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Impuesto para subsidio: el error de una negociación

Obras Públicas asegura que no tenía otra salida más que regresar el subsidio a los transportistas, que se paga con un nuevo impuesto para la población. Esta semana, para intentar paliar la negativa opinión pública ante la medida, el presidente anunciará nuevas medidas para “el bolsillo” de las familias. El MOP asegura que exigió una regulación al sector, pero los transportistas, y la vicepresidenta, niegan tal acuerdo.

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A dos semanas de haber concluido las negociaciones con el sector transporte, el ministro de obras Públicas, Jorge Nieto, sostiene que no perdieron ninguna batalla y que no es cierto que a los buseros y microbuseros no se les exigió nada a cambio de 40 millones de dólares en subsidio al transporte público, pagados por los automovilistas a través un nuevo impuesto a los combustibles.

Él asegura que esta semana se dará a conocer un plan que dará cuentas de un acuerdo “aceptado” por los empresarios del transporte público para que estos mejoren el servicio. Según el ministro, estas medidas ayudarán al gobierno a fiscalizar que el subsidio llegue a quienes realmente se lo merecen.

“No les vamos a regalar nada. Aquellos que no cumplan estos requisitos no percibirán el subsidio”, dice Nieto.

El plan del MOP –y de su Viceministerio de Transporte- es ambicioso. Sobre todo porque va dirigido contra un sector que ha ganado casi todas las batallas contra el gobierno; triunfos que les han permitido perpetuarse con unidades en mal estado y dar un mal servicio a los usuarios del transporte colectivo. Pero el MOP cree que esta vez los buseros y microbuseros van a cumplir, y asegura que hoy comienza un nuevo control.

“Ellos se comprometieron a poner en rótulos visibles, dentro de cada unidad, los datos del conductor, tarifas autorizadas, las rutas, el número de matricula, de placa, licencia y el nombre del propietario de la unidad o de la empresa de transporte. Esto con el objetivo de que los usuarios sepan contra quién interponer una denuncia ante la Defensoría el Consumidor, llamando al 910, si siente que se le han irrespetado sus derechos”, dice el ministro.

Otra de las medidas –y quizá la más ambiciosa- es que habrá agentes de la policía “de las unidades correspondientes” que monitorearán no sólo a cada uno de los 7,462 buses y 4,051 microbuses, sino que también intentarán controlar el recorrido que estas hagan y su kilometraje.

“Para garantizar que no le estamos dando combustible a unidades que no saldrán a trabajar o que serán utilizadas para otro trámite. Si la Unidad no cumple, por ejemplo, las seis, siete rutas que le toca por día –y según el kilometraje-, se les descontará de ahí el subsidio que reciben”, explica el ministro.

Según el plan, aquellas unidades que no trabajen deben ser reportadas por los dueños de las líneas porque podrían incurrir en sanciones o en el descuento del subsidio. “Quienes no hagan su recorrido estipulado que ni piensen que se les va a pagar el subsidio”, sentencia.

Nieto asegura que el gobierno buscará, además, crear toda una nueva flotilla de conductores de autobuses que pasarán por un programa educativo “mínimo obligatorio”; en donde recibirán una  capacitación integral y una tarjeta de circulación para motoristas.

“No es cierto que no les exigimos nada. Es hora de comenzar a ordenar el sector. Este lunes llamaremos a los transportistas para informales y decirles que esto es obligatorio”, concluye Nieto.

Pero Genaro Ramírez, secretario de AEAS y uno de los principales dirigentes del sector transporte, dice que no existe tal acuerdo. Y a la luz de sus declaraciones, da cuenta de que una vez más, los transportistas le ganaron al gobierno. Ahora, por 20 meses, recuperarán un subsidio a través de la gasolina que les había eliminado la administración del presidente Francisco Flores, y, a cambio, sólo prometen “seguir conversando” con su contraparte.

 “Nunca se negoció, nunca nos comprometimos a hacer eso (que dice el ministro Nieto) porque nunca se discutió. Lo único que acordamos con el gobierno fue solucionar la crisis en la factura petrolera y cómo esta afecta al sector. Punto”.

La justificación del impuesto

El miércoles 29 de noviembre fue sancionado el decreto que carga con $0.10 los combustibles para beneficiar con $200 mensuales a cada microbus y con $400 mensuales a cada autobus por 20 meses. El sábado 1 de diciembre la medida entró en vigor y el precio del diesel llegó a una cifra récord de $3.67 en algunas estaciones de servicio.

Los  consumidores de gasolina han sufrido un incremento en la gasolina súper que ya alcanzó los $3.90 por galón y $3.77 la regular. La Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Productos de Petróleo (ASDPP) reporta que en todo el año no se había registrado un incremento directo de más de 20 centavos en los precios del combustible. El nuevo impuesto, ahora, sí lo permitió.

Este es el quinto impuesto que debe pagar el ciudadano en combustibles (que ya paga 0.20 para el Fondo de Conservación Vial, $0.16 centavos para subsidiar el gas propano, 13% de IVA y 1% de importación).

“No había otra salida”, dice Nieto. “En el Ejecutivo se hizo un análisis riguroso de las alternativas y esta era la única salida. La crisis de los combustibles es internacional”.

Dos semanas antes de que gobierno y empresarios del transporte acordaran el subsidio, Nieto era de la idea que ese tema estaba descartado. “La cobija no alcanza para todo y en la arcas del estado no hay plata”, dijo. “El subsidio está descartado”. Dos semanas después, el mismo ministro justifica la medida.

“Como no había plata había que ver cómo se financiaba, el gobierno analizó sólo dos opciones: permitir el incremento de la tarifa o encontrar una nueva solución. Con un alza del pasaje se vería afectado el 85% de la población. Con el nuevo impuesto sólo se ve afectado un 15% de la población que utiliza vehículos”, dice.

A este nuevo impuesto, el presidente de la república le llamó “subsidio solidario”. La ministra de economía también.  “Hay que recalcar que el 85% de las personas que no tienen vehículo no serán afectadas por un incremento en el precio del pasaje”, dice Yolanda Mayora de Gavidia.

Según los cálculos del MINEC, para las familias que utilizan buses (suponiendo que hacen 2 salidas al día), el impacto mensual del gasto extra (que se calculó con un incremento del pasaje que ascendía a los $0.05) sería de $12. “Si toman 2 buses este monto se duplica”, dice De Gavidia.

Según el MINEC, una familia que tiene vehículo – a la cual le promedian un gasto de 40 galones al mes-, el gasto extra por el recargo sería únicamente de $4. El MINEC plantea que por cada 10 dólares gastados en combustible este segmento de población sólo gasta $2.30 en combustible.

“En una familia con muy bajos ingresos, 15% de su gasto es para transporte. En cambio, los quintiles del tres al cinco, sólo es del ocho por ciento. Es un llamado a la solidaridad de las personas que tenemos vehículo. Y obviamente si usted tiene vehículo todavía tiene la opción de dejarlo guardadito y utilizar el bus”, dice.

“Yo le puedo dar un análisis del impacto que hubiera tenido al 85% de las personas si se les hubiera incrementado la tarifa. Eso no quiere decir que el sector no tenga que comprometerse a mejorar el servicio a la población”, se excusa De Gavidia luego de preguntarle si el gobierno perdió, nuevamente, una batalla ante los transportistas. 

“Eso algo que el ministro de Obras Públicas y el Viceministro tendrán que explicarles –y me imagino que le están explicando a la población- qué están realizando en función de mejorar y reformar de raíz el sistema de transporte del país”, concluye.

La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar es más crítica. Dice que la población espera resultados del gobierno y un nuevo sistema de transporte. “Sí se tocó en las negociaciones, pero tal vez no se resolvió sobre este tema”, revela. “Es un tema pendiente que todos los salvadoreños queremos y es un tema que debe seguir en la mesa del diálogo. No podemos dar algo a cambio de nada. Debe haber un mejoramiento en el servicio del transporte”.

Genaro Ramírez dice que el sector nunca se ha opuesto a mejorar el sistema y señala que los únicos acuerdos, al respecto, fueron seguir en la mesa de diálogo y  tener las matrículas y permisos en líneas para recibir el subsidio. “El gobierno tiene al VMT para vigilar a los conductores de las unidades. No han supervisado porque no quieren. Las unidades con más de 20 años, en un 95%, ya están fuera de circulación. Nosotros estamos trabajando por un mejor servicio. Ahora hay buses con aire acondicionado, televisores, baños, con menos emisiones de gas. Estamos en la disposición de ordenarnos, cuando llegue el momento, en función de la población. Ahora hay que seguir discutiendo, pero agenda para el ordenamiento todavía no hay”.

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