La negación del indígena en El Salvador no
es nada reciente pero toma un matiz importante a partir de la primera
década de 1932. Con los sucesos de 1932, el Estado ha tratado de
darle solución a dos problemas que son producto de la racionalidad
con la cual fue construido: la inserción del indígena en
la nación y el tan tronado levantamiento comunista.
Lo primero cuestionaba la imagen criolla, la dependencia cultural en elementos
culturales foráneos y la atención a los derechos de estos
sectores. Lo indígena se convirtió en un problema político
debido al reclamo por la preservación de la identidad y de una
mayor representatividad política. En el caso salvadoreño,
el comunalismo fue desarticulado con el fin de ir dividiendo a las diferentes
poblaciones autóctonas del país.
El problema de América Latina radica en que no se ha construido
sobre un asidero particular propio desdeñando las culturas indígenas
y campesinas desde el imaginario nacional. Por esto, desde 1932 se resuelve
esa disyuntiva mediante la represión con el saldo de miles de muertos
que van a tener su justificación en el llamado “levantamiento
comunista”.
Si bien es cierto el Partido Comunista se inserta en las poblaciones indígenas
del occidente salvadoreño, este no tenía en su agenda planteamientos
y soluciones a la problemática de identidad y de ciudadanía
de los sectores indígenas; pero fue muy bien aprovechado por el
Estado para iniciar el proyecto de desintegración comunitaria y
latinizar a estos sectores en la medida de integrarlos a la vida nacional.
De la noche a la mañana, desde ese momento, desaparecen en los
censos y en los estudios demográficos los indígenas en El
Salvador y desde entonces son “invisibilizados”.
El agro, desde mucho antes de 1932, era un problema sin resolver, lo que
dio pautas al Partido Comunista para iniciar su inserción en el
área rural. El problema es que en la segunda mitad del siglo XX,
los líderes de izquierda convirtieron al indígena en campesino,
concentrando la resolución de su problema en el aspecto económico,
es decir en el acceso a la tierra. Esto desarraiga al campesino para insertarlo
en una narración histórica de revueltas.
El problema indígena que hoy se hace latente en nuestro país
es de larga data ya que han sido estigmatizados como comunistas por la
derecha y que a su vez ha servido de bochorno y de rechazo a sus raíces
por algunos líderes de izquierda. El precedente nos da pautas para
entender la razón por la que los indígenas en nuestro país
han caído dentro de la polarización política que
de forma constante nos ha caracterizado. Mientras los informes gubernamentales
sobre la situación de los pueblos indígenas en El Salvador
destacan algunos avances en el rescate y preservación de las lenguas
indígenas (principalmente el náhuat), que es la única
lengua aún hablada en este país, las organizaciones indígenas
se quejan periódicamente y aprovechan los espacios nacionales e
internacionales para señalar la ausencia de una legislación
moderna y el impedimento existente para formular y hacer efectivas su
propias demandas.
Por otra parte, estimaciones sobre la población indígena
en El Salvador resultan sumamente contradictorias. No hay un censo sobre
el número poblacional indígena y la realidad sociocultural
y demográfica en el país es completamente diferente que
otros países en América Latina en este tema. No obstante,
y sin lugar a duda, en el país existen grupos culturalmente diferenciados
con marcados rasgos ancestrales que van desde la lengua, la vestimenta
y las formas de practicar determinadas formas concernientes a su cosmovisión.
La cuestión está en que la formulación de los derechos
indígenas constitucionales, en las últimas reuniones internacionales,
no ha sido planteado y defendido por el Estado con la misma insistencia,
como por ejemplo, en Bolivia o en México. Los pueblos indígenas
en El Salvador pareciera que son utilizados sólo cuando se trata
de proyectar al país en el marco del turismo y eventos en donde
se necesita justificar su presencia. Un desmesurado folklorismo se nota
en algunas instituciones del Estado que los presenta en forma idealizada
cuando en la realidad: los pocos indígenas que aún persisten
se debaten en sus comunidades en situaciones precarias de pobreza material
y son marginados y hasta discriminados por sus formas de vida.
Con justa razón, recientemente el Comité de la ONU para
la Eliminación de la Discriminación Racial pidió
a solicitado al Gobierno de El Salvador que otorgue "reconocimiento
legal a los pueblos indígenas". En su informe final, los representantes
del Comité insisten en que "permanecen preocupados" por
las declaraciones del Gobierno salvadoreño que niegan la existencia
de distintos grupos raciales en este país y, por tanto, de cualquier
problema de discriminación originado en tales diferencias.
Tal negación sobre la existencia de poblaciones indígenas
en nuestro país es preocupante ya que refleja incoherencia en las
actitudes y actividades del mismo gobierno pues por una parte existe una
Jefatura para Asuntos Indígenas en Concultura y por otra parte
con tales afirmaciones, por parte de los delegados oficiales, queda botado
el reciente estudio que llevó a la publicación del “Perfil
de los Pueblos Indígenas en El Salvador” (2003), que si bien
es cierto es un documento que da para abundante discusión, se trata
de un informe que a juicio del mismo gobierno es ya una herramienta para
la ejecución de políticas en beneficio de los pueblos que
el mismo estudio hace mención.
Al paso que vamos, el documento elaborado por Concultura con el apoyo
incondicional del Banco Mundial, será dentro de poco otro documento
de letra muerta ya que de herramienta para la ejecución de políticas
en beneficio de los indígenas no hay nada en concreto. Un nuevo
documento titulado “El Informe Sombra”, que de acuerdo con
informes periodísticos y basándose en fuentes indígenas
fue elaborado por grupos indígenas de los departamentos de San
Salvador, Morazán, Sonsonate y La Unión, es una respuesta
al informe que presentó el Estado salvadoreño.
Estos hechos surgen en la medida que el gobierno propicia vacíos
que están bajo su responsabilidad como Estado. En forma de analogía
se podría ejemplificar de la siguiente manera: como cuando se da
el fenómeno de la búsqueda de curanderos. Lo hacen simplemente
por dos cosas ya sea la tradición que lo sustenta o simplemente
porque el gobierno es incapaz de resolver de forma responsable esos vacíos
de salud tan necesarios en la población. Después se culpa
a los curanderos y a la población. Son vacíos institucionales
no atendidos de manera eficaz y en esa medida surgen las contrapropuestas
de cualquier índole como el caso que ahora nos ocupa, ya sea científicamente
justificadas o de otro tipo. Ante este vacío surgen este tipo de,
dígase contrapropuestas.
En febrero recién pasado, el Comité de ese organismo mundial
integrado por 18 expertos independientes, examinó el caso de El
Salvador, entre otros países, a los que correspondía presentar
su informe periódico sobre cómo aplican la normativa internacional
para combatir ese tipo de discriminación. El informe de prensa
indica que “El grupo de expertos hizo hincapié, asimismo,
en la situación de vulnerabilidad en que viven los indígenas
salvadoreños, principalmente por su falta de acceso a la propiedad
de la tierra y al agua potable, así como por su escasa participación
en el gobierno y los asuntos públicos en todos los niveles”.
Además se indica que “cuestionaron que el Gobierno salvadoreño
haya intentado justificar la falta de estadísticas sobre la población
indígena y la adopción de políticas específicas
en su favor por las dificultades existentes para identificarlos, en la
medida en que ellos mismos se niegan a identificarse como indígenas”.
El caso de los indígenas en El Salvador es complejo porque presenta
aspectos no comunes cuando comparamos con otros pueblos indígenas
en la región en donde ellos mismos, a los largo de cientos de años,
han delimitado sus fronteras culturales y geográficas y hasta se
cuenta con un número poblacional debidamente establecido. El caso
de nuestro país es diferente, no disponemos ni de un censo, aunque
ya se está trabajando en eso por parte de las instancias oficiales
para tomarlo en cuenta en el censo programado para el 2007, pero considero
que el sólo hecho de realizar tal censo en una sociedad clasista
y racista como la nuestra no sabemos si a corto o largo plazo en vez de
beneficios traiga desventaja para los que se identifiquen como tales.
Habría que preguntarnos ¿bajo qué concepto y parámetros
se formularán las preguntas?
El Salvador ha evitado, la lo largo de la historia reciente, a adherirse
a convenios y tratados internacionales que beneficien a los pueblos indígenas
y en muchos casos sus actuaciones han quedado sólo en papel escrito
y buenas intenciones. Los pocos tratados firmados también no han
sido llevados a la práctica tal es el caso de del Decreto firmado
el 18 de septiembre de 1958 (Decreto 2.709) que literalmente dice: “Ratificase
el Convenio núm. 107 relativo a la protección e integración
de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y
semitribales”. El mismo día, año y fecha, por decreto
2.710 se rarifica el Convenio núm. 104 “relativo a la abolición
de las sanciones penales por incumplimiento del contrato de trabajo por
parte de los trabajadores indígenas.
El problema es que si como Estado somos miembros de las Naciones Unidas
y si nuestro país es a la vez rico en poblaciones indígenas
las leyes son contundentes y claras al respecto. Si nos fijamos en los
antecedentes referentes al derecho internacional, el organismo internacional
es claro al respecto, sobre todo cuando se lee: Proyecto de Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas.
(ONU 1994) Artículo 12: "Los pueblos indígenas tienen
derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales.
Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones
pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos
e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías,
artes visuales y dramáticas y literaturas, así como el derecho
a la restitución de los bienes culturales, intelectuales, religiosos
y espirituales de que han sido privados sin que hubieran consentido libremente
y con pleno conocimiento o en violación de sus leyes, tradiciones
y costumbres”. Artículo 27: "Los pueblos indígenas
tienen derecho a la restitución de las tierras, los territorios
y los recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado
de otra forma y que les hayan sido confiscados, ocupados, utilizados o
dañados sin su consentimiento expresado con libertad y pleno conocimiento.
Cuando esto no sea posible, tendrán derecho a una indemnización
justa y equitativa. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido
libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en
tierras, territorios y recursos de igual cantidad, extensión y
condición jurídica”.
El Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) de 1989, del que tanto se ha hablado ya
que nuestro país lo evade dice: Artículo 5: "Al aplicar
las disposiciones del presente Convenio: a) deberán reconocerse
y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos
y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente
en consideración la índole de los problemas que se les plantean
tanto colectiva como individualmente; b) deberá respetarse la integridad
de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) deberán
adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos
interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten
dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”.
Artículo 13(1): "Al aplicar las disposiciones de esta parte
del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial
que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados
reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos,
según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y
en particular los aspectos colectivos de esa relación”. Artículo
14. 1. "Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho
de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente
ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse
medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar
tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a
las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales
y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular
atención a la situación de los pueblos nómadas y
de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar
las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos
interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección
efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán
instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por
los pueblos interesados”.
El grupo político y económico que ha controlado el Estado
en El Salvador se ha caracterizado por diversificar su presencia social
y cultural: favorecer a aquellos sectores que están ligados a la
estructura burocrática, financiera, militar y hasta religiosa;
y marginar y no potenciar a los demás sectores sociales. Lo indígena,
en todo esto, no ha jugado un papel de primer orden ya que todo indica
que el mismo no ha sido del interés dentro de un proyecto de conformación
nacional.
Enviar
Imprimir
