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La PNC busca entre sus filas a más homicidas en San Miguel

La Policía capturó a cuatro agentes vinculados a homicidios en el oriente del país. La FGR acusó a Arriaza Delgado y Chévez Hidalgo de participar en un triple asesinato en Jocoro, Morazán, y aseguró que las investigaciones continuarán. La PNC adelantó más cambios en la Delegación de San Miguel.

Rodrigo Baires Quezada
cartas@elfaro.net
Publicada el 03 de septiembre de 2007 - El Faro

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Cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) destacados en las unidades de Investigación de San Miguel y La Unión fueron detenidos por supuesta participación en homicidios en el oriente del país. Los policías investigadores Andy Shefik Cruz Vásquez, Henry Vladimir Hernández Salmerón, Edilberto Paiz Morales y Roberto Carlos Chávez fueron capturados en su lugar de trabajo por la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO).

Un quinto policía, el agente José Tomás Romero Ortez, quien fue trasladado dos meses atrás de San Miguel para la subdelegación de Campos Verdes, en La Libertad; y el comerciante Samuel Eliseo Hernández, ligado a un caso de triple homicidio en Jocoro, Morazán, se encuentran prófugos.

A Romero Ortez  se le acusa de encubrimiento porque mantenía comunicación con Chévez Hidalgo cuando este ya tenía en su contra una orden de captura por otro homicidio.

Los cinco policías estarían vinculados con el sargento Nelson Antonio Arriaza y el ex agente Carlos Geovanni Chévez Hidalgo, acusados del asesinato del agricultor Amado García, el 28 de julio pasado, en Nueva Esparta, La Unión.

El subdirector general de la PNC, José Luis Tobar Prieto, explicó que los agentes estuvieron asignados a la Unidad de Investigaciones de San Miguel, donde Arriaza desempeñó la jefatura. Luego, tras una serie de investigaciones internas, tres de ellos fueron reasignados a cargos en la unidad de Seguridad Pública, siempre en San Miguel, como una medida preventiva. Roberto Chávez se mantuvo en la delegación de La Unión.

Según la fiscalía, Hernández Salmerón estaría implicado en los asesinatos de Mario Humberto Díaz Bonilla, Pedro Antonio Sosa Flores y Óscar René Bonilla Machado, ocurridos el 21 de julio en Jocoro, Morazán; un caso en el que habrían participado también Arriaza y Chévez. Los otros cuatro agentes son acusados de encubrimiento e incumplimiento de deberes en diferentes procesos de investigación efectuados contra sus ex compañeros Arriaza y Chévez.

Las investigaciones sobre Chévez Hidalgo iniciaron después de un incidente confuso el 4 de enero de 2007, cuando el ex agente supuestamente disparó contra un grupo de pandilleros en la colonia Milagro de la Paz, en San Miguel, respondiendo a un ataque. En la investigación del caso se encontraron 12 casquillos y se allanó la residencia del ex agente, según el acta firmada por el investigador Paiz Morales, donde se decomisó una pistola nueve milímetros asignada a Chévez Hidalgo, quien no tenía permiso para tenerla fuera de servicio.

Las pruebas de balística confirmaron que el arma había sido disparada, un acta que fue remitida hasta el 21 de agosto por Cruz Vásquez; y las sospechas de la PNC apuntan a que el supuesto ataque de los pandilleros habría sido un montaje. Chévez Hidalgo fue relevado de su cargo y destacado a la delegación policial de San Vicente. “Sin embargo, hay que recordar que él residía en San Miguel y viajaba todos los días”, dijo Rodrigo Ávila, director de la PNC.

La punta del iceberg

Según investigaciones de la PNC, el 11 de mayo Chévez Hidalgo se vio involucrado en otro incidente con grupos de maras. El ex agente fue reconocido por una víctima como autor del asesinato de Víctor Manuel Pereira Alvarenga y Miguel Antonio Carrillo. El testigo, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad, también recibió varios disparos pero sobrevivió al ataque en el caserío El Llano del cantón Montegrande, San Miguel.

La Fiscalía General de la República (FGR), según consta en el oficio 583 JR, ordenó a la policía la captura del ex agente el 17 de mayo de 2007. “Ya teníamos una investigación sobre él, pero eludió la captura en la delegación de San Vicente”, recordó Ávila, quien reconoció que Chévez Hidalgo se “manejaba bien en todo el oriente del país” y que en ello pudo contar con la ayuda de “la amistad mal entendida de otros policías”.

Según los reportes telefónicos presentados por la FGR, Chévez Hidalgo se comunicó con Cruz Vásquez, el 23 de mayo de 2007, y en tres ocasiones con Romero Ortez, entre el 19 de junio y el 16 de julio. Ninguno de los dos informó de estas llamadas a sus superiores. Incluso Chévez Hidalgo se comunicó el 23 de junio con el jefe de la Unidad de Vida en San Miguel, Juan Antonio Sorto, para amenazarlo de muerte. “Le advierte que se cuidara y que no lo anduviera buscando”, reza la acusación presentada por la FGR.

Sin embargo, la captura del ex agente se obtuvo hasta el sábado 28 de julio, tras el asesinato de García, por una unidad del Grupo de Tarea Conjunta (GTC) que fue alertada por familiares y les dieron alcance en un vehículo privado. Durante el procedimiento, Según el jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la FGR, Rodolfo Delgado, Chévez Hidalgo llamó dos veces al celular del investigador en La Unión.

Roberto Carlos Chávez fue de los primeros agentes policiales en llegar a la zona de detención y secuestró dos teléfonos celulares. “Testigos nos confirman que tanto el ex agente Chévez Hidalgo como el sargento Arriaza portaban teléfonos celulares y que en determinado momento hicieron algunas llamadas. Pero Chávez, quien realiza la inspección ocular policial, al hacer el acta de remisión de lo decomisado no da cuenta de los dos teléfonos”, dijo Tobar Prieto. Incluso, el investigador habría mentido en su declaración a la FGR asegurando que no existían tales teléfonos.

El triple homicidio

La detención de Arriaza y Chévez apuró las investigaciones de 31 casos de homicidios en la zona oriental del país ocurridos entre 2006 y 2007 y con similares características. El primer resultado de este proceso es el caso del homicidio agravado de Sosa Flores, Bonilla Machado y Díaz Bonilla; además de herir a un cuarto sujeto el 21 de julio pasado.

Según las investigaciones, cuatro testigos –identificados en el proceso como Ignacio, Gregorio, Roxana y Aurora- que están bajo protección a petición de la FGR identificaron a Arriaza, Chévez, Hernández Salmerón y el comerciante Samuel Eliseo Hernández como los responsables del asesinato.

Los acusados llegaron al bar restaurante “Complejo Deportivo”, ubicado en el kilómetro 159 de la Ruta Militar, en Jocoro, Morazán, a las 8:30 p.m., minutos antes que las víctimas e incluso habrían conversado con ellos. A las 11:15 p.m., el comerciante pagó la cuenta y se marcharon.

Minutos después habrían ingresado dos personas con el rostro cubierto con pasamontañas y uno de ellos disparó, supuestamente Hernández Salmerón, con una escopeta 12 milímetros. Según los testigos, reconocieron al sargento de la PNC por la ropa que vestía y la complexión física, quien se quedó vigilando en la puerta del local. 

El caso fue investigado por la delegación de San Francisco Gotera, en Morazán, donde se estableció que era un caso de sicariato; y que esta sería apoyada por la unidad de Investigaciones en la delegación de San Miguel. Sin embargo, entre las pruebas que se encontraron en el lugar del crimen figuraba un teléfono celular propiedad de Arriaza Delgado, con el que se comunicó con sus tres acompañantes. El sargento reportó el robo del aparato dos días después.

Para este caso, la FGR solicitó la reserva total de proceso y un período de cinco meses para continuar con las investigaciones.

El subdirector de la PNC, Tobar Prieto, sostuvo que se sigue el proceso de investigación y depuración en San Miguel y en todo el país, justo en el momento en que el Ministerio de Seguridad Pública presentó a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de la nueva Ley Disciplinaria de la PNC.

“Desde el año pasado venimos haciendo cambios en la Delegación de San Miguel. Hemos cambiado al jefe de la delegación y a diferentes jefes de departamentos en el área de investigaciones. Por supuesto esto no termina, estamos haciendo las coordinaciones para tratar de establecer cuáles son las personas que vamos a cambiar o no”, aseguró Tobar Prieto, quien descartó de nuevo que estos casos demuestren la existencia de grupos de sicarios dentro de la PNC.

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