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Con un muerto menos al día, la Policía prefiere no celebrar

La PNC ve con buenos ojos la reducción en los homicidios durante los primeros ocho meses del año en comparación con 2006, pero asegura que hace falta trabajar más para bajar los índices de violencia en el país y el promedio de 10 muertos diarios que se ha mantenido durante todo el año.

Rodrigo Baires Quezada / Foto: Archivo/Edu Ponces
cartas@elfaro.net
Publicada el 01 de octubre de 2007 - El Faro

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Los casquillos se esparcen por el suelo ante un joven asesinado en la colonia La Rábida el pasado año. Medicina Legal pudo contar al menos 22 agujeros de bala en su cuerpo.

Las autoridades de Seguridad Pública celebran la reducción en 262 casos entre enero y agosto de este año con respecto al mismo período de 2006. Sin embargo, según los datos consolidados de la Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Fiscalía General de la República (FGR), hasta el 31 de agosto pasado murieron casi 10 personas cada día de los primeros ocho meses de 2007 convirtiendo la cifra en una constante durante los últimos tres años.

“El año pasado teníamos un promedio de 10.8 homicidios por día, ahora es de 9.7. Si lo vemos positivamente, esto demuestra un muerto menos al día pero esta reducción sigue siendo insuficiente. No estamos contentos ni satisfechos con la cifra”, dice Rodrigo Ávila, director de la PNC. “Estamos viendo al fin una baja pero hay que seguir trabajando porque sigue siendo un dato alarmante.”

Con los datos oficiales y sin un censo de población actualizado, el 2006 cerró el año con una tasa de 56.19 homicidios por cada 100 mil habitantes (basado en las proyecciones de población hasta entonces). Para este año, con un dato aproximado de 5.9 millones de personas en el país y de seguir la tendencia de 9.7 diarios, se podría cerrar con un promedio de tres mil 660 homicidios y una tasa de 62 por cada 100 mil. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), una tasa superior a 10 por cada 100 mil habitantes ya es considerado como una epidemia.

“También existen varios municipios, como Colón, Soyapango y el propio San Salvador, donde las tasas de homicidios son claramente de naciones en guerra: más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes”, explicó Alan Quim, asesor canadiense del Observatorio Centroamericano sobre Violencia del SICA, al periódico español El País.

Ante las cifras, la consigna que acuñaron el presidente de la República, Antonio Saca, y su ministro de Seguridad Pública y Justicia, René Figueroa, desde que asumieron en el Ejecutivo se ha mantenido: “Combate frontal a la delincuencia”. Durante la campaña electoral y después de ser elegido presidente del país, Saca aseguró que la delincuencia y la violencia estaban en “primer orden para el Ejecutivo”.

Saca anunció que se darían a conocer nuevos planes con sus respectivos refuerzos presupuestarios para frenar la delincuencia. Según el presidente, no se estaba perdiendo la batalla contra la violencia y, al contrario, ya se tenía focalizada por zonas y se estaba combatiendo de manera “frontal” para bajarla significativamente. Entonces, como hoy, los datos estadísticos de homicidios no demostraban esa tendencia a la baja.

Desde el segundo trimestre de este año, Figueroa y el presidente Saca hicieron suya una nueva cifra. “Cuando asumimos el poder nos encontramos con 14 homicidios diarios, hemos llegado en meses que lo hemos logrado bajar a ocho y, sin embargo, hay momentos que se nos dispara”, dijo el ministro de Seguridad Pública y Justicia a La Prensa Gráfica el 16 de mayo pasado.

Los datos dados por Saca y Figueroa chocan con lo que muestran las estadísticas brindadas por el IML, la FGR y la misma PNC para 2004. Entonces, sin tener una cifra homologada, las tres instituciones mantenían un promedio entre 7.58 y 10.7 homicidios diarios.

Aún con las estadísticas oficiales en las oficinas del MSPJ, el 7 de septiembre pasado Saca dijo a los medios de comunicación: “La política que sigue el gobierno, del tema delincuencial, está dando resultado. Teníamos 13 homicidios diarios, hoy tenemos ocho, esta no es una cifra que a mí me tenga orgulloso… Ya logramos algo que es importante, reducir de 13 a ocho… Pero este gobierno es un gobierno muy serio en las cifras, porque cuando tú tienes los datos exactos, te permite tomar las medidas adecuadas."

Saca mantuvo la cifra de 13 homicidios diarios durante una entrevista en la cadena Univisión con el periodista Jorge Ramos la semana pasada. “Quiero comentarte algo: cuando llegamos al gobierno, Jorge, teníamos 13 homicidios diarios. Los homicidios han bajado a ocho y nueve que no es una cifra de la cual yo me sienta satisfecho", dijo el primer mandatario. “Claro, sigue siendo una cifra, pero mucho menor que la recibimos. Políticas de prevención, políticas de seguridad integrales nos han permitido reducirla.”

Promesas a la baja

En junio de 2004, Saca lanzó el plan Súper Mano Dura, una continuación al plan Mano Dura que había implementado su antecesor Francisco Flores, y prometió “hacer de El Salvador la nación más segura del continente”. La diferencia entre ambos planes estaba en los soportes legales: El Mano Dura contó con una ley, que terminó siendo declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia; El Súper Mano Dura, según Benito Lara, diputado del FMLN y miembro de la comisión de Seguridad Pública del parlamento, no tenía “nada de nada. Estaba condenado a fracasar porque era más de lo mismo: represión y poca prevención.”

Saca decía lo contrario y hablaba de que el plan brindaría una “mano amiga” al incluir como ejes principales la prevención –con énfasis en la recreación deportiva y el fortalecimiento de programas de valores y civismo-, rehabilitación y reinserción. El cuarto componente del plan era exclusivo de represión a las acciones delictivas de los pandilleros.

Sin datos consolidados, la corporación policial contabilizó dos mil 768 homicidios para 2004, mientras diferentes organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema de derechos humanos recalcaban que el gobierno no estaba haciendo “suficientes esfuerzos para frenar la violencia en el país”. Las críticas se basaban en las estadísticas de enero de 2005, que había dejado un saldo de 290 homicidios.

El 1 de febrero de 2005, entonces sentado en su oficina del Ministerio de Gobernación, Figueroa dijo que el incremento de los homicidios se debía a las riñas entre pandillas, el exceso de armas de fuego en la sociedad y rencillas personales. Entonces, el ministro habló de endurecer la legislación de portación de armas de fuego como un primer paso. “Son algunas medidas de carácter legales y otras operativas para entrarle frontalmente a la delincuencia y reducir el número de homicidios”, dijo. 

La promesa de reducción no se cumplió en los siguientes meses. Sólo en Semana Santa, según datos dados a conocer el 27 de marzo de ese año, se registraron 83 homicidios -64 por arma de fuego y 19 por arma blanca-; y otras 364 lesionados con diferentes armas. Según dijo el comisionado Pablo de Jesús Escobar, entonces subdirector de Seguridad Pública, se promedio diez homicidios durante el período de vacaciones.

Para junio de 2005, la PNC reportaba 330 asesinatos, un promedio de 11 muertes diarias; y el primer semestre de ese año terminó con un mil 690 homicidios, casi el 30 por ciento más que en el mismo período del año anterior. Las estadísticas del IML cerraron la cuenta con tres mil 802. Desde la mesa técnica, la cifra homologada fue menor: tres mil 778 asesinatos en todo el país, para un aumento del 36.48 por ciento de casos registrados con respecto al 2004.

“El esfuerzo que estamos haciendo en la corporación policial se pierde cuando vemos que el gobierno compara nuestra trabajo en reducción de homicidios con un dato que no es cierto, que no existe”, dice un mando medio de la PNC, que solicitó el anonimato por temor a perder su puesto. “Manejábamos entre siete y ocho muertos diarios en 2004, son datos oficiales que los tiene el Ministerio y el Ejecutivo”, cierra.

Saca parecía desconocer estas estadísticas desde mucho tiempo atrás. El 8 de diciembre de 2006, el presidente defendió la creación del MSPJ y aseguró a los periodistas que “los homicidios están bajando en los distintos municipios, y están bajando porque estamos mandando más policías, porque hemos mejorado la investigación y estoy seguro que el MSPJ tiene capacidad, tiene el conocimiento y tiene además la mejor intención, como la  tiene el presidente de que vivamos en un país más seguro”. Un mes después, las estadísticas homologadas mostraban un aumento a tres mil 928 homicidios en el año, un promedio de 10.8 por día y una tasa de 56.19 por cada 100 mil habitantes en 2006.
 
Las maras, las culpables

En 2007, Figueroa se mantuvo fiel al libreto desde su nueva oficina en el Ministro de Seguridad Pública y Justicia. “Lucha frontal contra la violencia. Ese ha sido nuestro enfoque”, dijo y desvió el tema de la eficacia de la investigación criminal a otro dato estadístico: “lo resumo de esta manera, al tomar posesión encontramos un aproximado de 10 mil 800 internos en el sistema penitenciario. Cerramos diciembre con 14 mil 300”. En el caso de los homicidios, el crecimiento que se había dado era resultado directo del accionar de las maras. “Casi el 70 por ciento de los casos son cometidos por pandillas”, aseguró.

Para julio de 2005, Figueroa aseguró que el 55 por ciento de los asesinatos en el país estaba relacionado con pandillas. “Hay un desbordamiento de la guerra de las pandillas, hay que decirle al mundo lo que realmente sucede en este país, que hay asesinatos entre los pandilleros”, dijo el ministro en rueda de prensa. Un año después, Saca aseguró que los casos de homicidios vinculados con pandillas alcanzaban el 60 por ciento. Una tesis que el MSPJ y la PNC, sin mostrar en ningún momento estadísticas de casos o investigaciones, mantienen en la actualidad.

Óscar Fernández, asesor en políticas públicas y especialista en seguridad de la bancada del FMLN en la Asamblea, cree que la explicación de los homicidios está más allá de “echarle la culpa a las pandillas desde el primer momento en que se da un asesinato”. “Los datos que tenemos es que no más del 30 por ciento de los casos de homicidios están vinculados con el tema de las maras específicamente. En otros casos, estas sólo son parte de un esquema del crimen organizado, del narcotráfico, por ejemplo”, dice.

Ávila mantiene que el 50 por ciento de los casos si son producto de pandillas –“y nos estamos quedando cortos”, dice- y de su esquema jerárquico donde “matar te permite ascender en su estatus”. “No podemos comparar la cantidad de asesinatos en El Salvador con la de otros países que no tienen pandillas, que tienen como requisito matar gente para estar en ellas”, acota el director de la PNC.

Según el director policial, una muestra de ello fue el repunte en casos que se tuvo en julio de este año. Entonces, la PNC dio a conocer las estadísticas del primer semestre del año y se había dado una reducción del 8.01 por ciento con respecto al año pasado. “Veníamos de tener 70 u 80 casos menos en los últimos meses y se nos volvió a disparar los casos hasta alcanzar la cifra mensual más alta hasta ese momento. Es como si dijeran ‘hay poquitos muertos, pues vamos a matar más’. Por eso, cuando tenemos ese tipo de conductas antisociales tenemos que dar respuestas consecuentes”, analiza Ávila.

Para Fernández, la explicación de que muchos casos de homicidios se vinculan a las maras responde a una política de “apagar fuegos”. “Lo que tenemos son acciones reactivas. Al decir que fueron pandilleros se cierran las líneas de investigación y les resulta más cómodo a la PNC y a la Fiscalía”, resume el especialista. “En todo caso, independientemente sean mareros o no las victimas y los victimarios, es responsabilidad del Estado su investigación y esto poco se está haciendo”, cierra.

Investigación, materia pendiente

El informe “Eficacia del Sistema de Justicia en el tratamiento de casos de homicidio” –patrocinado por el PNUD y realizado sobre una muestra de casos de 2005 en tres departamentos- señala que del total de homicidios, sólo el 14 por ciento llegaba a los juzgados y sólo uno de cada 25 recibía una condena. Aunque al final el PNUD se desligó de las conclusiones del mismo, el informe aseguraba que el nivel de impunidad alcanzaba el 96 por ciento de los casos estudiados.

La sangre marca el lugar donde yació un joven de 15 años tras recibir varios disparos disparos de revolver en una farmacia ubicada en la colonia Montserrat. Jose A. fue trasladado al hospital Rosales, pero murió en el camino.

El informe resumía “un escenario dramático” de seguridad pública salvadoreña: “intrascendentes sistemas de prevención del delito, deficientes investigaciones por parte de la policía y la fiscalía, desinterés de las autoridades para potenciar y modernizar las técnicas de investigación, ruta equivocada en el camino hacia el combate de la delincuencia (incremento de penas, creación de nuevos tipos penales, negación de beneficios penitenciarios, aplicación excesiva de la detención provisional, disminución de atribuciones a los jueces y crítica hostil contra el sistema de justicia, etcétera) y reiteradas confrontaciones entre las instituciones encargadas de perseguir el delito y las de juzgar al delincuente”.

Las conclusiones finales del documento no gustaron a las autoridades de seguridad pública. Figueroa deslegitimó el análisis y acusó a sus autores –los juristas Francisco Díaz y Sydney Blanco- de estar “sesgados políticamente”. “Es un estudio desfasado, desactualizado, con cifras obsoletas y con algún sesgo por la tendencia ideológica de los dos consultores en cuestión”, dijo el ministro flanqueado por Ávila y el fiscal general en funciones, Romeo Barahona.

Entonces, Figueroa dijo que un 92 por ciento de los casos de homicidio llegaban a los juzgados de instrucción; sin embargo, el ministro no mostró cifras oficiales de ello o de la cantidad de personas investigadas que pasan a fase de sentencia y a una posterior condena.

Para el ministro, a ello se sumaba los esfuerzos que la PNC había realizado –la creación del GOPES, las Fuerza de Tarea Antipandillas, la División de Capturas (Marshalls), el haber potenciado los Grupos de Tarea Conjunta (GTC) y de la Policía Rural, entre otras-; así como la formación de Comités de Seguridad Ciudadana. El resultado, decía Figueroa, era la disminución en los casos de extorsiones, robo de celulares, cuatrerismo, robo de furgones y los mismos homicidios. En sus palabras, “mayor eficiencia en la investigación”.

Figueroa ya había fijado su posición a mediados de mayo: “No se debe juzgar y condenar a un país por el número de muertos, por el número de homicidios; a un país se le debe juzgar por sus políticas coherentes en materia de prevención, supresión contra la delincuencia”, dijo.

Para el FMLN y Cambio Democrático, la frase del ministro en sí misma mostraba la principal carencia del MSPJ en la actualidad. Héctor Dada Hirezi, jefe de fracción de CD, recordó que una de las peticiones recurrentes de la Asamblea es que se les entregara una copia de la política nacional de seguridad pública donde estuvieran establecidas las acciones concretas en prevención y combate a la delincuencia, además de los actores encargados de ellas. “Nos mostraron una presentación de computadora y eso fue todo. No se tiene una política nacional”, recordó en ese momento.

“Los datos nos muestran que la cantidad de homicidios se mantiene en 10 diarios desde hace tres años. Con todos los cambios de leyes y planes especiales, esto no ha cambiado porque no se está manejando el tema integralmente en lo social y lo económico. Mientras no veamos un plan nacional integral, lo que estamos haciendo es dar dos aspirinas para quitarle el dolor a un enfermo que cada vez está más grave”, dice Fernández.

Ávila escucha las críticas, ve los datos y remarca la palabra “insuficiente”, pero prefiere ver a futuro con optimismo. “Cuando ingresé de nuevo a la PNC dije que en año y medio íbamos a empezar a ver cambios en estas estadísticas y eso es lo que estamos haciendo ahora”, dice Ávila y hace referencia al éxito obtenido con el plan Sarisa de la PNC.

El Sarisa se echó a andar en mayo pasado y las estadísticas muestran, tras cuatro meses de haberse implementado, 276 homicidios menos que en el mismo período de 2006. “Estamos trabajando más en la investigación, apuntando a los cabecillas de clicas, que son los que ordenan la mayor cantidad de homicidios, y con operativos casi todas las noches”, dice el director de la PNC. Ahora, tanto Ávila como el Fiscal General de la República, Félix Garrid Safié, creen que se podría bajará más la cifra de homicidios cuando se empiecen a ver los resultados de la fuerza de tarea Anti homicidios del Área Metropolitana, creada el 1 de septiembre con 50 fiscales y 150 investigadores policiales para trabajar en una zona que alberga más del 40 por ciento de los casos de asesinato en el año.

A ello Ávila suma la necesidad de “poner los pies en el suelo y ver el tema de la violencia sin pasionismos de ningún tinte político” de tal manera que permita crear normas jurídicas con procesos más expeditos y den nuevas armas de investigación a la policía y la Fiscalía, como sería la escucha telefónica y el uso de señuelos con controles judiciales. “Estamos trabajando. Es algo, todavía no es suficiente. Hay que entender que reducir estos índices de violencia no es fácil pero desde que se implementó el Plan Sarisa se ha empezado a hacerlo… Y si seguimos así creo que cerraremos el año con menos de 9.7 homicidios por día aunque sigue siendo un esfuerzo de solo una parte de la sociedad”, dice Ávila.

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