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Sin nombres ni rostros para evitar a la migra en E.U.A.

El endurecimiento de las medidas contra los inmigrantes en Estados Unidos ha llevado a la fuerza laboral indocumentada a trabajar en la sombra, para evitar cualquier riesgo que los pueda enviar de vuelta a un país al que no quieren volver.

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DALLAS, E.U.A..- Una credencial de prensa es suficiente para silenciar a los inmigrantes. Le muestro la mía a María, una señora de 50 años, y me mira: “¿Periodista?”, pregunta con desconfianza. “Sí… de El Salvador”, respondo sin poder romper con el cerco que ha armado en cuestión de segundos. “¿Oh sí?, mire pues… qué bueno”. Me regresa la credencial y, siempre en silencio, ordena las tarjetas telefónicas para llamadas de larga distancia.

Minutos atrás, María –así a secas, sin segundos nombres y apellidos- sonreía y hablaba hasta por los codos. “Le tenemos de todo. Usted sólo mire y verá que no hace falta nada como para sentirse en casa”. Invitaba a ver todos los productos del pequeño supercito ubicado sobre una de las avenidas más transitadas de Irving, Texas.

Caminé por los estrechos pasillos de este local y encontré botellas de medio de litro de Kolashampan y chocolate de tablilla; a la izquierda, en un congelador, el queso chicloso, el petacones, el de capitas y el quesillo para las pupusas. “Todito para los salvadoreños”, repetía María y señalaba orgullosa el mostrador con pan dulce -los pichardines, las peperechas, los pegaditos y la infaltable cemita mieluda- y, al fondo, las camisetas de los equipos de la primera división de fútbol nacional.

Pero su rostro se transformó cuando escuchó la frase “inmigrante indocumentado” y pasó de la alharaca, de la alegría, a este silencio profundo que sólo rompe el sonido del motor de los refrigeradores. Un silencio incómodo del que sólo sale para forzar una despedida con un “aquí todos tienen papeles… todo está en regla… ¿Sabe qué?, mejor venga cuando esté la patrona… ella le dirá que todo está bien”.

“Todo está en regla”, repito. María me mira de reojo y sigue con lo suyo, acomodando las tarjetas telefónicas que no necesitan ser acomodadas, siempre detrás de la caja registradora, como si esos escasos 50 centímetros que nos separan la protegieran de más preguntas indiscretas, del maldito adjetivo de “indocumentado” y del temor a ser deportada a un país que dejó seis años atrás, a un El Salvador que ya le parece ajeno.

María nació en Morazán, tuvo un esposo que la abandonó cuando parió al cuarto de sus hijos, se cansó de buscar un trabajo que le permitiera sacar adelante a la familia y terminó aceptando la invitación de un pariente para viajar a Dallas. Sacó la visa de turista y con el dinero que le mandaron viajó la primera vez buscando un trabajito temporal. “Iba y venía; mandaba la remesita y ahorraba para el siguiente viaje”. 

Un día, a mediados de 2001, intentó renovar su visado y le fue denegado “dizque porque la había usado mal”. El siguiente viaje “lo hice por necesidad”. Empeñó la parcela al coyote, cruzó la frontera estadounidense por el desierto de Nogales y llegó a Dallas. “Fueron 18 días de los que no me quiero acordar… no se imagina, pero la necesidad… y ahora salen que quieren mandarnos de vuelta…”, dice y su voz se apaga.

“La gente está temerosa, tiene miedo”, dice Julio Herrera, presidente del recién fundado Centro de Solidaridad con El Salvador de Dallas, Texas; apura de un bocado la empanada de leche y continúa: “La cosa ha estado yuca… la policía te ve por la calle, te para por cualquier cosita y te piden los papeles. Si no tenés, vas para el bote y segura deportación. Ellos dicen que es porque has cometido algún delito, pero la gente sabe que te paran porque tenés cara de ser de allá, porque no sos chelito”.

Irving está a 20 minutos en tren desde Dallas. Con mayoría “blanca”, explica Herrera, la policía aplica la Ley CAP 24/7 al pie de la letra. La normativa federal permite a la policía estatal corroborar el estatus migratorio de cualquier detenido; si es ilegal, es remitido a inmigración para su deportación. En el último año, la policía de Irving arrestó a 1 mil 600 personas que terminaron en manos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y luego fueron “expulsadas a su país de origen”.

“Miedo, temor”, digo. Julio, residente desde finales de los años ochenta, hace un ademán con la cabeza y me explica que por eso insistió tanto en que llevara conmigo mi pasaporte con la visa estadounidense vigente. “Uno nunca sabe… si lo agarran sin papeles ahí va a tener que ir el cónsul a sacarlo del bote. ¿Se imagina a un periodista detenido por indocumentado? ¡Hubiera sido una gran puntada para su reportaje!”, dice, y lanza una carcajada amplia.

Deportación a la vista

“Mire, es que esto está yuca”, dice Bessy, una migueleña que roza los 30 años y llegó hace dos años. Sentada en la sala de su casa en un barrio residencial de Irving, habla con soltura después de la promesa de que no habrá fotografías ni señales de la dirección exacta de su residencia. Su primo y su cuñado, quienes comparten la casa con ella, se asoman de vez en cuando para lanzar una mirada que denota desconfianza.

“Durante el último mes le he dicho a mi hermano y mi mamá que viajen de Nueva Jersey para pasar el invierno. Aquí es más barato que en California y en las ciudades del este, como Nueva York y Washington D.C. pero está jodido venirse sólo a que lo agarren por ser ilegal”, sentencia.

Irving no es el único lugar donde han aparecido leyes anti inmigrantes y se han endurecido los controles para verificar el estatus migratorio en el último año.

Según el servicio de inmigración, al menos cuatro mil personas fueron detenidas en centros de trabajo estadounidenses de octubre del 2006 a septiembre del 2007, por encima de las 3,700 del mismo lapso anterior. LA cuarta parte de los detenidos laboraban en una sola empresa.

El  12 de diciembre de 2006, el ICE realizó redadas simultáneas en las plantas empacadoras de carne de cerdo de Swift & Co. en seis estados de la unión americana. 1 mil 282 inmigrantes indocumentados, la décima parte de toda la fuerza laboral del sector, fueron detenidos en Iowa, Colorado, Nebraska, Texas, Utah y Minnesota.

Nueve meses después, inmigración regresó a Marshalltown, Iowa, a un centro laboral de la misma empresa y detuvo otros 100 trabajadores sin papeles.

 “Dicen que son criminales, pero es gente que viene a trabajar… Mire, aquí las cosas no son fáciles”, repite Julio. “Nadie es ilegal por querer tener una mejor vida, por querer tener un casa digna… por eso soñábamos con tener la reforma migratoria”.

Todo se quedó en un sueño, porque la reforma no prosperó. A fines de junio, el Senado estadounidense sacó del debate el plan que el presidente George W. Bush pretendía que se aprobara antes de que el Congreso cese funciones por la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales del próximo año. Ahora el debate para una nueva reforma migratoria tendrá que esperar al menos hasta finales de 2008, después de la elección presidencial.

“Así decían que iban a legalizar a la gente… luego salieron los políticos diciendo que había que pagar no sé cuánta plata y después ya no se vio nada”, dice Fredy, un usuluteco que llegó a Washington D.C. hace dos años y hoy teme ser deportado. “Aquí tenía trabajo seguro; allá, nada. El coyote me cobró seis mil, recién se los acabo de terminar de pagar y voy a empezar a construir allá en el cantón”.

La última propuesta a favor de los inmigrantes fue el Dream Act, un proyecto de ley que ofrecía residencia temporal por seis años a hijos de inmigrantes indocumentados que entraron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad y que pudieran legalizarse luego de obtener un título universitario o haber hecho dos años en el ejército.

Según datos del Urban Institute y el Consejo Nacional de La Raza había 4.9 millones de niños y jóvenes menores de 17 años con al menos un padre indocumentado hasta 2006. El Centro Hispano Pew es más conservador: 3.1 millones de niños que viven en Estados Unidos tenían al menos un progenitor sin documentación legal; de ellos, el 58.6 por ciento serían indocumentados.

La propuesta del Dream Act ya había fracasado en junio pasado, cuando intentaron introducirlo junto a una reforma militar aduciendo que beneficiaba a 65 mil estudiantes y que muchos aspiraban a servir a las fuerzas armadas estadounidenses. Pero fue introducida otra vez con el apoyo de los demócratas Harry Reid y Dick Durbin y rechazada el 24 de octubre pasado, cuando el Senado votó 52-44 en contra de la ley. Para su aprobación necesitaban 60 votos. “¿Qué crimen cometieron esos niños? El crimen que cometieron fue acatar las órdenes de sus padres y seguirlos a este país”, dijo Durbin.

Al igual que la reforma migratoria, todo intento de leyes a favor de los inmigrantes indocumentados tendrá que esperar hasta después de la elección del próximo presidente, en noviembre de 2008.

Leyes más fuertes

En Oklahoma, el 1 de noviembre entró en vigor una ley estatal que elimina beneficios públicos a inmigrantes ilegales y da mayores atribuciones a la policía para que identifique, detenga y entregue indocumentados a las autoridades migratorias. Además, tipifica como delito transportar o dar asistencia a un indocumentado.

Incluso, en un primer momento se incluyó en la ley estatal que las empresas corroboren el status legal de todo empleado a través de un banco de datos del gobierno federal. Los agricultores y comerciantes de Oklahoma se opusieron a esto alegando que necesitan de la mano de obra inmigrante. La medida es similar a otras aprobadas en estados como Colorado, Georgia y Arizona.

En Pennsylvania, donde se estima que viven cerca de 150 mil inmigrantes sin documentación, se debaten leyes que niegan servicios de bienestar social y de asistencia médica a aquellas personas mayores de 18 años que no prueben ser ciudadanos o residentes legales, para evitar que indocumentados se aprovechen de los beneficios subsidiados por los contribuyentes y evitar el aumento del gasto estatal. Leyes similares ya se promulgaron en Colorado, Idaho y Texas.

Las autoridades estatales de Texas en Laredo se sumaron a la “Operación Streamline” a partir del 31 de octubre pasado. Bajo este programa, todo inmigrante indocumentado detenido por la Patrulla Fronteriza será procesado en una corte federal y encarcelado hasta por seis meses antes de ser deportado. Sólo en Laredo, ciudad fronteriza con México, 90 mil 534 indocumentados fueron detenidos durante el 2006. La operación se echó a andar en diciembre de 2005 en Del Río, Texas, y se extendió el año pasado a Yuma, Arizona.

Casi dos terceras partes de los detenidos terminan en cárceles municipales y de condados a lo largo de Estados Unidos. El resto, en ocho centros operados por el ICE y siete instituciones privadas.

Las autoridades federales dejaron de lado la política de detención y liberación de indocumentados mientras llega la orden de deportación. La razón, menos del 30 por ciento de las personas liberadas abandonaban Estados Unidos. “Si los tenemos detenidos y se ordena que sean deportados, está virtualmente asegurado que va a suceder”, dijo Gary Mead, subdirector de las operaciones de Detención y Deportación de la agencia de inmigración a la Agencia AP. “Todo lo otro que no incluye detención es ineficaz de una forma u otra”.

El último año fiscal, los Equipos de Operaciones para Fugitivos en la región Sur –Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, San Luis Obispo y Santa Bárbara, todos en California- arrestaron a 2 mil 667 “violadores de leyes migratorias”, de acuerdo con información del ICE.

“Como país, damos la bienvenida a inmigrantes que respetan la ley, pero les advertimos a extranjeros que violan nuestras leyes y cometen delitos contra nuestros ciudadanos que ICE usará todas las herramientas disponibles para encontrarlos y enviarlos a sus lugares de origen”, dijo Jim Hayes, director para detenciones y deportaciones de ICE en Los Ángeles. Pero de los detenidos, sólo el 21.6 por ciento tenían antecedentes penales.

El endurecimiento de las leyes se traduce en un aumento en detenciones y deportaciones en los últimos años. En el último año fiscal, de octubre de 2006 al 30 de septiembre de 2007, ICE detuvo 27 mil indocumentados en todo Estados Unidos –una cifra que aumentó a más de 30 mil para finales de octubre- superando la cifra de 19 mil 700 en 2006. Los agentes de ICE cuentan con 75 equipos de captura de fugitivos en todo el país.

Leyes más duras en vez de reforma

El 6 de noviembre pasado, demócratas y republicanos presentaron a la Cámara de Representantes un proyecto de ley bipartidista que endurecería todavía más los controles migratorios y la acción policial contra indocumentados. El proyecto de la ley SAVE (Secure America through Verification and Enforcement Act), llegó con el respaldo de 84 congresistas de ambos partidos. “Pone un estricto énfasis en la seguridad fronteriza, verificación de antecedentes del empleado por el empleador y aplicación interna de la ley”, declaró Heath Shuler, congresista por Carolina del Norte.

Del otro lado, desde la mirada de los indocumentados, existe el miedo, el temor y mucha desconfianza.

“¿ Usted dejaría que lo deportaran cuando allá le espera una champa, la inseguridad, las maras…? Aquí nos fajamos, trabajamos duro en puestos que ellos (los estadounidenses) nunca aceptan y mandamos plata… si te lo proponés hasta te comprás una ‘trokita’ (sic) y construís una casita bonita en El Salvador… ¿Usted cree que hay derecho para que no nos dejen trabajar a los que somos honestos?” dice un mesero en Miami que dice llamarse Carlos y haber nacido en la colonia IVU en Santa Ana, 24 años atrás.

-Este es su país… Ellos ponen las reglas del juego y ahora parece que no quieren indocumentados, ilegales… – respondo.

“Bueno, sí – interrumpe, titubea, mira directo a los ojos y continúa- pues si me quieren deportar, primero me tienen que encontrar”.

-   ¿Y si te encuentran? – replico.

“Pues… me vuelvo a venir. No sería la primera vez. Aunque no creo…”, dice y me muestra una tarjeta del Social Security con su foto, pero según la cual se llama Jaime, tiene 35 años de edad y nació en Texas.

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