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Seguridad propone agilizar depuración policial

El anteproyecto de la nueva Ley Disciplinaria de la PNC se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa. René Figueroa, ministro de Seguridad Pública y Justicia, espera una pronta aprobación para dar más “dientes” a la dirección general de la policía para destituir “malos elementos”.

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El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia (MSPJ) presentó a la Asamblea Legislativa, a través de la fracción de ARENA, un proyecto de Ley Disciplinaria para la Policía Nacional Civil (PNC). “Lo que queremos es tener un mejor orden y control, una mayor drasticidad en los castigos”, dijo el titular del MSPJ, René Figueroa.

Casos recientes en el que se han visto involucrados agentes de la corporación policial –el asesinato del agricultor Amado García, cuya investigación vincula a siete agentes y dos civiles; y la muerte por golpes de un hombre capturado por agentes de la Unidad Técnica Operativa (UTO) - revivieron las críticas al sistema de depuración interna y el debate por otorgar a la dirección de la PNC herramientas expeditas para la destitución de policías involucrados en faltas graves.

El Inspector General de la PNC, Romeo Melara Granillo, reconoció a El Faro la semana pasada que la reforma a la Ley Orgánica dejó sin validez algunos artículos del Reglamento Disciplinario y que era necesaria una actualización de las mismas. Sin embargo, Figueroa aseguró que tras una serie de estudios y análisis se determinó que era mejor crear una ley específica para tratar el tema disciplinario interno de la policía.

El anteproyecto busca establecer un régimen disciplinario policial que incluya “la clasificación y tipificación de las infracciones, las sanciones correspondientes, el procedimiento a seguir y los órganos con competencia sancionadora”. Todas estas normativas estaban esparcidas y en algunos casos hasta desvinculadas en el Reglamento Disciplinario, creado en 2000; la Ley Orgánica de la PNC, reformada en 2001, y su reglamento; la Ley de la Carrera Policial; y el mismo Reglamento de la Inspectoría General de la PNC.

Según Figueroa, se busca que la nueva normativa garantice el debido proceso para un policía que es investigado pero que, al mismo tiempo, asegure procesos rápidos para “malos elementos” y que éstos “no empañen el nombre de la corporación policial”. Astor Escalante, viceministro de Seguridad Pública y Justicia, aseguró que se incluyeron herramientas que permitan investigar a un policía bajo sospecha de haber incrementado su patrimonio de manera injustificada.

El anteproyecto incluye darle potestad al titular de MSPJ, a la dirección general de la PNC y diferentes jefaturas de imponer sanciones a subalternos por faltas leves y graves, algo que estaba en manos de los jefes de servicio. La sanción de faltas muy graves que conlleven a la suspensión de cargo, degradación al grado inmediato inferior y la destitución, con indemnización o sin ellas, seguirán bajo el cargo del Tribunal Disciplinario competente, que estarían integrados por personal ajena a la institución policial.

La propuesta incluye dentro de las faltas leves el no informar hechos que debe conocer un superior y no reportar en los libros correspondientes el desarrollo del servicio; y, entre las faltas muy graves los actos crueles, discriminatorios, degradantes o vejatorios contra compañeros, subalternos y con agravante en caso de detenidos.

También se incluyó como falta muy grave la promoción, el mantenimiento y la colaboración con grupos ilegales armados; un artículo que se desprendería de los hechos delictivos ocurridos en San Miguel. “El proyecto de ley nos va a dar las herramientas necesarias para aplicar disciplina a aquellos policías que durante su trabajo como agentes del orden cometan actos contrarios a su labor”, repitió Figueroa.

Una mejor aplicación

Organizaciones no gubernamentales (ONG) como la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Tutela Legal del arzobispado y Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), entre otras, han hecho eco en el último mes de la necesidad de una depuración constante con base en una investigación interna seria. Para estas organizaciones, esto dependería de voluntad de aplicar las normativas legales y no sólo de crearlas o modificar las existentes.

Sendos estudios sobre homicidios y otras violaciones a los derechos humanos en los últimos 10 años de estas ONG documentan casos en los que en los que agentes policiales están involucrados. Incluso, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reveló dos investigaciones sobre el tema en 2005 y 2006. Sólo la CDHES maneja 60 casos de violaciones y torturas cometidos por policías. Muchos de estos, según investigaciones de esta organización, terminaron con una sanción leve o el traslado de los elementos.

Claudia Interiano, de la CDHES, dijo al Diario Co Latino que ante las acusaciones de casos de sicariato perpetrados por policías y la posible vinculación con estructuras del crimen organizado se debería de hacer una revisión total de la política de seguridad pública y la reestructuración del mecanismo interno investigativo y sancionatorio de la PNC”.

El presidente de la República, Elías Antonio Saca, al igual que su gabinete de seguridad, ha desestimado las críticas asegurando que las investigaciones de elementos de la PNC y su posterior captura es un ejemplo de que se castigan a los malos elementos policiales. De igual forma, se decantó por la necesidad de tener una normativa actualizada y en el menor tiempo posible debido a los últimos casos que se han hecho públicos. “No se trata solamente de una reforma a la ley de policía, se trata de una ley completa, que nos permita enfrentar. Creo que lo más importante es tener una ley que le dé todas las herramientas (a la PNC), precisamente para resolver estos casos”, dijo Saca.

El anteproyecto de ley recibió el espaldarazo de los grupos parlamentarios de los partidos de Conciliación Nacional (PCN) y Demócrata Cristiano (PDC). Con ello, la normativa ya tendría los votos necesarios para su aprobación por mayoría simple (43 votos) dentro del pleno. Sin embargo, estaría pendiente dentro del parlamento la solicitud promovida hace dos semanas por el FMLN que busca llevar a la Inspectoría General bajo el mandato del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y que no dependa jerárquicamente de la dirección general de la policía.

Benito Lara, diputado del FMLN, dijo que el proyecto debe de hacer hincapié en la labor de la Inspectoría General. “Vamos a revisar todo el contenido de la propuesta”, aseguró el parlamentario y recordó que una ley no vendrá a resolver todos los problemas disciplinarios y los casos de corrupción dentro de la PNC.

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