San Salvador, 25 de junio - 01 de julio de 2007
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Estado y etnicidad en El Salvador. A propósito de la reciente observación al Estado Salvadoreño por parte de la ONU

Ramón Rivas *
cartas@elfaro.net
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La negación del indígena en El Salvador no es nada reciente pero toma un matiz importante a partir de la primera década de 1932. Con los sucesos de 1932, el Estado ha tratado de darle solución a dos problemas que son producto de la racionalidad con la cual fue construido: la inserción del indígena en la nación y el tan tronado levantamiento comunista.

Lo primero cuestionaba la imagen criolla, la dependencia cultural en elementos culturales foráneos y la atención a los derechos de estos sectores. Lo indígena se convirtió en un problema político debido al reclamo por la preservación de la identidad y de una mayor representatividad política. En el caso salvadoreño, el comunalismo fue desarticulado con el fin de ir dividiendo a las diferentes poblaciones autóctonas del país.

El problema de América Latina radica en que no se ha construido sobre un asidero particular propio desdeñando las culturas indígenas y campesinas desde el imaginario nacional. Por esto, desde 1932 se resuelve esa disyuntiva mediante la represión con el saldo de miles de muertos que van a tener su justificación en el llamado “levantamiento comunista”.

Si bien es cierto el Partido Comunista se inserta en las poblaciones indígenas del occidente salvadoreño, este no tenía en su agenda planteamientos y soluciones a la problemática de identidad y de ciudadanía de los sectores indígenas; pero fue muy bien aprovechado por el Estado para iniciar el proyecto de desintegración comunitaria y latinizar a estos sectores en la medida de integrarlos a la vida nacional. De la noche a la mañana, desde ese momento, desaparecen en los censos y en los estudios demográficos los indígenas en El Salvador y desde entonces son “invisibilizados”.

El agro, desde mucho antes de 1932, era un problema sin resolver, lo que dio pautas al Partido Comunista para iniciar su inserción en el área rural. El problema es que en la segunda mitad del siglo XX, los líderes de izquierda convirtieron al indígena en campesino, concentrando la resolución de su problema en el aspecto económico, es decir en el acceso a la tierra. Esto desarraiga al campesino para insertarlo en una narración histórica de revueltas.

El problema indígena que hoy se hace latente en nuestro país es de larga data ya que han sido estigmatizados como comunistas por la derecha y que a su vez ha servido de bochorno y de rechazo a sus raíces por algunos líderes de izquierda. El precedente nos da pautas para entender la razón por la que los indígenas en nuestro país han caído dentro de la polarización política que de forma constante nos ha caracterizado. Mientras los informes gubernamentales sobre la situación de los pueblos indígenas en El Salvador destacan algunos avances en el rescate y preservación de las lenguas indígenas (principalmente el náhuat), que es la única lengua aún hablada en este país, las organizaciones indígenas se quejan periódicamente y aprovechan los espacios nacionales e internacionales para señalar la ausencia de una legislación moderna y el impedimento existente para formular y hacer efectivas su propias demandas.

Por otra parte, estimaciones sobre la población indígena en El Salvador resultan sumamente contradictorias. No hay un censo sobre el número poblacional indígena y la realidad sociocultural y demográfica en el país es completamente diferente que otros países en América Latina en este tema. No obstante, y sin lugar a duda, en el país existen grupos culturalmente diferenciados con marcados rasgos ancestrales que van desde la lengua, la vestimenta y las formas de practicar determinadas formas concernientes a su cosmovisión.

La cuestión está en que la formulación de los derechos indígenas constitucionales, en las últimas reuniones internacionales, no ha sido planteado y defendido por el Estado con la misma insistencia, como por ejemplo, en Bolivia o en México. Los pueblos indígenas en El Salvador pareciera que son utilizados sólo cuando se trata de proyectar al país en el marco del turismo y eventos en donde se necesita justificar su presencia. Un desmesurado folklorismo se nota en algunas instituciones del Estado que los presenta en forma idealizada cuando en la realidad: los pocos indígenas que aún persisten se debaten en sus comunidades en situaciones precarias de pobreza material y son marginados y hasta discriminados por sus formas de vida.

Con justa razón, recientemente el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió a solicitado al Gobierno de El Salvador que otorgue "reconocimiento legal a los pueblos indígenas". En su informe final, los representantes del Comité insisten en que "permanecen preocupados" por las declaraciones del Gobierno salvadoreño que niegan la existencia de distintos grupos raciales en este país y, por tanto, de cualquier problema de discriminación originado en tales diferencias.

Tal negación sobre la existencia de poblaciones indígenas en nuestro país es preocupante ya que refleja incoherencia en las actitudes y actividades del mismo gobierno pues por una parte existe una Jefatura para Asuntos Indígenas en Concultura y por otra parte con tales afirmaciones, por parte de los delegados oficiales, queda botado el reciente estudio que llevó a la publicación del “Perfil de los Pueblos Indígenas en El Salvador” (2003), que si bien es cierto es un documento que da para abundante discusión, se trata de un informe que a juicio del mismo gobierno es ya una herramienta para la ejecución de políticas en beneficio de los pueblos que el mismo estudio hace mención.

Al paso que vamos, el documento elaborado por Concultura con el apoyo incondicional del Banco Mundial, será dentro de poco otro documento de letra muerta ya que de herramienta para la ejecución de políticas en beneficio de los indígenas no hay nada en concreto. Un nuevo documento titulado “El Informe Sombra”, que de acuerdo con informes periodísticos y basándose en fuentes indígenas fue elaborado por grupos indígenas de los departamentos de San Salvador, Morazán, Sonsonate y La Unión, es una respuesta al informe que presentó el Estado salvadoreño.

Estos hechos surgen en la medida que el gobierno propicia vacíos que están bajo su responsabilidad como Estado. En forma de analogía se podría ejemplificar de la siguiente manera: como cuando se da el fenómeno de la búsqueda de curanderos. Lo hacen simplemente por dos cosas ya sea la tradición que lo sustenta o simplemente porque el gobierno es incapaz de resolver de forma responsable esos vacíos de salud tan necesarios en la población. Después se culpa a los curanderos y a la población. Son vacíos institucionales no atendidos de manera eficaz y en esa medida surgen las contrapropuestas de cualquier índole como el caso que ahora nos ocupa, ya sea científicamente justificadas o de otro tipo. Ante este vacío surgen este tipo de, dígase contrapropuestas.

En febrero recién pasado, el Comité de ese organismo mundial integrado por 18 expertos independientes, examinó el caso de El Salvador, entre otros países, a los que correspondía presentar su informe periódico sobre cómo aplican la normativa internacional para combatir ese tipo de discriminación. El informe de prensa indica que “El grupo de expertos hizo hincapié, asimismo, en la situación de vulnerabilidad en que viven los indígenas salvadoreños, principalmente por su falta de acceso a la propiedad de la tierra y al agua potable, así como por su escasa participación en el gobierno y los asuntos públicos en todos los niveles”. Además se indica que “cuestionaron que el Gobierno salvadoreño haya intentado justificar la falta de estadísticas sobre la población indígena y la adopción de políticas específicas en su favor por las dificultades existentes para identificarlos, en la medida en que ellos mismos se niegan a identificarse como indígenas”.

El caso de los indígenas en El Salvador es complejo porque presenta aspectos no comunes cuando comparamos con otros pueblos indígenas en la región en donde ellos mismos, a los largo de cientos de años, han delimitado sus fronteras culturales y geográficas y hasta se cuenta con un número poblacional debidamente establecido. El caso de nuestro país es diferente, no disponemos ni de un censo, aunque ya se está trabajando en eso por parte de las instancias oficiales para tomarlo en cuenta en el censo programado para el 2007, pero considero que el sólo hecho de realizar tal censo en una sociedad clasista y racista como la nuestra no sabemos si a corto o largo plazo en vez de beneficios traiga desventaja para los que se identifiquen como tales. Habría que preguntarnos ¿bajo qué concepto y parámetros se formularán las preguntas?

El Salvador ha evitado, la lo largo de la historia reciente, a adherirse a convenios y tratados internacionales que beneficien a los pueblos indígenas y en muchos casos sus actuaciones han quedado sólo en papel escrito y buenas intenciones. Los pocos tratados firmados también no han sido llevados a la práctica tal es el caso de del Decreto firmado el 18 de septiembre de 1958 (Decreto 2.709) que literalmente dice: “Ratificase el Convenio núm. 107 relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales”. El mismo día, año y fecha, por decreto 2.710 se rarifica el Convenio núm. 104 “relativo a la abolición de las sanciones penales por incumplimiento del contrato de trabajo por parte de los trabajadores indígenas.

El problema es que si como Estado somos miembros de las Naciones Unidas y si nuestro país es a la vez rico en poblaciones indígenas las leyes son contundentes y claras al respecto. Si nos fijamos en los antecedentes referentes al derecho internacional, el organismo internacional es claro al respecto, sobre todo cuando se lee: Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas. (ONU 1994) Artículo 12: "Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales y dramáticas y literaturas, así como el derecho a la restitución de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que han sido privados sin que hubieran consentido libremente y con pleno conocimiento o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres”. Artículo 27: "Los pueblos indígenas tienen derecho a la restitución de las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que les hayan sido confiscados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento expresado con libertad y pleno conocimiento. Cuando esto no sea posible, tendrán derecho a una indemnización justa y equitativa. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual cantidad, extensión y condición jurídica”.

El Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989, del que tanto se ha hablado ya que nuestro país lo evade dice: Artículo 5: "Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”. Artículo 13(1): "Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. Artículo 14. 1. "Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.

El grupo político y económico que ha controlado el Estado en El Salvador se ha caracterizado por diversificar su presencia social y cultural: favorecer a aquellos sectores que están ligados a la estructura burocrática, financiera, militar y hasta religiosa; y marginar y no potenciar a los demás sectores sociales. Lo indígena, en todo esto, no ha jugado un papel de primer orden ya que todo indica que el mismo no ha sido del interés dentro de un proyecto de conformación nacional.


* Antropólogo

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