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Los terrenos del tío Rolando

Miguel Tomás López asegura que en el Área Natural Protegida La Joya, 398 hectáreas están en litigio entre el ISTA, su tío y la cooperativa Cerro de Plata; y por eso no pueden traspasarlas al MARN. De esas tierras en litigio, 164 hectáreas fueron otorgadas a López Fortiz en 2000 por su sobrino. El presidente del ISTA asegura que ahora se ha desentendido del caso debido a los “conflictos de intereses”.

Daniel Valencia y Rodrigo Baires Quezada
Fotos: Rodrigo Baires Quezada
cartas@elfaro.net
Publicada el 12 de marzo - El Faro

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Rolando López Fortiz mantiene un litigio con el ISTA por 164 hectáreas en el Natural Protegida de La Joya, en San Vicente. En la fotografía, López Fortiz lee un documento enviado en 2000 por su sobrino, Miguel Tomás López, y presidente del ISTA en el que le asegura que es dueño de la propiedad.

Ignacio Luis Rolando López Fortiz, abogado, ex magistrado y tío del presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), Miguel Tomás López,   señala documento en mano que el ISTA ya decretó que 164 hectáreas dentro de la Hacienda la Joya son de su propiedad.

“¡Esas propiedades son mías!”, dice luego de leer la carta que le fue enviada vía fax por su sobrino el 18 de mayo de 2000 desde la oficina de la presidencia del ISTA. En ella, Miguel Tomás resuelve “tener por aceptada la petición del Dr. Ignacio Luis Rolando López Fortiz” y “Declarar libre de intervención la propiedad de 164 hectáreas, 97 áreas, 82.11 centiáreas. Inscrita al No. 2 T 290 P  del Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas de San Vicente”.

Siete años después de haber firmado ese documento, el funcionario alega que en 2004 se apartó del proceso porque “una de las personas es un pariente mío. Por esa razón me desligué de este proceso y eso, de alguna manera, ha atrasado el hecho de que se transfiera al MARN”.

La otra razón que ha atrasado la transferencia es la petición hecha al ISTA por la Cooperativa Cerro de Plata para que compre los terrenos de Fortiz y se los entregue  a los 125 afiliados. Cerro de Plata nació en el año 2002, según su presidente, Juan Pablo Gracia. Él asegura que todos los afiliados son originarios de La Joya y, por tanto, tienen derecho a trabajar esas tierras. “El ISTA tiene que resolver la situación”, sostiene.

En un informe solicitado en octubre de 2006 por el ex ministro de Medio Ambiente, Hugo Barrera, se señala que el ANP La Joya tiene una extensión original, “según plano de 1986”, de un mil 21 hectáreas. Dentro de toda esa porción de terreno, están incluidas las 164 hectáreas otorgadas por el sobrino al tío, y las tierras que serían asignadas a la cooperativa.

“Fue transferida al MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) por el decreto 761 emitido por La Junta Revolucionaria el 10 de agosto de 1981, publicado en el diario oficial N° 144 tomo 272 y por Consejo de Ministros el 2 de mayo de 1983, cuyo destino será para la conservación de los Recursos Naturales”, reza el informe.

“Es comanejada (convenio de protección y administración del ANP) por La Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP), con quienes se ha subscrito convenio el 25 de octubre de 2006. No se ha firmado el acta de entrega material a favor del Estado y es un sitio de interés arqueológico”, agrega. El sitio arqueológico es la Barranca del Sisimico, un terreno de 120 hectáreas que está separado del área original por las tierras en conflicto.

El 28 de agosto, dos meses antes de que el MARN firmara el convenio de manejo del área con la ONG, Miguel Tomás López informa en una carta enviada a Barrera que en La Joya “existe la posibilidad” de transferir al Ministerio sólo un área total de 623 hectáreas.

Sobre el resto del terreno, 398 hectáreas, Tomás López señala que “es necesario que se aclaren los problemas de litigio, y que de las áreas que resultaren a favor del ISTA, se determine qué áreas son de uso agrícola para que sean beneficiados los de la Cooperativa Cerro de Plata, y el resto que sea calificado como forestal y sea transferido a favor de ese Ministerio”.

Pese a que existen antecedentes en los que consta que en la zona no había cooperativa formada y que el área total es de 954 hectáreas –pagadas con bonos de la reforma agraria a sus propietarios originales, la familia de Pío Romero Bosque, y vendida a un precio de 759 mil 990 colones al Ministerio de Agricultura, en febrero de 1988- Miguel Tomás López no puede explicar por qué el ISTA asegura que toda la propiedad mide 1 mil 21 hectáreas. Al hacer la sumatoria de las hectáreas que pueden ser transferidas y las hectáreas que están en litigio, no se llega ni a las 954 hectáreas que son avaladas por un acuerdo de junta directiva del ISTA de 1988. ¿Qué pasó con esas tierras?

¿Posesión ilegal?

Ignacio Luis Rolando López Fortiz asegura que posee 236 manzanas (las 164 hectáreas) en La Joya, luego de haberle comprado el terreno a José Antonio Palacios, un parcelador de la zona, que trabajaba para los dueños originales de los terrenos: la familia del ex presidente Pío Romero Bosque. A Palacios, los Romero Bosque le habían cedido la propiedad en “dación de pago” en junio de 1972.

Sin embargo, la entrega hecha de la tierra de los Romero Bosque al señor Palacios, según una resolución del ISTA de febrero de 1977, fue cancelada. Según dicha resolución, los parceladores no incluyeron en la nómina de beneficiarios al señor Palacios, “incumpliendo” el artículo 127 de la ley del ISTA. En el documento se señala que en su momento, el proceso no fue cancelado y manifiesta que como “eso no se hizo en su oportunidad (…) lo pertinente es cancelar ese registro, con todas sus consecuencias legales”.

La resolución también señala que se libre de oficio al registrador de San Vicente para que se abstenga, en el futuro, de inscribir cualquier contrato de transferencia de dominio sobre parcelas o porciones de la Hacienda La Joya.

Pese a esta resolución, en marzo de 1998, al entonces presidente del ISTA, José Roberto Pacas Méndez, le fue enviada una carta en la que López Fortiz  señala que le compró los terrenos a José Antonio Palacios, y que esta compra quedó registrada en el #86 Tomo 280 del Registro de Propiedad de San Vicente.

Ese mismo año, tres meses más tarde, el técnico del departamento de adquisición de tierras del ISTA, Carlos Rigoberto Larreynaga, determinó que este derecho fue cedido el tres de julio de 1978 a López Fortiz.

“Posterior a esto se han realizado once traspasos que concluyen que dicha porción está dividida así: 32.951545 hectáreas. Al señor Eliseo Antonio Fernández Martínez, 70 Hás. Al señor Cruz Quintanilla, 45.226666 Hás. Al señor Hugo Alberto López y 16.80 Hás. Al señor Ricardo García Arévalo”, reza el informe. “Todos estos traspasos que parten de una promesa de venta son ilícitos, pues los ex propietarios nunca otorgaron la escritura de venta y tradición de dominio que en definitiva sería con lo que pudieran vender. Por lo tanto, se concluye que el ISTA intervino legalmente el inmueble antes mencionado”, agrega.

Dos años después, Miguel Tomás López le notificó a su tío que las 164 hectáreas eran suyas.

López Fortiz asegura que luego del informe de Larreynaga se elaboró un segundo informe que fue conocido por su sobrino. Miguel Tomás López comparte esta versión y señala que en ese entonces tomó esa decisión porque un informe técnico lo respaldaba.

El ISTA iba a pagarle

La última negociación por la tierra entre el ISTA, López Fortiz y la cooperativa se libró el 17 de octubre de 2006. En esa fecha, López Fortiz se reunió en la sede de la procuraduría general de San Vicente con Fidel Marinero Ramírez, del ISTA, quien llegó como representante de Miguel Tomás López. En esa reunión, López Fortiz pidió que el ISTA “tome en cuenta acuerdo firmado en 2003 junto al ISTA, ANTA y Cerro de Plata para que se le pague 20 mil 550 colones en concepto de arrendamiento de 137 manzanas de tierra más intereses hasta la fecha o de lo contrario solicitar el desalojo de los miembros de la cooperativa”.

Un caballo pasta en las milpas secas sobre la porción 1 del Área Natural Protegida de La Joya, en San Vicente, que trabajan miembros de la Cooperativa Cerro de Plata. Al fondo, la entrada al barranca del Sisimico, área arqueológica que también forma parte del SISAP.

López Fortiz también pidió un revalúo de las tierras que por un acuerdo de 2003, el ISTA se comprometió a pagarle si no se resolvía el problema entre él y la Cooperativa.

El acuerdo citado por López Fortiz se elaboró en una reunión celebrada el 21 de mayo de 2003 en la sala de reuniones del ISTA. En la cita participaron López Fortiz, José Arias Calles, representante de la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas  (ANTA), Rolando Velis del ISTA, Juan Pablo Gracia y Santiago Morales, ambos miembros de la cooperativa.

El documento fue firmado el 30 de mayo de 2003. Entre las vías de solución se propuso hacer una permuta de un terreno del ISTA en La Joya por otro de Fortiz para beneficiar a los cooperativistas.  Como segunda vía de solución al problema se acordó que el ISTA “compre las 200 manzanas ofertando al Dr. López Fortiz sus tierras, representados y acreedores a un precio promedio de 20 mil colones por manzana”.

López Fortiz asegura que el ISTA estuvo a punto de comprarle los terrenos con bonos de la reforma agraria, pero que luego de una denuncia de Salvador Arias, diputado del FMLN, el proceso se canceló. Ahora, dice, “se le ha citado cinco veces al ISTA para que diga, bueno, vamos  a comprar o no. Ellos dicen sí, pero no tengo orden de la junta directiva”, señala.

Miguel Tomás López asegura que el ISTA no ha pagado nada a su tío y que, ahora, debe ser el Centro Nacional de Registro y la Corte de Cuentas quien determine la extensión verdadera de La Joya y sus verdaderos dueños.

López Fortiz asegura que los terrenos fueron adquiridos legalmente y que no busca favorecerse del cargo de su sobrino porque “ni él come de mí ni yo como de él”

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