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Figueroa refuta informe PNUD sobre impunidad por “sesgos ideológicos”

Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela que 14.21% de los casos de homicidios registrados en 2005 fueron judicializados y solo el 3.8% terminó en una condena. La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, en ese orden, son señaladas como las principales responsables de las deficiencias en la investigación del delito y juzgamiento de los delincuentes.

Edith Portillo*
cartas@elfaro.net
Publicada el 11 de junio de 2007 - El Faro

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El Ministro de Seguridad, René Figueroa, acusó de “sesgo ideológico” a los autores de un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la impunidad en El Salvador, y de haber “sorprendido la buena fe del PNUD”. El informe, presentado el viernes 8 de junio y basado en datos de homicidios del año 2005, concluye que apenas el 3,8 por ciento de los asesinatos terminaron en condena, y que ello se debe a la deficiencia de la Fiscalía y la Policía para investigar y a la falta de coordinación entre ambas instituciones y también con el órgano judicial.

“Nos enteramos de ese supuesto estudio. Son dos abogados de izquierda (…) Sydney Blanco y Francisco Díaz, ex jefe de campaña de un candidato de izquierda (Héctor Silva, por CD en 2004) y que es miembro de FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho). Creo que esos consultores sorprendieron la buena fe de medios de comunicación y del PNUD, de una institución seria, muy responsable. Digo sorprendieron porque utilizaron datos de hace dos años y medio atrás (sic), de 2005. (…) Ahora 92% de los casos pasan a la fase de Instrucción. Por lo tanto, creo que es un estudio desfasado, desactualizado, con cifras obsoletas y con algún sesgo por la tendencia ideológica de los consultores”, dijo Figueroa, que también es vicepresidente de ideología de ARENA. 

Las declaraciones del Ministro fueron rechazadas por el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, Mauricio Loucel, quien lo acusó de fanatismo tras avalar el “alarmante” informe del PNUD. “Ojalá que (el estudio) no sea desestimado como es normal. Se le ha querido dar un sesgo político y creo que acusar de parcialidad es fanatismo”, declaró Loucel a La Prensa Gráfica.
 
A estas apreciaciones se unió también el ex ministro de Gobernación, Francisco Bertrand Galindo: “Si un estudio se hace por la vía científica no se cae en el sesgo ideológico”, dijo al mismo medio.

El informe “Eficacia del Sistema de Justicia en el tratamiento de casos de homicidio” fue realizado por Blanco y Díaz, y presentado por el PNUD luego de una investigación de cinco meses sobre expedientes judiciales correspondientes a 2005, en los municipios de San Salvador, Santa Ana y San Miguel (ver ficha técnica).

De los mil 20 homicidios estudiados (una muestra del 50% del total registrado), solo 145, es decir el 14.21%, entró al sistema judicial. “Es dramática la situación. Hay claras deficiencias en la investigación y en el juzgamiento (…) pero esto puede servir para cambiar el rumbo de las políticas en materia de seguridad y justicia”, dice Sydney Blanco, quien es juez 5º de Instrucción de San Salvador.

La cifra resulta más alarmante aún si se delimita a los casos que resultaron en una condena. De los mil 20 homicidios, solo 39, el 3.8%, llegaron a ser condenados y 981 quedaron impunes. “Podemos advertir que existe un 3.8% de eficiencia en la investigación del delito y juzgamiento del delincuente; y a la inversa, (…) significa que existió un 96.1% de deficiencias”.

Francisco Díaz, el otro responsable de la investigación, dijo que la impunidad, entendida como la falta de castigo, se ha convertido entonces en “un estímulo para transgredir la ley. De nada sirve tener leyes ‘pesadísimas’ si no se tiene la capacidad de hacerlas efectivas”.

Los resultados de la investigación, considera también Blanco, demuestran además que “la solución no es crear más tribunales ni reestructurar el sistema judicial, sino prevenir el delito y fortalecer las instituciones encargadas de la investigación”.

Hasta ahora, muchos de los señalamientos de las deficiencias del sistema han estado centrados en la labor de los jueces, a quienes se les reclama no valorar adecuadamente las pruebas que presentan los fiscales en los juicios. “Refuta totalmente la idea de hacernos responsables a los jueces del auge delincuencial. El que siga manteniendo lo mismo después de conocer este informe es porque quiere confrontar innecesariamente”, agrega Blanco.

Una cadena de deficiencias

Las fallas en el sistema, según el estudio, no competen a una sola institución. Sin embargo, es en la etapa de investigación del delito, que corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fiscalía General de la República (FGR), donde se identifican las más importantes.

La cadena de deficiencias empieza por la falta de cifras homologadas para contabilizar los delitos de homicidio. De hecho, para la investigación, resultó que el registro de homicidios durante 2005 en los tres municipios (San Salador, San Miguel y Santa Ana) era de mil 20 para el Instituto de Medicina Legal (IML) y de 765 para la FGR, es decir, una diferencia de 255 casos.

“Conforme a las anteriores variables inferimos, según las diferentes cantidades, que la Fiscalía presentó requerimientos por casos de homicidios entre el 14.21% y el 21.4%, dependiendo de la credibilidad que se den a las diferentes cifras”, reza el informe. Para el caso, la investigación tomó como su número de referencia las estadísticas llevadas por el Instituto de Medicina Legal. “La vaguedad de las cifras y la inseguridad de las estadísticas no permiten conocer con algún grado de certeza las razones de por qué la mayoría de casos no se presentan ante los Tribunales como tampoco por qué las juezas y los jueces absuelven muchos de los presentados”.

En la investigación de los delitos de homicidio que aún no habían sido presentados en los tribunales, los expedientes muestran que el 97% presentan deficiencias, siendo el 54% por responsabilidad de la Fiscalía, el 26% de la Policía y el 20% por responsabilidad compartida entre ambas instituciones.

Las principales deficiencias encontradas fueron la ausencia o no incorporación al proceso de análisis técnicos (como huellas lofoscópicas, análisis sexológicos o reconocimientos médicos de lesiones), que no se practicaron pruebas balísticas, testigos que no fueron localizados, identificados o que fueron asesinados antes de declarar, que la Fiscalía prescindió de los únicos testigos que tenía y un deficiente manejo de las evidencias en el acto de inspección ocular. “En la inmensa mayoría de casos que se encuentran en la Fiscalía se advierten estancamientos en las investigaciones, es decir, que no se practicaron otras diligencias más que las realizadas inmediatamente después del hecho”, añade el documento.

Respecto a la labor de los jueces, una vez deben emitir un juicio según las evidencias recogidas por la Policía y la Fiscalía, también hubo señalamientos: una insuficiente fundamentación de la sentencia y una actitud pasiva del tribunal por conocer la verdad y una inadecuada apreciación de los medios de prueba. “Hay a veces una pereza de analizar indicios y entonces se recurre a tomar en cuenta sólo a los testigos presenciales”, criticó Sydney Blanco.

Con respaldos y rechazos

Los hallazgos de la investigación, y especialmente la validez de esta por el porcentaje de casos considerados fueron respaldados por tres expertos en materia de seguridad y justicia que, durante su presentación, estuvieron encargados de comentar los resultados. “Arroja cosas que probablemente ya sabíamos o intuíamos”, dijo Francisco Bertrand Galindo, ex ministro de Gobernación (1999-2004).

Hace siete meses, en un debate realizado en “Encuentros, la cena política de El Faro”, el ex ministro ya hablaba de una “deficiencia sistémica”. "Personalmente creo que ni la Policía es eficiente, ni los fiscales son eficientes, ni los jueces son eficientes. Tampoco visualizo la voluntad ni de la Policía, fiscales y jueces de someterse al escrutinio cualitativo público", dijo en ese entonces.

Salvador Samayoa, ex presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) en el mismo periodo presidencial, respaldó también la importancia de la investigación y valoró que la cantidad de deficiencias encontradas es “apabullante”. “Evidentemente tenemos una deficiente gestión de las instituciones de justicia desde hace varios años”, dijo.

En un mismo tono, el ex ministro de Justicia (1989-1994) y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, René Hernández Valiente, valoró que “el escenario es dramático” y un reflejo de que “sin prueba científica no hay justicia penal”. Lamentablemente, agregó,  “tampoco tenemos a la gente capacitada en los puestos de dirección de las instituciones de investigación”.

Desde la Asamblea Legislativa, donde cabildeaba por el fideicomiso para seguridad,  Figueroa reaccionó descartando el informe por la identificación ideológica de sus autores.

El jefe de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, fue más cauteloso. Vía telefónica, Ávila se quejó de que durante el estudio los investigadores no hubieran hablado con él y que tampoco se contemplen los avances en la investigación, pero admitió deficiencias en la persecución del delito. “Yo acepto que hay mucho que mejorar.  El estudio tiene datos reales, con algunas interpretaciones que no comparto, pero respeto mucho a quienes lo hicieron”, dijo.

Ávila aclaró que cuando hay homicidios múltiples estos pueden agruparse en un solo caso, y que ello podría afectar las cifras de impunidad que concluye el estudio del PNUD. “Hay un solo caso que incluye 58 homicidios.  Si se judicializa, no es que queden 57 homicidios sin condena, es un solo caso”, explicó. “Hay más de 500 homicidios agrupados en varios casos”.

El jefe policial, que asumió el cargo en enero de 2006, guarda distancia con las estrategias de seguridad que aún estaban vigentes el año en el que se basó el estudio. “Eso es de 2005.  A finales de ese año cambiamos el énfasis, más que a la cantidad de capturas, a la calidad de la investigación.  Creamos la División de Investigaciones de Homicidios y la de Extorsiones.  Nos dimos cuenta que el Mano Dura no estaba funcionando, la delincuencia se sentía más impune.  Las pandillas se organizaron mejor y entonces nosotros reaccionamos distinto. ¡Había gente que la policía los había capturado hasta siete veces! Pero del 2005 para acá hemos duplicado la cantidad de reos condenados, y hoy son más que los procesados”. 

Sobre el informe, Ávila dijo: “Hay cosas de ese estudio que yo voy a retomar, porque tienen razón.  Aún falta mucho por hacer. Pero tampoco es justo desestimar lo que hemos avanzado”. Según la PNC, en lo que va de 2007 se han realizado 88 capturas por homicidio, y sólo uno de los detenidos ha salido libre. 

La Fiscalía General de la República, en voz del Fiscal adjunto, Romeo Barahona, prefirió abstenerse de responder al contenido del documento: “Esperaremos verlo para hacer nuestro análisis y dar una respuesta concreta”.

* Con reportes de Alexis Henríquez

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