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Competir en el mercado eléctrico: una lucha de pequeños contra gigantes

La multa que hace dos semanas impuso la Superintendencia de Competencia sobre las principales distribuidoras eléctricas del país puso al descubierto lo difícil que resulta para las nuevas empresas entrar a este mercado. Las tres pequeñas distribuidoras que habían sido afectadas por CAESS, CLESA y DELSUR tuvieron que incurrir en cuantiosas inversiones no previstas para no ver suspendidos sus proyectos.

Edith Portillo
cartas@elfaro.net
Publicada el 24 de septiembre de 2007 - El Faro

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Cuando en agosto del año pasado la Superintendencia de Competencia (SC) anunció que iniciaría una investigación sobre el mercado eléctrico, las pujas en este ya empezaban a gestarse.

“El objetivo es determinar si existen prácticas anticompetitivas que limiten la entrada de nuevas empresas al sector y que puedan dañar los intereses de los consumidores”, dijo en aquel entonces Ricardo Tablas, intendente legal de la SC. Y fueron prácticas que bloqueaban a nuevas y pequeñas distribuidoras eléctricas lo que la SC encontró en el camino, y concluyó que las grandes distribuidoras abusaban de su posición dominante en el mercado y las multó, en conjunto, por más de 247 mil dólares.

El mercado eléctrico de El Salvador está, casi en su totalidad, dominado por dos grandes compañías: DELSUR, que abarca alrededor del 20% de la demanda, y AES, que a través de las cuatro empresas que la conforman abarca casi el otro 80%: CAESS con el 37.2%, AES CLESA el 21.3%. EEO el 15.6% y DEUSEM el 4.2%, repartidas en todo el territorio nacional. Entre todas, incluyendo a las de AES y a DELSUR, atienden a más de un millón 335 mil clientes.

Al lado de estas grandes distribuidoras, otras tres pequeñas – EDESAL, B&D y ABRUZZO - han intentado hacerse un espacio en el mercado del país. Pero la competencia tan solo para entrar, a juzgar por ellas y la Superintendencia, ha estado obstaculizada.

EDESAL es una distribuidora de capital salvadoreño que nació a inicios de 2006, con la idea de ofrecer el suministro de energía eléctrica en la urbanización Ciudad Versailles, de la constructora Salazar Romero. La constructora y la distribuidora, cuenta Leonel Bolaños, gerente de EDESAL, llegaron a un acuerdo en el que esta sería la encargada de la distribución en la colonia, donde DELSUR ya tenía líneas de distribución en la segunda y tercera etapa.

Estando esas redes, EDESAL, que para entonces estaba en proceso de aprobación de sus pliegos tarifarios en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), solicitó entonces a DELSUR que le diera un punto de interconexión para poder dar el servicio.

Según la Ley General de Electricidad, ninguna distribuidora puede negar estos puntos de interconexión a otra empresa. Lo que hacen entonces las propietarias de las redes de distribución es hacer el cobro de una especie de “peaje” para que las otras distribuidoras tengan esos puntos. “Pero DELSUR lo que argumentó fue que nosotros todavía no teníamos tarifas aprobadas”, dice Bolaños.

El conflicto llegó a conocimiento de la SIGET en septiembre de 2006, al mismo tiempo que la Superintendencia de Competencia empezaba a hacer su investigación. Según un acta de una reunión en la SIGET del 13 de septiembre de ese año, el contrato que DELSUR proponía a EDESAL contemplaba una cláusula que automáticamente la dejaba fuera de la posibilidad de servir en estas etapas de Ciudad Versailles.

“Queda expresamente convenido que EDESAL podrá comercializar energía única y exclusivamente a favor de aquellos usuarios finales cuyas acometidas se encuentren conectadas directamente a redes de distribución que sean operadas y de propiedad de DELSUR o de distribuidores que cuenten con un pliego tarifario vigente. Por lo anterior, DELSUR podrá negar la conexión de aquellos puntos que hubieren sido solicitados por EDESAL y que no cumplieren con lo antes relacionado”, decía la cláusula.

Sin los pliegos tarifarios de EDESAL aprobados, DELSUR se negaba a interconectar. Pero esta consideración, concluyó la SC en su investigación, no le correspondía a la distribuidora, sino a la SIGET. “El bloqueo consistió en retrasar la solicitud de interconexión realizada por EDESAL, lo cual  obstaculizó la entrada o expansión de un competidor dentro del mercado afectado, alegando atribuciones  legales propias del ente regulador del mercado eléctrico (SIGET)”, dijo la SC hace dos semanas.

A falta de los puntos de interconexión, EDESAL, dice su gerente, tuvo que hacer una inversión no prevista de casi 800 mil dólares en una línea desde Versailles hasta Nejapa, donde hay una estación de ETESAL (Empresa Transmisora de El Salvador), para poderse conectar.

Ahora EDESAL sirve a cerca de dos mil 600 viviendas en el proyecto y a alrededor de siete mil en diversos puntos del país. Sus pliegos, los únicos de las tres distribuidoras afectadas ya aprobados por la SIGET, ofrecen tarifas de un 10% menos que DELSUR en el cobro por uso de red, un 12% menos que AES CLESA y alrededor del mismo precio que el de CAESS.

Ya que la multa contra las distribuidoras grandes no es compensatoria, esta pequeña empresa ahora estudia iniciar un proceso civil por las pérdidas que le generaron las compañías.

Una historia repetida

Lo mismo le ocurrió a EDESAL con AES CLESA y con CAESS, en Santa Ana y en Nejapa respectivamente. “Las empresas se negaron a interconectar a EDESAL por la falta de pliegos tarifarios y hasta marzo de este año, cuando la SIGET aprobó los pliegos finales, dijeron ‘bueno, ya les conectamos entonces’”, recuerda Bolaños.

Este año, revela, han iniciado en la SIGET un nuevo proceso en contra de DELSUR, que con el mismo argumento ha negado la interconexión en Residencial Palmira, camino al Puerto de La Libertad. Este caso no entró ya en el período de investigación de la SC que derivó en la multa.

A la empresa ABRUZZO S.A. de C.V., inscrita como distribuidora en junio de 2006, le ocurrió lo mismo con DELSUR en el departamento de La Libertad.

ABRUZZO, según consta en su acuerdo de inscripción, poseía una red de distribución eléctrica subterránea en el proyecto urbanístico Tuscania, en Zaragoza, carretera al Puerto de La Libertad. Luego tendría que iniciar el proceso de aprobación de sus pliegos tarifarios, que todavía no ha concluido. Sin los pliegos, DELSUR tampoco le permitió durante tres meses la interconexión.

Aunque ABRUZZO no detalló si había tenido que incurrir en costos extras por la negativa para interconectarlos, la Superintendencia de Competencia indicó en su investigación que la otra posibilidad de conexión es más cara que a través de DELSUR.

“Los costos alternativos de una conexión directa con ETESAL, de parte de un agente económico que quiere iniciar una empresa distribuidora de energía eléctrica, constituye una barrera a la entrada. Es decir, un nuevo agente económico tiene la opción de solicitar una conexión de media tensión a una distribuidora competidora, o una conexión a alta tensión con ETESAL, representando esta última opción costos superiores a la primera”, estimó la entidad.

Las tres empresas distribuidoras – DELSUR, AES CLESA y CAESS – fueron multadas por la SC por todas estas prácticas, aunque la semana pasada las tres presentaron sus respectivos recursos de revisión a la resolución de la Superintendencia. El Faro intentó obtener la versión de estas empresas, pero alegaron que el proceso de revisión les impedía dar declaraciones.

El bloqueo en San Bartolo

La afectación sobre la distribuidora B&D, por parte de CAESS, fue distinta. B&D estaba por construir un trazado de líneas de distribución para abastecer a nuevos clientes en la zona industrial de San Bartolo, donde CAESS ya tenía fuerte presencia.

Dado que el trazado de las líneas se cruzaba en algunos puntos con las de CAESS, la SIGET ordenó a ambas distribuidoras que se coordinaran para la realización de las maniobras necesarias. Esto porque las líneas de media tensión de CAESS, que estaban energizadas, debían ser protegidas con unas “mantas especiales” para garantizar la seguridad de los trabajadores mientras construían la red de B&D, dice una asesora de esta distribuidora.

Esa coordinación nunca se concretó y, en medio del conflicto, CAESS además empezó a instalar, sobre el mismo trazado de unas líneas que ya había construido B&D, postes y alambrado.

En junio del año pasado, la misma SIGET realizó una inspección en el lugar y estimó que las obras de CAESS no cumplían con los requisitos de seguridad y operación: “Podemos concluir que la construcción del tramo de línea de distribución eléctrica a 23 kv realizado por CAESS constituye un peligro para cuando se energicen las líneas de distribución propiedad de B&D, ya que se estaría impidiendo la operatividad y mantenimiento de ambos sistemas de distribución en ese tramo”.
 
Mientras, sin la autorización de CAESS para poner los materiales de protección sobre sus líneas, B&D, dice su gerente, Edgar Álvarez, incurrió “en mayores costos que los inicialmente presupuestados y se ha perdido credibilidad con los futuros clientes, por no entrar en operación según se había planeado”.

El proyecto estuvo suspendido por un año, algunos trazos tuvieron que ser cambiados, incluyendo así la instalación de nuevos postes y otra infraestructura no contemplada al inicio. Los costos extras ascendieron a 81 mil 300 dólares.

Aun con las dificultades, el precedente de la multa a CAEES, AES CLESA y DELSUR ha provocado optimismo. Hay satisfacción, dice Álvarez, “porque por parte del gobierno se están haciendo esfuerzos por cumplir las leyes y que existan mecanismos para evitar este tipo de acciones, que no hacen más que impedir la inversión y el crecimiento de un mercado de libre competencia y el desarrollo del sistema de libertades en El Salvador”.

Las tres distribuidoras multadas, al igual que hace dos semanas, no se pronunciaron tampoco en detalle sobre el tema la semana pasada, pero el miércoles 19, al final del plazo, presentaron a la Superintendencia de Competencia sus recursos de revisión a la resolución de la multa. La SC tiene, desde esa fecha, diez días hábiles para dar una nueva respuesta.

La participación de las grandes

Este era el número de clientes que, según la SIGET, atendía hasta finales del año pasado cada una de las grandes distribuidoras del país, abarcando para entonces el 100% del mercado nacional. Ahora, EDESAL, la única distribuidora pequeña que da ya su servicio al tener sus tarifas aprobadas, atiende solo a alrededor de siete mil 500 clientes.   

Las multas puestas por la Superintendencia de Competencia

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