertura, de parte de la empresa, a comparecer ante los llamados que otras instancias han hecho en situaciones anteriores.

El ministro de Salud Pública, Guillermo Maza, propuso ordenamiento territorial para evitar estas situaciones. “Se debe saber cuáles áreas son habitacionales y cuáles son industriales. En ningún momento se debe combinar un área territorial destinada a ambas cosas”.

La audiencia preliminar contra los acusados podría llevarse a cabo a finales de esta semana.

La vista pública en el Tribunal de Sentencia contra Diego Quiñónez, Henry Hurtado, Luis Valencia, Juan Hernando Ortiz y Ulises Valencia concluyó luego de tres días en el proceso. Los cinco fueron condenados a 20 años de cárcel por el delito de tráfico ilícito agravado de drogas.  El juicio inició el pasado lunes 25, cuando la Fiscalía confirmó ante los jueces del Tribunal de Sentencia de Ahuachapán la acusación contra los imputados.

Los cinco colombianos fueron capturados el 5 marzo de 2006, mientras transportaban 950 kilos de cocaína en una lancha. La embarcación en la que se trasladaban los imputados habría salido del puerto Buenaventura, en Colombia, y se cree que esperarían a otra en las costas entre El Salvador y Guatemala. Sin embargo, al darse cuenta de presencia policial, desembarcaron en El Zapote, Ahuachapán, e intentaron huir, pero fueron capturados.

Según informes de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, la droga confiscada es uno de los cargamentos más grandes decomisados en los últimos años, valorado en más de 20 millones de dólares.

José Ricardo Martínez, abogado defensor de los colombianos, dijo que apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia. Él sostiene que sus defendidos eran migrantes que viajaban de manera ilegal hacia los Estados Unidos y que no traficaban con droga, como afirman las autoridades.

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