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Primera semana sin botaderos transcurrió entre atrasos, reformas de ley y pleitos políticos

Diputados de distintas fracciones se enfrentaron la semana pasada por el seguimiento al cierre de botaderos a cielo abierto. Al inicio de la semana pasada, una alcaldía todavía no depositaba en un relleno sanitario y varias más pidieron usar los fondos municipales para cubrir, temporalmente, la nueva disposición de sus desechos.

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“Como un embudo”. Así describe el Viceministro de Medio Ambiente, Roberto Escalante, cómo ha tenido que procesar esta cartera los 262 documentos que las alcaldías del país le presentaron, a último momento, informando cómo cerrarían sus botaderos a cielo abierto y a qué relleno sanitario empezarían a llevar sus desechos desde el 10 de septiembre.

Un día antes se había vencido una doble fecha para las municipalidades: para que presentaran sus diagnósticos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y para que dejaran de botar su basura en terrenos a cielo abierto y sin ningún tratamiento.

La carrera contra el tiempo, pese a las seis prórrogas que desde 2001 dio la Asamblea Legislativa, hizo que el embudo recibiera la mayoría de diagnósticos en la última semana y que estos ni siquiera pudieran ser validados antes de que las alcaldías cambiaran su forma de tratar la basura.

“No sé por qué uno en este país espera hasta el último momento. Revisar todos esos documentos, digerir esa información y verificar en el campo lo que está ahí nos lleva un tiempo”, dice Escalante.

La alcaldía del Puerto de La Libertad es un buen ejemplo. En su diagnóstico, el alcalde Carlos Quinteros (PDC) explicó cómo pretenden convertir el terreno de su botadero en un relleno sanitario, y así no trasladar su basura a otro relleno. Pero a la fecha límite la municipalidad aún no tenía los permisos ambientales para echar a andar este proyecto y el lunes 10, con la prohibición de botar a cielo abierto, no tenía adónde llevar sus desechos.

Tampoco tenía, dijo Quinteros, fondos para realizar en ese momento un contrato con un relleno. Así, el lunes los camiones recolectores del puerto pasaron recogiendo la basura y la mantuvieron en sus contenedores.

La empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), con la que al menos 100 alcaldías habían firmado contrato hasta la semana anterior, ofreció tratar la basura del Puerto de La Libertad temporalmente. Dos días después, la alcaldía firmó contrato con el relleno de Sonsonate, uno de los 11 autorizados por el MARN en todo el país.

Al final de la semana pasada, dijo Escalante, se habían inspeccionado más de 235 municipalidades y se había constatado que ninguna estaba violando la prohibición de botar a cielo abierto.

FODES para tratar la basura
El reclamo del alcalde del Puerto de La Libertad de no contar con los fondos suficientes para echar a andar su nuevo plan de basura no fue el único. Ya desde antes del cierre de los botaderos algunos alcaldes hablaban de la necesidad de modificar o crear tasas para este propósito, pero al parecer cerca de la mitad de los municipios no tenían cómo solventar este problema de inmediato.

“Hay como 16 municipios que nunca han cobrado un impuesto para esto, hay también municipios que no tienen camiones y hay que comprarlos”, dijo el martes 11 la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, también  presidenta de la Corporación  de Municipalidades de El Salvador (COMURES).

La corporación pidió entonces a la Asamblea Legislativa que aprobara una disposición transitoria con la cual se les permitiera utilizar temporalmente, “mientras ajustan las tasas”, los fondos destinados al desarrollo de los municipios (FODES) para costos asociados a la nueva disposición de los desechos.

La petición dividió el consenso que hasta ahora habían logrado los diputados en el tema, ya que el FMLN consideró que aprobar esta medida pondría en riesgo la inversión en proyectos de desarrollo en los municipios.

La medida fue aprobada, con vigencia hasta el final de este año, con el aval de 49 diputados de ARENA, PCN, PDC y CD.

Santa Ana, entre las protestas y los políticos
El relleno sanitario de Santa Ana, al igual que La Libertad gobernado por el PDC, provocó choques tanto dentro como fuera de la Asamblea Legislativa.

Los pobladores de las cercanías del terreno donde se construye el relleno han realizado, durante las dos semanas pasadas, protestas para impedir que se continúe con las actividades, pues consideran que la obra provocará contaminación en afluentes de ríos cercanos. El martes por la madrugada incluso entró un grupo de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) para dar seguridad a la entrada de unos camiones que ingresarían con materiales al terreno. Con los trabajos atrasados, el alcalde Orlando Mena ha dispuesto llevar temporalmente su basura al relleno sanitario de Atiquizaya.

Según el MARN, la empresa constructora violó la ley al empezar las obras antes de contar con un permiso, pero no hay cuestionamientos a las condiciones del relleno. En Santa Ana, afirmó hace dos semanas el titular del MARN, Carlos Guerrero, los cuerpos de agua más cercanos al lugar donde operará el relleno están a un kilómetro, como exige la ley.

Esa, sin embargo, no fue la opinión de los diputados de la comisión de Salud y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, que tras las protestas de los vecinos viajó a Santa Ana a constatar las obras. El presidente de la comisión, Orlando Arévalo (PCN), consideró que el relleno no cumplía con las condiciones necesarias y, a raíz de los problemas en Santa Ana y el Puerto de La Libertad, los diputados impulsaron la creación de una comisión especial para dar seguimiento al cierre de los botaderos.

La instalación de la comisión fue creada luego de una larga y acalorada discusión parlamentaria que tuvo a Arévalo y a Rodolfo Parker, diputado y secretario general del PDC, como principales protagonistas. Parker vio en su creación un intento de perjudicar a los alcaldes de su partido y, argumentando además que la Asamblea invadiría la competencia del MARN, negó los votos de su partido. Los diputados del PDC no participarán en la comisión especial.

Sobre las apreciaciones de los diputados reprobando la calidad del relleno en Santa Ana, el viceministro Escalante dijo que respetaba sus opiniones, pero que “otra cosa es hacerlo de manera fundamentada”. Respecto de la comisión especial, “no puedo opinar si hay competencia o no”, dijo, “pero sí creo que cualquier iniciativa es bienvenida a formar parte de este proceso de vigilancia”.

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