OPINION / EDITORIAL

La hora de las mentiras I

El Faro
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La función pública y el poder pueden ser muy crueles. Pueden llevar a quienes los ejercen al olvido de las reglas y los valores que han dado sustento a su vida y hasta ir en contra de sus propios méritos cuando la honestidad no se antepone a los intereses particulares.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Astor Escalante, es un brillante abogado que saltó a la fama cuando, desde la ANEP, desarticuló en los juzgados a bandas enteras de secuestradores, y su rol en este sentido fue clave para terminar con un lastre que tenía al país de rodillas.

Su labor no fue fácil. La ANEP tiene una gran capacidad de presión sobre las estructuras del Estado, pero no tiene, ni tenía, los instrumentos para montar operativos y capturar a los secuestradores.

Tras su éxito, Escalante pasó a ser asesor jurídico del Ministerio de Gobernación del gobierno de Antonio Saca, y posteriormente Director General de Centros Penales. No tuvo aquí mayores resultados. Tampoco es fácil hacerse cargo de centros penales en los cuales los reos viven en condiciones de hacinamiento, han adquirido una gran capacidad de organización y de presión y sus reguladores no cuentan con los mecanismos para ejercer un verdadero control en ellos. Perdida además toda intención de que estos sean verdaderos centros de reforma de los internos y su consecuente reintegración a la sociedad, han pasado a ser simplemente lugares en que se encierra a los delincuentes hasta que se pueda y mientras se pueda. El fracaso de Escalante al frente de los centros Penales era natural, no así su nuevo rol.

Asumió el viceministerio a principios de este año, en medio de una crisis nacional por la delincuencia, los homicidios y el creciente control de las pandillas.

Ahora sí con recursos y con instrumentos para perseguir a los delincuentes, se olvidó de todo lo que lo llevó a ser reconocido como un gran abogado y optó por formar parte de la caravana que en las últimas semanas se ha dedicado a repartir acusaciones sin fundamento para ganar unos cuantos votos para el partido de gobierno.

En vez de destinar todos sus recursos para desarticular a bandas de delincuentes, combatir a las pandillas y bajar el número de homicidios, el viceministro ha dado la cara para acusar sin una sola prueba a la segunda fuerza política de los asesinatos y de contubernio con las pandillas. Ha dicho incluso que el FMLN tiene “una relación de amor y pasión con los reos de Zacatecoluca”.

Si lo que dice es cierto, ¿por qué no persigue como delincuentes a quienes acusa hoy de estos crímenes? ¿Por qué no presenta pruebas de acusaciones graves, que tienen además relación directa con el problema más grave que atraviesa el país? Y si no es cierto, lo debería saber el abogado: es un acto de difamación, un delito perpetrado por quien tiene en sus manos la persecución de delincuentes.

Es un acto no solo irresponsable, sino corrupto, utilizar un cargo público para empujar intereses partidarios. En esto no es el único, ciertamente, ni la cabeza más visible, que es el presidente de la República. De ello hablaremos la próxima semana.

Escalante tiene sobre sus hombros una enorme responsabilidad para enfrentar un problema que al país le urge resolver. Es un problema que nos tiene en crisis, no un tema de campaña. Este es el abogado que algún día contribuyó con sus buenos oficios a resolver el problema de los secuestros en el país. Este es el mismo que ahora, desde un cargo público, está haciendo propaganda de la más baja estirpe. Este es el que ARENA propuso en la Asamblea para Fiscal General. El que ya olvidó que la única manera de luchar contra la delincuencia es con seriedad y con argumentos, no con politiquerías ni burdas manipulaciones electoreras.

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